Exjuez Miguel Ángel Gálvez demandará al Estado ante la CIDH por faltar a su seguridad e independencia judicial

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Créditos: Estuardo de Paz

El exjuez llevará ante la CIDH las denuncias de hostigamiento y represalias que, según afirma, lo obligaron a renunciar y salir al exilio. También advirtió que el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa reavivó sus dudas sobre las condiciones para regresar a Guatemala.

Por Alexander Valdéz

El exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien llevó procesos de alto impacto y actualmente está en el exilio por criminalización, presentará una petición contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Su denuncia se centra en actos de hostigamiento y el uso del antejuicio como represalia por su labor independiente en el procesos como el caso Diario Militar.

Es por eso que Gálvez llevará su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos este martes 27 de octubre, cuando presentará una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 197.º periodo ordinario de sesiones, que se desarrolla en Panamá. La presentación, prevista para las 9:45 horas, marca el inicio formal del trámite internacional contra el Estado guatemalteco por las presuntas violaciones a los derechos humanos que, según la denuncia, sufrió Gálvez durante el ejercicio como juez.

Acompañado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el exjuez expondrá los actos de hostigamiento que enfrentó y el proceso de antejuicio promovido en su contra, que la petición señala como una represalia por su actuación en el caso Diario Militar, en el que se investigaron graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Según CEJIL, el trámite del antejuicio se desarrolló de manera expedita e irregular y representó una amenaza para la estabilidad laboral y la libertad de Gálvez. Ante ese escenario, el entonces juez renunció a su cargo y salió al exilio, sin que aún haya podido retornar al país.

“La petición en el caso Gálvez Vs Guatemala se refiere a los numerosos actos de hostigamiento que sufrió el exjuez, así como al proceso de antejuicio iniciado en su contra como represalia por su labor como operador de justicia en el caso Diario Militar. El trámite expedito e irregular de este antejuicio amenazó seriamente no solo su estabilidad laboral sino también su libertad, por lo que Gálvez se vio obligado a renunciar a su cargo y a permanecer en el exilio hasta la actualidad”, añadieron.

El exjuez en su despacho. Fotografía: Archivo PC

Violaciones a la independencia judicial

La petición sostiene que las violaciones denunciadas contra Gálvez no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala y persecución contra personas vinculadas con la búsqueda de justicia. Entre los sectores afectados se encuentran operadores de justicia independientes que conocieron casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y otros procesos de alto impacto.

“Las violaciones de derechos humanos que sufrió el ex juez Gálvez no son aisladas, sino que ocurren en un contexto de falta de independencia judicial en Guatemala, en el que existe una persecución en contra de personas vinculadas a la búsqueda de justicia, incluidas las y los operadores de justicia independientes que han combatido la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, corrupción u otros de alto perfil”, señala CEJIL.

El caso de Gálvez se suma a las denuncias internacionales de personas operadoras de justicia que han salido de Guatemala tras enfrentar procesos judiciales, señalamientos y presiones vinculados con su trabajo contra la impunidad. Sin que aún, pese a que fue una promesa del gobierno de Bernardo Arévalo, hayan podido retornar a Guatemala. 

El Estado no cumplió con medidas protección

Miguel Ángel Gálvez explicó a Prensa Comunitaria que, pese a contar con medidas de protección internacionales, enfrentó un deterioro de su situación en Guatemala, marcado por lo que describió como una campaña sistemática de hostigamiento, seguimientos y múltiples denuncias en su contra. El exjuez señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  dio trámite a un antejuicio promovido por la Fundación contra el Terrorismo, hecho que aceleró su salida del país. Según relató, llegó a considerar que ya no tenía garantías procesales y que se estaban utilizando mecanismos irregulares para procesarlo.

Gálvez indicó que su denuncia ante el sistema interamericano busca que se establezca la responsabilidad del Estado por incumplir las medidas y obligaciones dictadas por organismos internacionales. Recordó que contaba con medidas cautelares desde 2016 y que en 2021 se decretaron medidas provisionales para proteger su integridad y la de su familia, además de exigir respeto a la independencia judicial. Aunque mantiene la esperanza de regresar al país y ejercer nuevamente su profesión, reconoció que los acontecimientos recientes han generado dudas sobre las condiciones para volver.

“Eso aceleró mi salida de Guatemala, porque consideraba que ya no existían garantías procesales y, especialmente, que no se respetaba el principio de legalidad. Sentía que no solo me estaban negando todo, sino que utilizaban mecanismos completamente espurios para procesarme. Por esa razón presenté la denuncia, al considerar que el Estado incumplió las disposiciones establecidas por los organismos internacionales”, explicó Gálvez.

El exjuez se refirió al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido en el Campo Marte (aledaño a un complejo militar), y afirmó que, a su criterio, las características del crimen van más allá de un hecho común y podrían transmitir un mensaje de terror a la población. Mencionó el lugar del ataque, los impactos de bala en la cabeza y la detención inicial de dos personas, que considera parte de prácticas que pueden desviar la atención de las investigaciones hacia posibles chivos expiatorios. Gálvez advirtió que el caso ha reavivado sus preocupaciones sobre la situación del país y señaló que, aunque desea regresar, esperará a observar cómo evoluciona el panorama guatemalteco.

Fue obligado a dejar el puesto

El exjuez Gálvez se convirtió en una de las figuras de la justicia guatemalteca por conocer casos de alto impacto relacionados con corrupción, narcotráfico, pandillas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por militares durante el conflicto armado interno. Desde el Juzgado de Mayor Riesgo “B” tuvo a su cargo procesos que alcanzaron a estructuras criminales y actores con poder político, económico y militar, entre ellos el caso Diario Militar y el proceso por genocidio contra el pueblo ixil.

A raíz de su trabajo judicial, Gálvez enfrentó hostigamiento, amenazas y acciones legales que pusieron en riesgo su independencia y seguridad. La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad, lo que abrió la posibilidad de investigarlo penalmente. Durante la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP), el exjuez quedó bajo investigación. Ante la falta de  garantías para ejercer su labor y el temor a ser criminalizado, renunció a su cargo y salió al exilio en noviembre de 2022.

Desde entonces, Gálvez permanece fuera y no ha podido regresar al país en condiciones que le garanticen seguridad e independencia. Aunque en el proceso en su contra no se giró una orden de captura, el exjuez ha señalado la falta de garantías procesales y el uso de mecanismos que consideró espurios para perseguirlo.

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