Comunidades q’eqchi’ piden cese de operaciones de minera Solway y la CC suspende vista pública de apelación

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Aj Ral Ch’och’

17 de julio del 2019

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la vista pública programada para el pasado martes 16 de julio, en la que la población q’eqchi’, de El Estor, Izabal, solicitó que la compañía de níquel CGN Pronico de Solway no siga operando y que se realice la consulta previa, libre e informada. Por esta razón plantearon una apelación a la sentencia del amparo que  habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 17 de septiembre de 2018.

Foto: Prensa Comunitaria

De acuerdo con Rafael Maldonado, abogado de las comunidades, el argumento de la suspensión fue que la CC tiene la agenda cargada y por eso se reprogramó para el próximo jueves 25 de julio.

En el 2018 las comunidades presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió que la licencia de la compañía de níquel CGN Pronico violentaba sus derechos y ordenó que se realizara una consulta a las comunidades q’eqchi’ de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón en Alta Verapaz; y El Estor, en Izabal, para que pudieran decidir sobre el futuro de sus recursos y vida en las comunidades.

Foto: Prensa Comunitaria

Pese a esa resolución, la CSJ favoreció a la compañía de níquel, permitiendo que continúe con sus operaciones, a pesar de que reconoció que la licencia otorgada no fue de forma legal, al no ser consultadas las comunidades y que violentaba sus derechos. Ante esa decisión los comunitarios decidieron apelar ante la CC.

Los abogados Aníbal Maquín y Rafael Maldonado esperan que las comunidades q’eqchi’ sean atendidas y que se aplique el precedente legal de la mina San Rafael, como en el caso del pueblo Xínca, en el que la CC resolvió que la empresa cesara sus operaciones y realizara la consulta para decidir sobre el futuro de la empresa minera en el lugar.

Los líderes q’eqchi’ junto a la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) exigen desde el 2017 al gobierno y al Estado de Guatemala el respeto de sus derechos, según está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de ser consultados por la extracción del níquel y de otros minerales.

La compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Gruop, que opera en el territorio desde el mes de mayo 2014, ha violado los derechos de las comunidades al no ser consultadas sobre la actividad que realizan, sin importar el daño ambiental que sufren las comunidades.

Para la Gremial de Pescadores y los líderes y lideresas de las comunidades es de suma preocupación la contaminación de las aguas del lago de Izabal y la deforestación de las montañas y destrucción de ríos del municipio.

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