La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, debe presentarse físicamente ante la justicia para resolver su situación legal. La decisión impide que la exfiscal criminalizada se defienda de una orden de captura y rebeldía que pesa sobre ella en uno de los casos donde fue criminalizada, mientras esté fuera del país.
Por Alexander Valdéz
Por mayoría, la Corte de Constitucionalidad (CC) no entró a conocer un reclamo presentado por la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, que ordenó su captura y la declaró en rebeldía en junio de 2025. Se argumentó que, mientras Laparra no se presente físicamente ante el despacho judicial para resolver su situación jurídica, no puede reclamar por la vía del amparo las actuaciones emitidas en el proceso penal en su contra.
En la resolución, la CC declaró sin lugar la apelación de Laparra y confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió definitivamente el trámite del amparo que había promovido. Con ello, no analizó los argumentos de la exfiscal sobre posibles vulneraciones a sus derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva.
En su memorial, Laparra reclamó que la Sala Quinta se atribuyera facultades para declararla en rebeldía y ordenar su detención y arraigo, señala que esas decisiones corresponden a jueces de primera instancia o tribunales de sentencia. También señaló que la resolución le impedía acceder a mecanismos ordinarios para impugnar las medidas dictadas en su contra. “La resolución reclamada fue emitida por autoridad incompetente y mediante un procedimiento no establecido legalmente, lo que la colocó en estado de indefensión”, señaló Laparra.
Sin embargo, la CC sostuvo que una persona declarada en rebeldía debe comparecer físicamente ante la autoridad competente para dilucidar su situación jurídica. Según el criterio aplicado, la presentación de memoriales o recursos por medio de sus abogados no sustituye la presencia física de la persona sindicada cuando existe una orden de aprehensión vigente.
“Esta Corte estima que resulta inviable efectuar análisis de fondo de los agravios denunciados, debido a que el acto reclamado deriva directamente de la situación procesal de rebeldía en que se encuentra la postulante dentro del proceso penal subyacente. Ello es así, porque conforme la doctrina legal anteriormente citada, el apersonamiento de la sindicada para solventar su situación jurídica únicamente puede materializarse mediante su comparecencia física ante la autoridad competente, circunstancia que constituye presupuesto indispensable para el ejercicio pleno y eficaz de su derecho de defensa materia”, indicó la CC.
Eso quiere decir que Laparra no podrá defenderse hasta que vuelva al país. Prensa Comunitaria conoció que hubo dos votos disidentes en este fallo y que fue una decisión dividida dentro del pleno de la máxima corte del país.
Acá otra nota que puedes leer:
Obligada al exilio
Virginia Laparra, es una exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, una de las operadoras de justicia que enfrentan criminalización desde la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP), junto a otros fiscales que investigaron casos de corrupción. Fue blanco de procesos penales que marcaron los años más turbulentos de la criminalización en el país.
Laparra, no salió inmediatamente de Guatemala, por eso fue capturada y sometida a dos procesos penales, en los que recibió condenas que actualmente no están firmes porque su defensa las apeló. Permaneció durante meses en prisión preventiva y enfrentó un prolongado encarcelamiento antes de recuperar su libertad. Hasta que decidió exiliarse ante la falta de garantías para su seguridad y el ejercicio de sus derechos, una situación que comparte con otros exfiscales perseguidos por su trabajo anticorrupción.
Estando fuera del país, a pedido del anterior MP, se giró la orden de captura y la declaratoria de rebeldía, el 5 de junio de 2025, luego de que Laparra no se presentara a una audiencia convocada por una Sala para conocer una solicitud del MP. La exfiscal había sido condenada en julio de 2024 a cinco años de prisión por el delito de revelación de información confidencial o reservada y su defensa presentó una apelación especial contra esa sentencia, lo que hace que la misma no esté firme.
En 2022, también recibió una primera condena en un tribunal que recibió cuestionamientos por la forma en la que abordó el caso. Ese proceso está en análisis por parte de la Cámara Penal de la CSJ, que podría confirmar o anular esa sentencia.
Acá otra nota que puedes leer:
