Por Simón Antonio Ramón
23 de enero 2019
El 5 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a las comunidades del pueblo maya mam del municipio de San Pablo, San Marcos, quienes interpusieron el 25 de octubre una acción constitucional de amparo contra la licencia de la Hidroeléctrica Salá que se construye en San Pablo, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas desde el 23 de febrero del 2011, con prórrogas en cinco ocasiones sin consultar a las comunidades.
Comunidades en resistencia ante hidroeléctrica impuesta sin consulta previa
En el amparo, las comunidades argumentan la falta de consulta previa a las comunidades de San Pablo. La Hidroeléctrica Salá busca desviar por ocho kilómetros el cauce del Río Salá que dejará sin agua a todo el municipio afectando la flora de la región, denunciaron las comunidades.
En la resolución de la CSJ “se decreta amparo provisional, en virtud [de] que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, en consecuencia se deja en suspenso los Acuerdos Ministeriales números: a) 49-2011 del veintitrés de febrero de dos mil once; b) 379-2013 del cinco de noviembre de dos mil trece; c) 270-2014 del once de agosto de dos mil catorce; d) 96-2015 del diez de abril de dos mil quince; e) 179-2015 del trece de julio de dos mil quince; por los que se ordena a esa autoridad remitir el expediente original dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la presente resolución”.
Despojo y criminalización
Las comunidades maya mam en resistencia, del municipio de San Pablo, denunciaron al momento de interponer la acción de amparo que, desde el 2011 ha habido diez asesinatos, y que desde el 2014 doce personas han sido detenidas como presos políticos: Bruno Emilio Solís Pérez, Nery Edilmar Santos López, Heriberto Evelio Santos López, Irineo Plutarco Clemente Pérez, Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, María Maribel Díaz Gómez, Fausto Sánchez Roblero, Alfonso Chilel Hernández, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Duarle Licardie, Óscar Sánchez Morales. La mayoría estuvo en prisión preventiva, y cuatro de ellos con sentencia.
Dado el nivel de criminalización que efectuó la empresa contra las comunidades, en mayo de 2018 fue sentenciado a dos años de prisión don Óscar Sánchez Morales, autoridad maya mam, por el delito de detenciones ilegales en grado de tentativa. Sentencia que aún no está firme. En otro caso, Irineo Plutarco recobró su libertad a finales del año 2018.
Este miércoles 23 de enero, a cuatro años de los hechos donde se acusó a don Óscar Sánchez de detenciones ilegales en grado de tentativa, las autoridades ancestrales del pueblo mam darán a conocer a la población de San Marcos la resolución de la CSJ sobre la suspensión provisional de Hidro Salá que, dicho sea de paso, aún busca imponerse en San Pablo sin el consentimiento de las comunidades.