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Angélica Choc recibe sentencia por crimen contra su esposo: “Luchar contra las mineras es difícil”

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Créditos: Sandra Cuffe
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

Angélica Choc, viuda del profesor y defensor q’ecqhí’, Adolfo Ich, recibió este miércoles 13 de enero, la sentencia escrita de un tribunal de Puerto Barrios, Izabal, que condenó al teniente coronel Mynor Padilla a dos años y ocho meses de prisión conmutables, por el asesinato de Ich ocurrido en el 2009; el crimen implica a la minera canadiense Hudbay Minerals, que tiene operaciones mineras en Izabal, ya que Padilla era gerente de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de esa compañía cuando ocurrieron los hechos.

Choc calificó la sentencia como una “pequeña y valiosa victoria” para el país, debido a la impunidad que caracterizó este caso, ya que buscó justicia por más de 11 años hasta lograr obtener una condena en contra de Padilla.

Foto: Sandra Cuffe.

La semana pasada, el juez Marvin Leonel Boza-Reyes Álvarez, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, condenó a Padilla a dos años y ocho meses de prisión conmutables. El exgerente de seguridad también fue condenado por lesiones causadas a otros campesinos, entre ellos German Chub, quien quedó en silla de ruedas, tras los hechos ocurridos en septiembre de 2009.

Choc señaló que por el momento está analizando apelar la sentencia, pero manifiesta que es un proceso largo que ha afectado su salud. “Iniciar otro proceso y llevarlo, es duro” indicó.

“No voy a decir que se hizo justicia, pero ya son más de 11 años de estar luchando”, dijo Choc, quien asegura que está tranquila, porque se esclareció quién fue el responsable del asesinato de su esposo y este aceptó su culpabilidad.  

El juez rebajó la sentencia a Padilla, pero el exgerente ya había estado 4 años y medio en prisión.

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Pequeña victoria contra un monstruo

Choc señala que durante la búsqueda de justicia para su esposo, sufrió el racismo por parte de una juzgadora en la sala de audiencias y trauma, pero siguió en sus esfuerzos para lograr esta pequeña victoria que considera que es importante para el país, “porque luchar contra monstruos, empresas como esta que no les cuesta tirar el dinero, es muy difícil”.

Según la defensora q’eqchí’, por 12 años encontró varios obstáculos para lograr esta sentencia, como “persecución, amenazas, e incluso intentos de asesinato en contra de mis hijos”, asegura.

“Quizá es muy poca la sentencia, pero mientras él se declare culpable, yo ya sé y eso era lo que buscaba, esclarecer el asesinato de mi esposo”, asegura Choc. “Mis hijos están tranquilos”, añade.

Hudbay Minerals demandada en Canadá

Choc recuerda que por este caso también fue demandada en Canadá la empresa Hudbay Minerals. “Quizá como defensoras comunitarias nuestras luchas son invisibles, pero hemos tenido grandes logros” indica Choc, refiriéndose a que su demanda está siendo escuchada en el país de donde proviene la empresa que ha afectado tanto al pueblo maya q’eqchí.

Aunque este caso no ha tenido resultados, ella señaló que sigue su lucha para que las empresas mineras respondan por los crímenes que han cometido en Guatemala. “Ellos pueden tener dinero, pero yo tengo sabiduría para seguir luchando hasta conseguir justicia”, asegura.

Foto: Sandra Cuffe.

Agrega que la sentencia confirma que el exjefe de seguridad de CGN fue el responsable del asesinato de Ich, por lo tanto la empresa minera tiene que ver mucho en este caso y por ello su lucha continuará.

Finalmente, Choc envió un mensaje a los que resisten por la defensa del territorio a que sigan luchando hasta recuperar lo que les pertenece. “Hemos sigo guardianes de las tierras durante años, nuestros abuelos lo hicieron, pero eso no lo entienden las empresas”, señala.  

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Impunidad en el caso

El asesinato del profesor Adolfo Ich y los ataques contra otros campesinos en Izabal, se han caracterizado por su impunidad y la falta de un proceso que les garantice acceso a una justicia pronta y efectiva. Los hechos ocurrieron en 2009, por la protesta de los campesinos en contra de la empresa minera, por la tenencia de sus tierras, pero no fue hasta el 2021 que se logró la condena contra Padilla.

Incluso la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se involucró como querellante en este caso, por el involucramiento de seguridad privada de proyectos extractivos en estos crímenes.

En 2017, el exgerente de seguridad de CGN fue beneficiado con un fallo de la jueza Ana Leticia Peña Ayala, quien ordenó su inmediata libertad. El Ministerio Público y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Peña Ayala.

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