Honduras desobedece a la Corte IDH: reprime con policía a 40 defensores del territorio para defender la empresa del mexicano Ricardo Salinas Pliego, mientras una misión internacional llega a acompañar la resistencia garífuna
Por Redacción de Reportar Sin Miedo
Fotos: Prensa Comunitaria, Red de Defensoras y Ofraneh
Tegucigalpa, Honduras. En las primeras horas de hoy, agentes de la Policía Nacional se presentaron en Cayos Cochinos con una orden judicial de desalojo contra unas 40 personas garífunas que mantienen un campamento pacífico en la zona. El objetivo de la protesta es defender territorios ancestrales y rechazar la filmación del reality show Supervivientes durante la época de desove de tortugas marinas.
La orden de desalojo, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, a cargo del juez Ryan Fernando Villela Morales, fijó como fecha y hora para la diligencia las 7:00 a.m. del jueves 17 de septiembre de 2026. En el documento se designa como agente de investigación al comisionado Wagner Maykin Bardales Castro, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el fin de ejecutar la medida preventiva de desalojo en el sector conocido como Playa Uva, Cayos Cochinos.
La lideresa garífuna y directora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció la acción en horas de la tarde en las redes sociales. “Así llegan los policías en este momento para reprimir y desalojar al pueblo garífuna, en los Cayos Cochinos, en clara desobediencia y violación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, publicó Miranda. “Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales de DDHH, ante este flagrante ataque a nuestro pueblo”.
Miranda advirtió además que “todo apunta a que en las próximas horas puede haber una gran crisis» y señaló que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) figura como garante del desalojo, con personal ya presente en el lugar.
La sentencia de la Corte IDH que Honduras desobedece
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 20 de noviembre de 2025 (notificada al Estado en marzo de 2026), declaró responsable a Honduras por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, la participación en asuntos públicos, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal, contenidos en los artículos 21, 23, 13, 26 y 5 de la Convención Americana.
La Corte determinó que estas violaciones se produjeron porque, en la declaratoria y gestión del área protegida de Cayos Cochinos de 1993 —incluida la creación y ampliación del Monumento Natural Marino de 2003 y 2009, la adopción de sus planes de manejo de 2004, 2008 y 2014, la aprobación de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 2017 y la autorización de actividades televisivas—, el Estado no garantizó el derecho de la Comunidad Garífuna a ser consultada de manera previa, libre e informada, ni estableció procedimientos adecuados para hacerlo efectivo.
La Corte consideró además que la pérdida del control efectivo del territorio, las restricciones a las prácticas tradicionales de subsistencia, la persistencia de hechos de violencia no esclarecidos y la presencia militar constante generaron un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó la integridad personal de los miembros de la comunidad. La situación se agrava debido a la falta de investigaciones efectivas. Asimismo, el Tribunal concluyó que el Estado violó las garantías judiciales y la protección judicial (artículos 8.1 y 25 de la Convención) por la falta al deber de investigar los hechos denunciados.
Las playas son públicas»: Mabel Robledo
La lideresa garífuna Mabel Ávila Robledo denunció que el juez Warner llegó a Playa Agua, en Cayos Cochinos, con una orden de desalojo que declara Cayo Menor como propiedad de la Sociedad Ecológica S.A. Recordó que esa empresa nunca presentó documentos ante la Corte Interamericana que acreditaran la titularidad de la isla. Además, citó el artículo 617 del Código Civil: las playas son públicas, inalienables e imprescriptibles, y nadie puede atribuirse su propiedad. La Corte ya reconoció el derecho del pueblo garífuna a su territorio comunitario y al hábitat que históricamente han usado para sobrevivir.
Robledo señaló que la presencia de la Policía Nacional, la Fiscalía y el juez ejecutor confirma lo que vienen denunciando: los han corrido y les han prohibido estar en el archipiélago durante la filmación de los reality shows. Aclaró que no piensan quedarse y que se retirarán si se detienen las grabaciones: “Solo si se van los reality, nosotros nos vamos”. Finalmente, denunció a los reality shows porque fomentan la violación, el hostigamiento y la criminalización de los defensores de la tierra, la vida y el medio ambiente.
Mabel Robledo. Foto: Kenny Castillo Wa Dani.
Rony Castillo: «Somos un pueblo guerrero; esto es parte de una política de Estado racista»
En el marco del campamento, el dirigente garífuna Rony Castillo ofreció declaraciones a Prensa Comunitaria en las que contextualizó la lucha histórica del pueblo garífuna y denunció el desalojo como parte de una política estatal sistemática. Estas fueron sus palabras:
«El pueblo garífuna surge mucho antes de la colonia, de la mezcla de los pueblos indígenas del Caribe, los arahuacos, junto con los africanos que llegaron antes de la colonia, antes de la trata de esclavos a las Américas. Eso es importante porque hemos luchado y transitado por todo el sistema judicial del país. Nuestros antepasados y líderes que estuvieron desde el principio han luchado; mucha gente murió, mucha gente ya no está, pero la lucha continúa por los territorios. Por eso hemos podido ganar cuatro sentencias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La última es justo la de la comunidad de Cayos Cochinos, que se litigó durante 23 años en el Sistema Interamericano. Y eso no es poca cosa”.
«Este campamento se instala el 10 de septiembre justo porque el 6 de julio se dio uno de los episodios de sitio y violencia contra el pueblo garífuna en la comunidad de San Juan. Desalojaron una comunidad con gran cantidad de policía, a pesar de que había una sentencia que establece que ese territorio es de la comunidad de San Juan, y a pesar de que la misma ley que utilizaron da una salvaguarda para que no atacaran a la comunidad garífuna. Pero hemos demostrado que no es una cuestión aislada, sino que es parte de una política de Estado. Por eso lo hemos denunciado como delitos contra la humanidad, porque es una práctica de un Estado racista para desaparecer, destruir y desplazar a las comunidades garífunas de sus territorios”.
Rony Castillo junto a un garífuna que viajó desde La Florida, Estados Unidos para conocer del campamento “Viva Berta” en Tegucigalpa. Foto: Reportar Sin Miedo.
El trasfondo empresarial: Ricardo Salinas Pliego y la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC)
La orden judicial de desalojo revela un dato clave: los terrenos donde se ejecuta la medida pertenecen a la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC), propietaria de varios cayos del archipiélago. Según el documento judicial, en 1993 se registraron dos ventas a favor de SIEC: una primera venta del 50% del total inmueble y una segunda del 30% del total, consolidando así el control mayoritario de la sociedad sobre los cayos conocidos como Cayo Cochino Menor, Cayo Cochino Pequeño, Bubby Cay, Chicken Cay (conocido como Fowl Cay) y Cayo Suroeste (conocido como South West Cay).
La organización garífuna y Ofraneh han señalado reiteradamente que Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano y dueño de TV Azteca y del conglomerado Grupo Salinas, es el principal accionista y quien está detrás de las órdenes de desalojo contra el pueblo garífuna. La propia Miriam Miranda denunció: «Ese es el que está dando la orden para que desalojen a los garífunas. Él tiene la mayoría de los fondos depositados en esa empresa que hoy por hoy dice que son empresarios pero protectores del ambiente. ¿Qué protegen?».
La Fundación Cayos Cochinos, entidad sin fines de lucro que administra el área protegida, fue creada en 1994 y ha estado vinculada desde sus inicios a los mismos inversionistas que constituyeron SIEC. La Fundación es la que autoriza las actividades dentro del Monumento Natural Marino, incluyendo la filmación del reality show Supervivientes de Telecinco, que se realiza en la zona desde 2006.
Llegada de la Delegación Internacional de Solidaridad
En paralelo, hoy también arribó a Honduras la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, integrada por alrededor de 35 personas provenientes de distintos países y organizaciones. La misión permanecerá en el país del 17 al 19 de septiembre para acompañar a Ofraneh, observar la situación de las personas defensoras y expresar solidaridad ante la defensa de los territorios colectivos.
La delegación desarrollará acciones de acompañamiento, observación y solidaridad, así como espacios de escucha con integrantes de Ofraneh y representantes de las comunidades garífunas. En su comunicado, la misión señala que la presencia internacional ocurre en el marco del campamento instalado frente a la Corte Suprema de Justicia, «como una de las acciones que las comunidades han desarrollado para exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con los territorios garífunas».
La Delegación también expresó su preocupación por la criminalización de personas defensoras, en particular por la situación de cinco integrantes de la comunidad de San Juan, Tela, y de Ofraneh, detenidos durante el desalojo del 6 de julio y vinculados a un proceso por “usurpación agravada». Asimismo, advirtió sobre el Decreto Legislativo 107-2026, publicado el 26 de junio de 2026, que establece medidas de prioridad nacional para actividades agroindustriales, energía, turismo y ganadería, y que, según la misión, “ha sido usado para realizar despojos en distintos territorios del país».
La Delegación respaldó la decisión de Ofraneh de no acudir a reuniones institucionales, adoptada en Asamblea con más de 35 comunidades garífunas, y reiteró que «defender el territorio es también defender la vida, la memoria, la cultura y el futuro de los pueblos».
Llamado urgente
Ofraneh y la Delegación Internacional hacen un llamado urgente a los organismos internacionales de derechos humanos, a la comunidad garífuna en Honduras y en el extranjero, y a los movimientos sociales, a permanecer alertas y a sumarse a la defensa del pueblo garífuna ante lo que califican como un plan de exterminio y una clara desobediencia a las sentencias de la Corte IDH.
Durante su estadía, la delegación desarrollará acciones de acompañamiento, observación y solidaridad, además de espacios de escucha con integrantes de Ofraneh y representantes de las comunidades garífunas. El propósito de tales acciones es conocer de primera mano la situación que enfrentan estas comunidades y las personas defensoras de sus territorios.
La postura del CONADEH
El Coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del CONADEH, Luis Lozano, dijo a Reportar Sin Miedo que es urgente que Honduras cumpla las sentencias de la Corte Interamericana. Mencionó el fallo de Cayos Cochinos y los casos pendientes de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Lozano pidió abordar los conflictos territoriales con enfoque de derechos humanos. Exigió garantizar la propiedad colectiva, la identidad cultural y la consulta previa, libre e informada frente a proyectos de inversión o agroindustria.
También alertó que en 2026 se han repetido situaciones preocupantes. Recordó el caso de San Juan, Tela, donde cinco defensores garífunas fueron detenidos en un desalojo y luego procesados por usurpación.
Finalmente, insistió en que cualquier ley sobre tierras, agroindustria, turismo o inversión debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Incluyó la propiedad colectiva, el territorio ancestral, la consulta previa y las garantías para defender derechos humanos.
Miriam Miranda acusó a Blanca Izaguirre del CONADEH de ponerse del lado oficialista ante el conflicto de la comunidad garífuna de San Juan, Tela en una entrevista con Radio Progreso.
Lo que dijo Miriam Miranda sobre Blanca Izaguirre y Leda Pagán
Entrevista con Miriam Miranda en el mes de agosto. Foto José Manuel Serén.
En entrevista con Radio Progreso, la coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda, reaccionó a las declaraciones de la ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, y de la comisionada nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quienes afirmaron que el cumplimiento de las sentencias pasa por el diálogo y que el Estado está en disposición de hacerlo. Esto fue lo que respondió:
Miranda dijo que le llama poderosamente la atención el énfasis de ambas funcionarias en señalar que OFRANEH no quiere dialogar. Recordó que el propio Estado rompió el diálogo al ejecutar el desalojo forzoso contra una comunidad que tiene sentencia de la Corte IDH. Señaló que ellos sí pidieron una audiencia al presidente de la Corte el 10 de agosto, pero que en esa reunión invitaron a personas que no debían estar.
«No es cierto que no queramos diálogo. Es el diálogo falso, es el diálogo que ellos quieren. Nosotros lo que vamos a pedir es que instalen una comisión interinstitucional para responder a las sentencias.»
Sobre la criminalización
Miranda criticó que la comisionada de Derechos Humanos dé por hecho que existe un delito cometido por la comunidad. Dijo que le asombra que, después de más de un mes, se siga insistiendo en eso, cuando fue el Estado el que violentó la Convención al enviar 300 policías a la comunidad de San Juan.
«¿Cómo es posible que todavía se siga insistiendo de que hay un juicio porque tienen que llegar la gente a demostrar su inocencia? Desde ahí prácticamente la misma comisionada da por hecho que hay un delito.»
Sobre la falta de voluntad política
Miranda dijo que ya van más de 10 años desde la primera sentencia de la Corte IDH, y que la voluntad de la que hablan las representantes del Estado se contradice con el tiempo transcurrido. Señaló que este gobierno ha sido muy claro en su posición de no cumplir.
«No se trata de decir queremos cumplir. El hecho claro es que hubo una violación de la convencionalidad desde el momento que se permitió que llegaran a desalojar una comunidad que tiene sentencia.»
Sobre la justicia y el uso de la ley
Miranda cuestionó por qué se niegan a cerrar el caso contra los defensores después de 40 acciones legales interpuestas. Dijo que han visto a otras personas salir con carta de libertad inmediata, mientras a los garífunas los siguen criminalizando.
«Es una falsa justicia, porque al final se ve clarito a quiénes están sacando de la cárcel y a quiénes quieren seguir con esa criminalización.»
Llamado directo a las funcionarias
Miranda hizo un llamado a que sean más serias. En particular, dijo que tanto la ministra de Derechos Humanos como la comisionada nacional de Derechos Humanos deben demostrar que saben de leyes.
«Mínimamente ellas dos deben demostrar que saben de leyes, porque si no muestran que saben de leyes, entonces no están ocupando el cargo que les corresponde.»
