Los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango declararon en rebeldía a la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra que está exiliada desde el año pasado. La exfiscal asegura que no se “arrepiente de nada”.
Por Prensa Comunitaria
En una audiencia que se llevó a cabo este 5 de julio en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Quetzaltenango, los magistrados declararon en rebeldía a la exjefa de la FECI en este departamento, Lilian Virginia Laparra Rivas.
Laparra Rivas se encuentra en el exilio, desde julio pasado, debido a los casos que se han montado en su contra desde el Ministerio Público (MP) que dirige la fiscal general, María Consuelo Argueta Porras.
Asimismo, los magistrados aceptaron resolver la petición del MP y de los querellantes adhesivos, de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC) y de Lesther Castellanos, que solicitaron la orden de aprehensión internacional en contra de Laparra y que las medidas sustitutivas con las que contaba quedarán sin efecto.
Durante la audiencia, los magistrados razonaron que estas acciones se tomaron debido a que la señalada no se presentó durante la audiencia a la cual había sido citada y tampoco envió una justificación para ausentarse.
El abogado de Laparra, Herberth Pérez señaló que estas acciones se toman debido a que la exfiscal no compareció ante la Sala. “Se decreta la rebeldía, se paraliza entonces el proceso, la apelación especial que presentó Laparra se detiene hasta que ella pueda ser encontrada en el territorio guatemalteco”, detalló.
Se pronuncia desde el exilio
Tras la resolución de la Sala Quinta, la exjefa de la FECI, en Quetzaltenango, se pronunció por medio de una carta que circuló por redes sociales. En la misma destaca “el colapso del sistema de justicia en Guatemala y reafirma que su decisión de buscar resguardo fuera del país fue necesaria para preservar mi libertad y su vida”.
Asegura que estas acciones forman parte de una nueva persecución judicial y es un claro acto de represalia por su labor FECI donde asegura cumplió su deber de investigar hechos de corrupción “profundamente arraigados en las estructuras del Estado”.
Asimismo, destacó que durante dos años fue “blanco de una campaña sistemática de criminalización, aislamiento y difamación. El objetivo era quebrarme y obligarme a aceptar como delitos actos que, en realidad, corresponden al ejercicio legítimo de la función fiscal: denunciar hechos ilícitos y actuar en defensa del interés público”, resaltó.
