La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó su informe anual ante el Congreso de la República, en el que indicó que una fuerte cantidad de dinero no fue utilizada adecuadamente dentro de la administración pública.
Por Prensa Comunitaria
Este es el segundo informe que Frank Bode entrega al Legislativo desde que asumió como contralor, un puesto que consiguió gracias a la alianza oficialista que lideraba el partido Vamos.
En el documento, la Contraloría aseguró que, en el último año de gobierno de Alejandro Giammattei, colocó 96 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por el mal manejo de casi Q8 mil millones del erario.
Sin embargo, apenas difundió los señalamientos penales que le hizo a nueve instituciones y solo tres están ligadas directamente al Ejecutivo, que es el organismo que mayor presupuesto tiene asignado.
Entre ellas está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque no se pudo establecer el destino de una donación de insumos médicos que brindó la organización Soberana Orden de Malta.
También hubo una denuncia que involucra a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), porque desaparecieron 27 motores marinos que estaban resguardados en Guanagazapa, Escuintla.
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Además, la Contraloría denunció el registro, control y uso deficiente de combustible (gasolina y diésel) en la Dirección General de Prevención Comunitaria del Delito, dependencia del Ministerio de Gobernación.
Ningún funcionario de alto perfil fue incluido en las denuncias y todos son servidores públicos de áreas operativas. Los otros órganos estatales que tuvieron señalamientos penales son las municipalidades de Palín, Escuintla; y San Agustín Lanquín y San Cristóbal, en Alta Verapaz.
Asimismo, hubo cargos penales para trabajadores del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda y la propia Contraloría General de Cuentas.
La denuncia hacia el ente fiscalizador alcanza a Carlos Mencos, exjefe de la institución, por haber aprobado la adquisición de dispositivos para conectividad inalámbrica de los edificios de la Contraloría de las zonas 13, 2 y 1. Su costo fue de Q549,500.
La CGC dijo que no había evidencia de soporte que justificara que era necesario hacer la compra. Eso sí, benefició a la empresa Electrónica, Comunicaciones y Servicios (ECSSA), una entidad mercantil vinculada al primo de Alejandro Giammattei.
Judicialización
Mencos ya había sido señalado de cometer irregularidades cuando estuvo a cargo de la Contraloría. La Fiscalía contra la Corrupción refirió que autorizó otras compras innecesarias para la institución, valuadas en Q1.38 millones.
La entidad mercantil con la que se suscribieron los contratos fue nuevamente ECSSA, que habría pagado un viaje hacia Colombia para tres trabajadores de la CGC y, posteriormente, ellos operaron para que se hicieran las adquisiciones.
Los boletos fueron cancelados por José Roberto Falla González, primo del expresidente Giammattei y quien fungía como representante legal de la citada compañía. Por eso, él fue capturado en 2020, pero el caso fue cerrado.
Por este expediente, el Ministerio Público pidió que se le retirara la inmunidad a Mencos, quien en ese año ya poseía el cargo de diputado. Si bien el exfuncionario ya no tiene antejuicio, no ha sido puesto a disposición de la justicia.
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