Por Wellinton Osorio
Con la recién llegada de la propuesta de Ley de Aguas (6816), una más de al menos 13 iniciativas de ley presentadas desde 1991, me siento a reflexionar sobre cómo participamos de estos procesos de toma de decisiones de país quienes vivimos en los municipios del departamento de Guatemala.
Hablo del agua porque es el proceso que está abierto hoy, pero lo mismo podría decir de la basura, de la minería, de la agenda económica o de cualquier proceso de decisión que involucre a todo el país. Quisiera equivocarme y, de paso, que alguien me acote estas ideas y opiniones, porque quizás escriba desde esa condición “particular y sesgada” que se nos atribuye, la de ver todo desde fuera, pero orbitar dentro todos los días, por el trabajo y por el estudio.
Pareciera que, en lo que corresponde a la cuota del departamento de Guatemala, las decisiones de país deben ocurrir siempre dentro de la ciudad. Pasa en el sector público y pasa también dentro de los movimientos sociales. Siempre, o casi siempre, se tiende a homogeneizar el departamento con la ciudad como si todo fuera “área metropolitana”, cuando los municipios, y en particular Palencia, el pueblo desde donde hablo quizás con un poquito de más propiedad, tienen particularidades que distan de los problemas de la ciudad.
De ese tema ya escribí hace un tiempo, en un ensayo sobre La Montaña. El concepto de “ciudad” se estiró hasta cubrir el departamento entero, y muchos municipios quedaron debajo, sin espacio propio en las discusiones de país. Sin embargo, las urgencias de estos pueblos se invisibilizan. Quedan atrapadas bajo la sombra de la agenda urbana, bajo la premisa centralista de que solo lo que ocurre en la ciudad es relevante. Ya pasó, y sigue pasando. Cuando se avivan las discusiones sobre los desechos sólidos y la gestión de la basura, se discute siempre desde lo que no se quiere dentro de la ciudad y el diálogo es hacia dónde se llevará, sin dar lugar a las personas del lugar a donde llegará. Y cuando desde fuera de la ciudad se levanta la conversación porque ese lugar a dónde irá, por ejemplo, si el basurero de la zona 3 va a mi pueblo, la respuesta es casi como “sí, sí, ahora te ponemos atención, pero ahora lo importante es sacar esto de acá, no seas separatista”.
Y con Palencia ya pasó. Hace unos 25 años, cuando “colapsó” por primera vez el vertedero de la zona 3, la municipalidad de la ciudad volteó a ver a Palencia. El proyecto no llegó, pero no fue porque escucharan a los vecinos. Los barrancos donde iba a ir la basura resultaron más rentables para proyectos extractivos y bodegas, y es lo que hay ahí hoy. El destino del territorio se decidió igual sin los vecinos, esa vez la basura perdió contra un mejor negocio.
Así que quienes vivimos fuera de la ciudad tenemos que colarnos, a veces, en espacios solo para insistir en que el departamento no es solo la “ciudad”. Despertar a las 3 de la mañana para salir a esperar transporte público a las 4, o tomar dos o tres horas de tráfico, para que al final, al llegar al grupo focal, te digan que ese grupo es de la ciudad; que podés mencionar tus puntos, pero que van a usar esos “generales de la ciudad” porque engloban todo el departamento.
Y ahí se ignora que cada municipio tiene sus propias formas de organizarse y de resistir.
Tomo como ejemplo este proceso de Ley de Aguas, aunque el problema es cómo se decide todo lo demás también, porque en declaraciones públicas de algunas autoridades, pareciera que la región metropolitana o el departamento de Guatemala solo está conformado por zonas, por colonias y en ellas “no hay mucha gestión del agua”, no hay organización. Pero el departamento de Guatemala es diverso y amplio en sus formas de organización. Hay colonias con organización comunitaria mucho más antigua que las formas institucionales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y colonias o barrios donde conviven comunidades y pueblos distintos. Y están los municipios, cada uno con sus formas propias y con organizaciones comunitarias sólidas.
En Palencia hay cofradías que se organizan entre los pueblos de la Montaña desde el siglo XVIII y siguen activas, asociaciones de vecinos en colonias que gestionan el agua desde hace décadas y empezaron a organizarse mucho antes de la creación del MARN. La asociación de vecinos de la aldea El Fiscal se formalizó en 1972 y hoy sostiene proyectos de agua, drenajes y alumbrado para unas 1,300 familias. En la colonia Santa Elena, los vecinos recuperaron su propio pozo en 2001 y desde entonces bajan cada semana al barranco a revisarlo. Podría seguir con los comités de agua o con quienes, sin comité ni un cargo puntual, gestionan los chorros públicos vecinales de algunas aldeas. El MARN, en cambio, existe desde el año 2000.
Esas organizaciones nunca participaron de los procesos de toma de decisiones, porque los procesos del departamento siempre ocurrieron dentro de la ciudad. Y cuando por fin convocan, a veces ni saben a quién hacerlo.
Vuelvo a la pregunta: ¿Cómo participamos de las decisiones de país quienes habitamos fuera de la ciudad, pero dentro del departamento de Guatemala? Participamos ocasionalmente, de forma más simbólica que vinculante, porque el departamento de Guatemala termina para muchos donde termina la ciudad, lo demás se mira como un espacio vacío, en blanco, que pareciera solo un remanente de lo “urbano” o “metropolitano”. Por eso, algunos o algunas optan por decir que son de la ciudad, aunque vivan más cerca de otros departamentos que de las pocas zonas que sí se podrían nombrar ciudad. Y es que pareciera que para las grandes decisiones de país dentro del departamento solo importa lo que está dentro de la ciudad, tanto que, si se quiere que nos nombren, lo que importa es meterse ahí, aunque la fila sea larga.
Lo que queda afuera de esa fila se llama zona de sacrificio, el lugar donde va la basura que la ciudad no quiere y donde se decide sobre el territorio sin preguntarle a nadie.
Esta discusión sobre el agua tampoco es nueva. En 1977 dos empresas propusieron a la municipalidad de Guatemala desviar diez ríos que nacen en las montañas de Palencia y San José Pinula para llevar agua a la ciudad; dependían de ellos más de 200,000 agricultores. Ese año el padre Hermógenes López fundó el Comité Prodefensa de los Recursos Naturales, y el 20 de noviembre reunió a unos 4,000 campesinos en la Escuela Tipo Federación de Palencia para firmar un memorial al presidente. Unas 4,000 firmas, con una propuesta propia, entregadas al presidente. En junio de 1978 asesinaron al padre Hermógenes. El proyecto de desvío quedó en pausa pero nunca se descartó, y tampoco la idea de que el agua de la montaña le toca a la ciudad. Y la organización campesina se fue diluyendo poco a poco, conforme el régimen militar desaparecía a quienes habían trabajado junto al padre Hermógenes.
Ese caso me hace corregir la pregunta con la que empecé. En 1977 los campesinos de la Montaña sí entraron en los procesos de decisión, con 4000 firmas y una propuesta técnica propia entregada al presidente, y aun así lo pagaron caro, porque del otro lado estaban las empresas, los finqueros y una municipalidad capitalina que necesitaba el agua. Entonces no es que no nos dejen entrar, es que entrar no sirve de mucho cuando el resultado ya viene decidido.
Con la Ley de Aguas estamos otra vez acá, esperando en la fila, no para ser parte sino para intentar respondernos, otra vez, ¿cómo participamos de las decisiones de país quienes habitamos fuera de la ciudad, pero dentro del departamento de Guatemala? Cuando pareciera que a quienes sí se reconoce es, en muchos casos, a las autoridades municipales, a las empresas o quienes quieren lucrar desde posiciones de poder.
Porque no todos llegamos igual a esos espacios. Unos llegan con abogados, con licencias y con la costumbre de que se les responda. Nosotros llegamos después de tres horas de camino, a que nos digan que nuestro municipio ya está representado en un “general de la ciudad”. A veces ni siquiera eso, porque de entrada se asume que desde acá no tenemos nada que aportar, o que no nos toca nombrarnos por nuestro nombre. Y cuando participamos, porque sí hemos participado, lo que decimos se toma como obviedad, y nadie pregunta de dónde sale. Así que cuando dicen que una ley se aprueba por consenso, habría que preguntar el consenso de quiénes.
Y casi nadie toma en cuenta que muchas comunidades llevan sus demandas a esos espacios mientras por dentro tratan de rearmar formas de organización que décadas de hostigamiento y de dirigencias compradas dejaron enterradas bajo el polvo. Cuando se ve a un líder comunitario llegar solo, no es que no pueda convocar. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo.
Esto no es una postura sobre la Ley de Aguas. Es una pregunta sobre quiénes participamos de las decisiones de país y en qué condiciones lo hacemos, que es lo que después se nota en cualquier ley que se apruebe.
