24 de agosto 2019
Por Rony Morales
Los vecinos de Cajolá pasaron 14 días en un campamento improvisado frente a Casa Presidencial exigiendo tierras. Las 310 familias regresaron a su municipio después de llegar a un acuerdo con el vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, el cual consiste en la compra una finca por medio del Fondo de Tierras (Fontierras) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Mifin).
Durante una reunión en casa presidencial el vicepresidente fue testigo y firmó un convenio donde se comprometió a la compra de la finca Los Cuchumatanes, en el municipio de Champerico, Retalhuleu. Para ello, dice el acuerdo se destinarán 25 millones de quetzales, previstos para atender las medidas cautelares en el caso de la Laguna Larga, en Petén.
Noe Amador acompañante de la comunidad de Laguna Larga, declaró, vía telefónica, que en las reuniones de la mesa de diálogo no se ha discutido ningún presupuesto de Q25 millones para las medidas cautelares y lo único que ellos saben del caso de la comunidad Cajolá que es un conflicto de tierra y quese encontraban frente a Casa Presidencial.
Las 111 familias la comunidad Laguna Larga en Petén tuvieron que huir de su comunidad a causa de un desalojo realizado el 2 de Junio de 2017, promovido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y por la fiscalía Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), mencionó Amador.
Durante la reunión en la vicepresidencia se encontraban Juventina López, Damián Vail, Karek Sapel y Rosa Vail Lucas representantes de las 310 familias mayas Mam de Cajolá, Quetzaltenango, los acompañaba José Chic, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el cita los presentes aceptaron y firmaron un acuerdo para darle solución a la problemática de tierra de la comunidad. El acuerdo consiste en que el Fondo de Tierras buscara los mecanismos administrativos y legales para la compra de la finca que podría afectar los intereses de los pobladores de la comunidad de Laguna Larga.
Las familias campesinas regresaron al municipio de Cajolá durante un recorrido de 222 kilómetros desde la ciudad capital, sin saber que la promesa de la compra de la finca Cuchumatanes, podría afectar a la comunidad Laguna Larga en Petén.
Según el Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Ramón Cadena de la CIJ, Laguna Larga no dejará de luchar por sus intereses y no han aceptado ningún convenio para que se les retiren los 25 millones que se le darán a Cajolá.
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) August 23, 2019
Foto: Rony Morales pic.twitter.com/COEJZofVu3
Damian Vail representante de las familias de Cajolá declaró que se encuentra fuera del país, y que lo acordado según documentos oficiales eran Q25 millones serían aportados por el Fondo de Tierras, con quienes se volverían a reunir.
El próximo lunes 26 de agosto regresaran los representantes a la ciudad, para ver cómo va proceso y ponerse de acuerdo, buscar el resto de dinero que tendría que ser gestionado por el Ministerio de Finanza y de no encontrar una respuesta favorable las familias regresaran a ocupar nuevamente las calles frente a casa presidencial, declaró Vail.
El vicepresidente Jafeth Cabrera se comprometió con los pobladores de Cajola a adquirir una finca en Retalhuleu donde puedan vivir, según el comunicado del @GuatemalaGob. pic.twitter.com/2X7DKDQZQt
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) August 20, 2019
El diputado Leocadio Juracán, quien acompaña ambos casos, dio a a conocer que los recursos designados para la comunidad Laguna Larga eran imposibles de ejecutar para este año, y lo que propusieron los representantes del Fondo de Tierras fue designar este dinero para el caso de Cajolá, ya que si no se ejecutaban terminarán en el fondo común del Estado.
“Sentimos preocupación ya que el acuerdo es una táctica de la institucionalidad para controlar a la comunidad, ya que tienen intereses de confrontar. Fue un error de nosotros no salir a informar después del acuerdo lo que estaba pasando. Laguna Larga tiene medidas cautelares es compromiso de Estado, si se le quita o no es voluntad del Estado. A los señores de Laguna Larga no se les consultó e informó, espero que por las redes y medios de comunicación se puedan enterar de lo que se está haciendo.
Esta mañana en conferencia de prensa el abogado Edgar Pérez, abogado acompañante del caso Laguna Larga, dijo que “en ningún momento la comunidad han desistido de sus peticiones y pretensiones de negociación con el Estado”. Desmintió las declaraciones del vicepresidente en forma pública, referido a los Q25 millones para solucionar el caso de Cajolá y agregó, “que ese dinero no lo quiso Laguna Larga, el vicepresidente que preside las mesas de negociación sabe que los pobladores siguen en reuniones negociando y buscando soluciones esperamos del Estado una respuesta mínimamente humanitaria”, concluyó.
