La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 apunta a una tendencia que avanza en América Latina: el retorno de gobiernos de derecha y ultraderecha al poder, en medio de sociedades golpeadas por la inseguridad, el aumento del costo de vida, el desgaste de los gobiernos progresistas y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
Por Prensa Comunitaria
El candidato Abelardo De la Espriella, empresario cercano a sectores conservadores, obtuvo una victoria ajustada frente al candidato progresista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de Colombia, realizadas el pasado 21 de junio. Según Reuters, De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 48.70%, una diferencia menor a un punto porcentual.
Su triunfo estuvo acompañado por un discurso de “mano dura” que más que limitarse al combate del crimen organizado, plantea una ampliación del poder militar y punitivo del Estado sobre la vida social. Durante la campaña prometió retomar bombardeos contra grupos armados, construir megacárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, terminar con la política de paz total y fortalecer la cooperación con Estados Unidos en seguridad regional.
Ese enfoque ha sido presentado por sus simpatizantes como una respuesta al miedo ciudadano frente a la violencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han advertido que sus propuestas pueden afectar garantías democráticas, justicia transicional y libertades civiles, especialmente en un país atravesado por conflicto armado, protesta social y disputas territoriales.
Su perfil público también ha sido cuestionado por declaraciones polémicas. Medios colombianos han documentado que, en una entrevista, relató episodios de crueldad animal contra gatos con pólvora durante su infancia. También ha dirigido mensajes hostiles contra comunidades indígenas, a quienes acusó de poseer una parte importante de la tierra en Colombia y advirtió que con él tendrían que “volverse ciudadanos de verdad” o conocer “lo duro que muerde el tigre”.
A esto se suman sus declaraciones sobre Gaza, donde defendió la actuación del gobierno de Benjamin Netanyahu al afirmar que hacía “lo que tenía que hacer” para defender a su pueblo, y agregó que haría lo mismo en Colombia “cueste lo que cueste”. La Fundación para la Libertad de Prensa también alertó sobre un discurso hostil contra periodistas, luego de que De la Espriella afirmara que a algunos comunicadores “no les va a ir bien” en su gobierno.
Con estos resultados, Colombia pasaría del primer gobierno de izquierda en su historia reciente a un proyecto de derecha dura, alineado con Donald Trump y centrado en seguridad, castigo, cooperación militar y reactivación de contratos petroleros y mineros.
Luego de su victoria, De la Espriella aseguró que Colombia se sumará al llamado “Escudo de las Américas”, una coalición hemisférica promovida por Trump bajo el argumento de combatir el crimen organizado.
El proyecto detrás de la mano dura
Para entender el proyecto de Abelardo De la Espriella conviene mirar más allá del miedo ciudadano. Su discurso forma parte de una tradición amplia de la derecha, ligada a la defensa del orden existente, la propiedad privada y las jerarquías económicas, políticas y morales. Como planteó Norberto Bobbio en Derecha e izquierda, razones y significados de una distinción política, la diferencia central entre derecha e izquierda radica en la relación con la igualdad. La izquierda entiende la desigualdad como una construcción histórica abierta a la transformación. La derecha, por el contrario, tiende a verla como algo natural, inevitable o funcional al orden social.
Esa mirada alimenta la defensa del “orden natural”, una sociedad organizada por tradición, propiedad, autoridad, familia o religión. En América Latina, esa defensa del orden mezcla mercado y moral conservadora. El enemigo interno puede ser el pueblo indígena que reclama territorio, la comunidad organizada que protesta, la prensa crítica, los feminismos, la población LGBTIQ+ o cualquier sector que cuestione la propiedad, la religión, la familia tradicional, la autoridad o el poder empresarial.
En este marco, la “mano dura” rebasa una promesa de seguridad. Puede traducirse en más cárcel, mayor presencia militar y poder punitivo sobre la sociedad civil. También puede operar como punitivismo performativo, con el castigo convertido en espectáculo político para producir sensación de control mientras las causas profundas de la violencia quedan intactas. De la Espriella reúne varios de esos elementos: defensa del mercado, cercanía con Donald Trump, afinidad con el modelo Bukele, promesas de megacárceles, retorno de bombardeos y discurso hostil hacia periodistas, comunidades indígenas y sectores críticos. La clave está en mirar a quién protege esa seguridad y contra quién activa su fuerza.
Cambio regional
Más allá de dónde se ubique al presidente electo de Colombia, lo relevante es que su victoria es parte de una tendencia más amplia que está transformando el panorama político en la región.
Durante los últimos años América Latina ha experimentado un proceso de reconfiguración ideológica que ha alterado el mapa político. Entre 2021 y 2022 parecía consolidarse una etapa de gobiernos progresistas, después de años de gobiernos conservadores, neoliberalismo y crisis social.
En noviembre de 2021, Xiomara Castro ganó la Presidencia de Honduras. En diciembre de ese mismo año, Gabriel Boric derrotó a José Antonio Kast en Chile. En junio de 2022, Gustavo Petro llegó al poder en Colombia. Y en octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro en Brasil.
En ese momento, muchos analistas hablaron de una nueva “marea rosa”, pero el mapa cambió rápidamente.
Fuentes de información: AP, Reuters y El País
Dicho de forma sencilla, América Latina entró en un nuevo ciclo de derechas heterogéneas, con sectores conservadores, derechas tradicionales, derechas securitarias y proyectos claramente ultraderechistas al frente de varios gobiernos.
¿Por qué avanza la derecha en América Latina?
Para entender este giro regional, varios especialistas advierten que no basta con decir que América Latina “se volvió de derecha”. El fenómeno responde a una mezcla de voto castigo, miedo social, crisis económica, desgaste de los gobiernos progresistas y debilitamiento de la memoria democrática.
El politólogo Daniel Zovatto, exdirector de IDEA Internacional e investigador del Wilson Center, planteó en una entrevista con Diálogo Político, publicada el 17 de diciembre de 2024, que entre 2021 y 2024 prevaleció una tendencia de voto castigo contra los oficialismos en América Latina. Según Zovatto, el superciclo electoral dejó un mapa regional más heterogéneo, sin una ola roja ni azul dominante, pero marcado por la alternancia, el desgaste de los gobiernos y el malestar social.
Para Zovatto, el voto castigo se explica por la incapacidad de los gobiernos para recuperar el crecimiento económico, generar empleo formal bien remunerado y responder al encarecimiento de la vida. “Más allá de la bandera”, señala, desde la perspectiva del elector muchas elecciones funcionan como una lógica de prueba y error, la ciudadanía busca a alguien que resuelva problemas y dé resultados.
El politólogo Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard y especialista en democratización, autoritarismo y partidos políticos, explicó en entrevista con El País que la derecha latinoamericana actual es “una derecha nueva”, distinta a la de los primeros años 2000.
Según Levitsky, aquella derecha, representada por figuras como Sebastián Piñera en Chile, Vicente Fox en México o Pedro Pablo Kuczynski en Perú, era más liberal, estaba más enfocada en la economía y el libre mercado, y mantenía mayor respeto formal por la democracia.
La nueva derecha, en cambio, combina economía de mercado con discursos de seguridad, control migratorio, anticomunismo y guerras culturales. Desde ese lugar, suele atacar al feminismo, el derecho al aborto y los derechos de la población LGBTIQ+, presentándolos como amenazas al orden social.
Para Levitsky, se trata de una derecha menos liberal y con una relación más frágil con la democracia, puede aceptar elecciones, pero también debilitar contrapesos, atacar derechos de minorías y cuestionar instituciones cuando estas limitan su poder.
Por su parte, Henning Suhr, director del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, advirtió en entrevista con Expediente Público que uno de los mayores riesgos para la región es la pérdida de instituciones democráticas y de la división de poderes.
Según Suhr, en América Latina existen gobiernos autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, que llegan al poder mediante mecanismos democráticos, pero luego atacan la constitucionalidad, debilitan instituciones, persiguen opositores, restringen libertades y atacan a medios de comunicación y periodistas.
A esta lectura se suma una preocupación generacional, muchas juventudes no vivieron directamente las dictaduras, guerras internas y autoritarismos del siglo XX. Para una parte de ellas, esos episodios son una memoria lejana, mientras su experiencia política cotidiana está marcada por corrupción, violencia, precariedad, estancamiento económico y promesas incumplidas.
Esa distancia histórica puede hacer que discursos de mano dura, líderes fuertes o salidas represivas parezcan novedosas, eficaces o incluso “rebeldes”.
Estados Unidos y la geopolítica
El giro a la derecha en América Latina no solo es el resultado de cambios electorales, en el nuevo mapa regional, Estados Unidos aparece como un actor clave que busca recomponer su influencia sobre el continente a través de agendas de seguridad, migración, lucha contra el narcotráfico, libre mercado y control geopolítico.
Esto no es nuevo, durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos ejerció una influencia predominante sobre América Latina. Esa relación incluyó cooperación económica, alianzas militares, respaldo a determinados gobiernos y, en algunos casos, intervenciones directas o indirectas que marcaron profundamente la historia regional.
En Guatemala, la historia de la intervención estadounidense data desde el golpe de Estado de 1954 contra Jacobo Árbenz, la doctrina contrainsurgente durante el conflicto armado interno, el respaldo a élites militares y económicas, y una larga política de intervención que ha cambiado de lenguaje según la época.
En el escenario actual, esa influencia reaparece con fuerza bajo la administración de Donald Trump. En Venezuela, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026.
La operación no sólo removió a un gobernante señalado por autoritarismo y violaciones a derechos, también colocó nuevamente sobre la mesa una pregunta histórica para América Latina ¿quién decide los cambios políticos en nuestros países, los pueblos o una potencia extranjera?
En el caso de Cuba, la agencia de noticias Reuters informó que la Casa Blanca defendió nuevas sanciones contra Cuba, mientras el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que esas medidas provocan daño generalizado a la población, afectando el acceso a agua, alimentos y salud.
La presión no se ejerce únicamente por medio de tropas, también puede ejercerse mediante sanciones, bloqueos energéticos, amenazas comerciales y aislamiento financiero.
Por otra parte, el gobierno estadounidense ha impulsado una nueva alianza regional en nombre de la seguridad denominada “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
¿Por qué la izquierda pierde terreno?
La izquierda ha perdido terreno por varias razones al mismo tiempo. No se trata solo de que América Latina “se volvió de derecha”, sino de una acumulación de malestares sociales, económicos y políticos que muchos gobiernos progresistas no lograron responder con la rapidez que exigía la ciudadanía.
Reuters, agencia internacional de noticias, publicó en febrero de 2025 un reporte basado en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que advirtió que, aunque el desempleo regional bajó en 2024, casi la mitad de las personas trabajadoras en América Latina y el Caribe seguía en condiciones de informalidad, precariedad o ingresos inestables.
A esto se suma el bajo crecimiento económico, en abril de 2025, Reuters también informó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), redujo su estimación de crecimiento para la región. En ese contexto, problemas como empleo, vivienda, costo de vida, servicios públicos e inseguridad pesan directamente en el voto.
La segunda razón es la seguridad. La Associated Press (AP), agencia internacional de noticias de Estados Unidos, publicó en enero de 2026 un análisis sobre cómo el aumento del crimen, la presión del gobierno de Donald Trump y la popularidad del modelo de Nayib Bukele han empujado incluso a gobiernos progresistas a endurecer sus políticas de seguridad.
Reuters también reportó en junio de 2026 qué sectores de derecha en Brasil están usando el llamado “modelo Bukele” para atraer a votantes cansados del crimen, con propuestas de megacárceles, militarización y castigo inmediato. Aunque esas respuestas no resuelven las causas estructurales de la violencia, sí producen una sensación rápida de protección.
En una entrevista con Cadena SER, medio radiofónico e informativo español, publicada en mayo de 2026, el historiador y periodista Pablo Stefanoni señaló que la extrema derecha ha logrado parecer más atractiva y combativa que la izquierda. Esa capacidad se expresa en el uso de redes sociales, provocación, memes, lenguaje directo y ataques constantes contra sus adversarios. Sus liderazgos no solo comunican propuestas, construyen emoción, identidad y una imagen de ruptura frente a “los políticos de siempre”.
Otro factor es generacional y organizativo. Reuters publicó en junio de 2026 una investigación sobre jóvenes brasileños que se alejan de Lula y del Partido de los Trabajadores. La nota señala que parte de esa distancia está vinculada con frustración económica, estancamiento de ingresos, expectativas incumplidas después de acceder a la universidad y desconfianza hacia la izquierda como fuerza de cambio.
A esto se suma una crisis democrática más profunda. El País, diario español con cobertura internacional, publicó en junio de 2026 un análisis sobre el informe “Democracias bajo presión” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El texto advierte que la ciudadanía no solo quiere votar, también espera vivir mejor, con seguridad, justicia y oportunidades. Cuando la democracia no responde a esas demandas, crece la insatisfacción y se abre espacio para salidas autoritarias que prometen orden inmediato.
A junio de 2026, las izquierdas democráticas que permanecen con más claridad en el poder son Brasil, México y Uruguay: Lula en Brasil, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay. En esos tres casos se trata de gobiernos de izquierda que llegaron al poder mediante elecciones competitivas y mantienen, con matices y críticas, marcos democráticos abiertos.
Cuba, Nicaragua y Venezuela requieren una lectura distinta. Aunque sus gobiernos se reivindican desde la izquierda o desde tradiciones revolucionarias, especialistas y organismos internacionales advierten que no pueden analizarse igual que las izquierdas democráticas. Javier Corrales, politólogo de Amherst College, señaló en entrevista con El País que Venezuela puede mantener estructuras autoritarias incluso sin Maduro, si no existe democratización real, liberación significativa de presos políticos ni inclusión plena de la oposición.
En esa misma línea, Henning Suhr, director del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, dijo en entrevista con Expediente Público que existen gobiernos autoritarios “de izquierda o populistas de derecha” que llegan al poder por mecanismos democráticos, pero luego atacan la constitucionalidad, la división de poderes, los derechos humanos, a opositores, medios y periodistas.
Esa distinción también aparece en reportes internacionales. Freedom House ha ubicado a Venezuela y Nicaragua dentro de los casos de erosión autoritaria; El País ha documentado el deterioro de la libertad de prensa bajo Ortega y Murillo en Nicaragua; y Reuters ha reportado liberaciones y amnistías en Cuba en medio de cuestionamientos sobre presos políticos y disidencia.
Por eso, no toda fuerza que se reivindiquen de izquierda sostiene una práctica democrática. Cuba, Nicaragua y Venezuela deben analizarse aparte, no por su discurso antiestadounidense o revolucionario, sino por los señalamientos sobre restricción de libertades, persecución de oposición, cierre del espacio cívico, presos políticos y concentración de poder.
Guatemala: ni una cosa ni la otra
El gobierno de Bernardo Arévalo no representa una izquierda transformadora al estilo de Petro, Lula, Boric o Xiomara Castro. Su proyecto se ubica más bien en una agenda democrática, anticorrupción e institucional.
Su principal disputa no ha sido contra el capitalismo, el extractivismo o las élites económicas en su conjunto, sino contra redes cleptocráticas que capturaron instituciones del Estado.
Las redes cleptocráticas son estructuras que utilizan el Estado para enriquecerse, garantizar impunidad, controlar la justicia y proteger negocios.
En Guatemala, esas estructuras no solo operan desde partidos políticos; también se sostienen en alianzas económicas, judiciales, militares, mediáticas y territoriales que han definido históricamente quién accede a derechos y quién queda fuera.
El gobierno de Guatemala es reformista, pero limitado por un Congreso (Organismo Legislativo) adverso, cortes en disputa y estructuras de poder que buscan bloquear cualquier intento de transformación institucional.
En este caso, la disputa central no puede leerse únicamente como izquierda contra derecha, sino como democracia frente a la captura estatal.
Eso no significa que el gobierno de Arévalo esté exento de críticas. Desde una mirada comunitaria, sigue siendo necesario preguntar cuánto está dispuesto a tocar los intereses extractivos, empresariales, militares y racistas que han sostenido la desigualdad en el país.
Defender la institucionalidad democrática es importante, pero no basta si esa democracia no llega a los territorios, no escucha a los pueblos y no transforma las condiciones materiales de quienes han vivido históricamente bajo despojo, pobreza y criminalización.
El avance de las derechas y ultraderechas en América Latina muestra que la democracia no siempre se rompe de golpe. A veces se encoge poco a poco: cuando el miedo justifica la militarización, cuando la pobreza se convierte en delito, cuando la protesta se trata como amenaza, cuando los pueblos que defienden el territorio son presentados como obstáculos al desarrollo, cuando los derechos se vuelven negociables y cuando la seguridad se usa para pedir obediencia.
Por eso, el debate regional no puede quedarse solo en quién gana elecciones. La pregunta más profunda es qué sociedades se están construyendo bajo la promesa de orden. Si el precio de la seguridad es renunciar a derechos, aceptar abusos policiales, entregar territorios al mercado y callar frente a la desigualdad, entonces la promesa de orden termina beneficiando a quienes siempre han concentrado el poder.
