La ciudadana rusa Anastasia Bitkova buscaba que la CC reactivara un antejuicio contra los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que en 2020, la sentenció a ella y a su hija a ocho años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó, sin entrar a conocer, la solicitud para retirar la inmunidad que plantearon las ciudadanas rusas Anastasia e Irina Bitkova contra los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que en 2020, las sentenció a ocho años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.
La familia rusa intentó que el Ministerio Público (MP) iniciara una investigación contra las juezas Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Gervi Hionardo Sical Guerra, del Tribunal que llevó el juicio por el caso conocido como “Migración”.
En la denuncia se accionó contra las juezas por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y tortura, sin embargo, el pleno de magistrados de la CSJ consideró que se trataba de una acción espuria.
La razón para accionar contra los jueces fue que cuando se les condenó, se ordenó la prisión preventiva y se revocó las medidas sustitutivas que estaban gozando, según ellos, pese a que existía un amparo a su favor que evitaba que se continuara el proceso penal.
“Ordenaron su ingreso a prisión hasta que el fallo alcanzara firmeza, pero ejecutando la sentencia el mismo día de su emisión, siendo trasladada a un centro carcelario, no obstante que el pronunciamiento no se encontraba firme pues fue objeto de apelación especial; ello a pesar de tenerse conocimiento de un amparo definitivo otorgado que ordenaba no continuar con el proceso penal en su contra por ser migrante, en aplicación del Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de Palermo, de la que el Estado de Guatemala es parte; y la existencia de peligro de muerte por las enfermedades que padecía”, alega la defensa de las acusadas.
CC rechaza pedido de las Bitkova
La Corte de Constitucionalidad resolvió que luego del análisis de la denuncia no fue posible determinar que existió alguna acción u omisión que requiera ser investigada dentro de los parámetros aludidos por Anastasia Bitkova, más que la emisión de la resolución ya indicada y que no fue motivo para la comisión de un posible ilícito penal, lo cual impide el conocimiento del mismo como materia de antejuicio.
“Se concluye que lo resuelto por la autoridad cuestionada está debidamente sustentado y con ello no incurrió en arbitrariedades, pues actuó en el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley en Materia de Antejuicio, sin que se advierta la existencia de agravio alguno susceptible de ser reparado por esta vía, motivo por el cual el amparo solicitado deberá denegarse por notoriamente improcedente, sin condenar en costas a la postulante, por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí debe imponerse la multa respectiva al abogado patrocinante, por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento de la presente garantía constitucional”, indicó la CC.
Sentencia queda en suspenso
Las sentencias contra Anastasia e Irina Bitkova fueron confirmadas por la Sala y la Cámara Penal de la CSJ. Pero, en diciembre del 2023, la CC les otorgó un amparo provisional, que dejó en suspenso el fallo de la Cámara Penal que había confirmado las sentencias condenatorias contra las dos ciudadanas rusas.
Lo que pretende la defensa de las Bitkova es que se aplique el Convenio de Palermo, para que se desligue de una responsabilidad penal a sus patrocinados, quienes fueron encontrados culpables de la falsificación de documentos de identidad.
Junto a ellas, fue procesado y condenado, en diciembre de 2018, a siete años de prisión a Igor Vitkov por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil. Los tres continúan en el país y sin ir a prisión debido a fallos legales a su favor.
Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Igor Vladimirovich Bitkov, Irina Viacheslavovna Bitkova y Anastasia Bitkova entraron de forma legal a Guatemala, en 2009, sin que aparezca ninguna constancia de haber solicitado asilo político al momento de su ingreso al país. Posteriormente, el señor Bitkov compró documentación falsa para él, su esposa y su hija, en la que los dos primeros cambiaron sus nombres pero su hija mantuvo el original.
Desde 2009, Bitkov ha utilizado en Guatemala dos identidades diferentes -Igor Benítez García y Leonid Zaharenco- mediante documentos de identificación que contienen datos falsos, emitidos por diferentes instituciones y registros públicos guatemaltecos.
“En 2009, Igor Bitkov usó una certificación de nacimiento alterada del municipio Taxisco, Santa Rosa, para obtener una cédula de vecindad falsa. Esta fue extendida por el alcalde municipal de Guazacapán, Santa Rosa, y asentada de manera extemporánea a nombre de Igor Benítez García. De este modo, el señor Bitkov usurpó la identidad de otra persona. Igualmente, utilizó la cédula de vecindad para constituir la entidad MIRGIB INVESTMENTS S.A., para obtener licencia de conducción y para gestionar un pasaporte guatemalteco. Sin embargo, su intento de lograr la expedición del pasaporte se frustró porque se detectaron posibles anomalías en la documentación”, señala la acusación.
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