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Créditos: Harold Augusto Flores Valenzuela, Jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia – PGN. Fotografía: La Hora
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Fotografías: Harold Flores y Gloria Castro. Foto: Julio López, Emisoras Unidas / Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, Sub-Inspectora. Foto: Daniel Tzoc, Emisoras Unidas.

Por: Quimy De León.

Ya había amanecido, cuando se conoce en la ciudad de Guatemala la noticia de que el Ministerio Público estaba realizando allanamientos y capturas contra varias personas, responsables del crimen cometido contra 56 niñas.

Sorprende la captura de autoridades como Harold Flores Valenzuela de la Procuraduría General de la Nación – PGN, y de Gloria Castro Gutiérrez de la Procuraduría de Derechos Humanos – PDH, solamente un sub comisario de la Policía Nacional Civil Luis Armando Pérez Borja y una sub inspectora también de la policía,  Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, al parecer ella es la única detenida por el encierro y el incendio que ocasionó la muerte de 41 niñas y 15 heridas de gravedad, ocurrido el 8 de marzo.

Anabella Morfín Procuradora general de la nación dijo que “se ha cometido una injusticia al capturar a Harold Flores.” [1] Días antes Jorge de León Duque Procurador de los derechos humanos el 8 de marzo dijo a la prensa que lo que sucedió dentro del Hogar Seguro es responsabilidad absoluta de la Secretaría de Bienestar Social. [2]

Varias voces señalan que la investigación que se está realizando no es suficiente, ya que la detención y privación de libertad de las niñas, la tortura, las condiciones en las que se inició el fuego no están en tela de juicio. El diputado Amilcar Pop incluso recalcó que debe investigarse también la trata y otros crímenes que han sido denunciados por diversas voces. [3]

Personas detenidas y delitos que se les imputan:

  1. Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas acusada de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
  2. Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH, acusada de los delitos de maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de Deberes
  3. Harold Augusto Flores Valenzuela, Jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación – PGN acusado de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
  1. Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil acusado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.
  2. Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, Sub-Inspectora de Policía Nacional Civil acusada de los delitos de homicidio y maltrato contra personas menores de edad

A pesar de las capturas hay preocupación por impunidad

Si bien es cierto parecería ser un avance la detención de estas cinco personas, los delitos de los que se les acusa siguen siendo los mismos que están en el proceso penal abierto, donde están detenidos y presos los ex funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, ex director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El Ministerio Público no está investigando sobre la privación de la que fueron víctimas las niñas, la tortura e incluso desaparición forzada. Está únicamente en cuestión el hecho de haber realizado acciones u omisiones para que ellas fueran puestas a disposición de la Policía Nacional Civil la madrugada del 8 de marzo. Sobre las condiciones en las que se prendió el fuego y el hecho de haberlas dejado encerradas, no está en tela de juicio.

El juez resolvió reducir los delitos que dieron como consecuencia heridas graves a 15 niñas

En conferencia de prensa el viernes 9 de junio el abogado Rafael Maldonado representante de algunas familias, dijo “estamos consternados y preocupados de que el juez del juzgado cuarto de primera instancia penal, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, se redujo el delito de lesiones graves a lesiones culposas, esto podría llegar a imponer una pena máxima de dos años por todos y cada uno de los casos. Por este delito hay 15 niñas que están graves, algunas sufrieron de amputaciones, quemaduras, y daños psicológicos graves, incluso algunas de ellas están sin protección y apoyo del Estado. Dijo que también les preocupa que el juez resolvió reducir el período de investigación y con esto terminará el 6 de julio de este año.

No se está investigando sobre la detención ilegal de la que fueron víctimas las niñas

Preocupa a los querellantes representados por la Fundación Sobrevivientes y Rafael Maldonado el hecho de que este sea un caso de impunidad, ya que el Ministerio Público no está investigando sobre la detención y privación de la libertad de las niñas. Según el abogado Maldonado hay “medios de prueba en donde se ha declarado que la intención clara de Anahí Keller, del secretario de Bienestar Social y del director del Hogar Seguro fue la de detener ilegalmente a las menores en el Hogar Seguro.

El MP no ha investigado desde esta perspectiva este hecho, estamos a las puertas del mayor caso de impunidad del país, ante la muerte de 41 niñas y ante las lesiones graves de 15 de otras además. Si el MP no endereza la investigación en este momento, el caso para los tres sindicados va a quedar en total impunidad.

Hacemos un llamado a la señora fiscal general Thelma Aldana, para que en las mesas de caso, se analice la investigación en torno al delito que corresponde, que son desapariciones forzadas y muerte por desaparición porque de lo contrario se acabara el plazo para poder perseguir penalmente a los 3 funcionarios.”

A solicitud del abogado en la audiencia el juez dejó abierta en la resolución para que el Ministerio Público investigue y afirmó que no reformaba el delito porque no era el MP quien lo estaba pidiendo. “Por lo tanto en este momento corresponde a la fiscalía especial de Femicidio enderezar la investigación si realmente quiere buscar justicia en el país.
No podemos permitir que se impongan por esos delitos solamente a los sindicados, no sería justo, seria inhumano y seria nuevamente cubrir al país con el manto de la impunidad. Creemos que hay voluntad política de la licenciada Thelma Aldana, pero ha habido limitaciones en la fiscalía de Femicidio para perseguir el delito de desapariciones forzadas.”

Fotografías: Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia – PDH. Fotografía: Evelyn Boche, El Periódico / Brenda Julissa Chamán Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato, Hogar Seguro. Fotografía: Evelyn Boche, El Periódico.

 

[1] Emisoras Unidas en su cuenta de twitter @kmarroquin_eu

[2] En cuenta de twitter de Emisoras Unidas el 8 de junio de 2017. @EmisorasUnidas.   

[3] En cuenta de twitter del 12 de junio  @NuevoMundoGT

 

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