La fiscal general Consuelo Porras fue denunciada por la posible comisión de los delitos de retención de información y abuso de autoridad. El fallo surge de un amparo promovido por la exfiscal Siomara Sosa, quien la denunció por negarle el acceso a información pública sobre programas informáticos utilizados para sustraer correos electrónicos e información que está siendo utilizada para criminalizarla.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó un fallo definitivo y rechazó la solicitud que hizo la defensa de la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, para reactivar la petición de retiro de inmunidad contra la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El fallo surge de un amparo promovido por Sosa, quien denunció a la fiscal general por denegarle el acceso a información pública sobre programas informáticos de la División de Análisis Criminal (DAC) y de la División de Análisis Criminal (DICRI), que se utilizaron para sustraer correos electrónicos e información que está siendo utilizada para criminalizarla.
A criterio de la denunciante, el antejuicio contra la fiscal general debió remitirse al órgano competente, es decir, el Congreso de la República, donde debían agotarse los procedimientos para determinar si se le retiraba o mantenía la inmunidad, por la posible comisión de los delitos de retención de información y abuso de autoridad.
“La autoridad objetada emitió juicios de valor que no le están permitidos por la Ley en Materia de Antejuicio, pues calificó sí existían elementos para establecer que la funcionaria antejuiciada había o no cometido el delito por el cual fue denunciada; además, entró a conocer si la querella presentada cumplía con los requisitos para su procedencia y se pronunció, asimismo, respecto a si el antejuicio se promovió por razones espurias, políticas o ilegítimas, lo cual correspondía valorar al Congreso de la República de Guatemala”, añadió Sosa.
Por su lado, el pleno de la CC consideró que la CSJ que al haberse negado a tramitar la solicitud de antejuicio estuvo apegada a derecho, avaló dicha decisión judicial. “Esta Corte considera que el acto reclamado no carece de una debida fundamentación y puede concluirse que en la decisión objetada se sustenta razonablemente la inadmisión de las diligencias de antejuicio, en lo concerniente a la motivación de las razones que explica a los justiciables, en términos sencillos y claros, por qué el antejuicio se promueve por razones espurias e ilegítimas”, resuelve la CC al negar el amparo.
Según consta en la resolución, la magistrada Dina Ochoa no se excusó de conocer la acción que buscaba reactivar la denuncia contra Porras, pese a una posible cercanía entre ambas, según consta en fotografías captadas cuando el presidente Alejandro Giammattei anunció su reelección en el cargo.
El fallo que protege a Porras, además de Ochoa, también fue firmado por Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Néster Mauricio Vásquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
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Un trato diferencial
A diferencia de acciones presentadas contra actores anticorrupción, en este antejuicio, los magistrados de la anterior CSJ resolvieron que no era viable tramitar el antejuicio porque, a su criterio, es “espurio y político”, por esa razón lo rechazaron sin entrar a conocerlo.
“Esta CSJ concluye que la denuncia fue promovida por razones espurias debido a la falta de elementos de razonabilidad suficientes a pesar de la existencia de documentación adjunta; además de ilegítimas, por haberse denunciado actos propios del ejercicio de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para su viabilidad, siendo innecesario remitir el expediente al Congreso de la República de Guatemala, estimándose procedente rechazar in limine las diligencias promovidas”, dice la resolución.
Un claro ejemplo que contrasta con resoluciones de los anteriores magistrados de la CSJ y la actual CC, fueron las denuncias contra el exdiputado Aldo Dávila y jueces, a quienes se les ha tramitado los antejuicios presentados por terceras personas y fundamentados en publicaciones de prensa. Además, la CC ha negado ampararlos.
Ejecutivo acciona contra Porras
Ayer, la Secretaria General de la Presidencia, dirigida por Juan Gerardo Guerrero Garnica y el titular de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, acudieron a la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales, para presentar una querella penal y solicitud de antejuicio contra la fiscal general, Consuelo Porras, por haber abandonado de manera abrupta la reunión con la Junta de Gabinete de ministros a la que fue convocada por el presidente Bernardo Arévalo.
Según indicaron, la intención de la invitación del presidente era coordinar políticas de Estado y acciones de temas fundamentales en el esfuerzo que persigue el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos.
La presencia de la fiscal general en la Junta de Gabinete el 29 de enero se consideró necesaria para que Porras participara en la deliberación de esos temas, señaló el Procurador, quien leyó el artículo 4°. de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) que establece: “el presidente podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto el fiscal estará obligado a concurrir a la Junta, con voz, pero sin voto.
La PGN considera que la acción de Porras de rehusarse a participar en la Junta de Gabinete y retirarse podría enmarcarse en el delito de incumplimiento de deberes.
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