Ceuta se ha convertido en epicentro de una crisis que va más allá de lo migratorio, transformándose en un tablero de ajedrez geopolítico y electoral. En esta entrevista, el especialista Pablo Ceriani Cernadas desarma el discurso de la “invasión”.
El resultado es un sistema de protección de la infancia colapsado por el cálculo político y una militarización fronteriza que, lejos de frenar los flujos, enriquece al crimen organizado y dispara el costo en vidas humanas en una Europa envejecida que necesita, con urgencia, la fuerza laboral que hoy criminaliza.
Por Adrián Pérez Duarte (@_AdrianPerez_)
Desde Buenos Aires, Argentina
España volvió a expresar su indignación. Pero, a diferencia de lo que sucedió en 2011, cuando la protesta social se abalanzaba sobre las formas de un bipartidismo vetusto y un sistema financiero asfixiante, apuntó sus cañones —mayoritariamente— contra la migración africana.
A quince años del 15M, la demanda “Lo llaman democracia y no lo es”, coreada por aquel suspiro de seda en las principales plazas del país, mutó este 2 de septiembre. El malestar se transformó en un grito durante las manifestaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias: “Es invasión, no inmigración”. Frente a esto, y en menor medida, resonó “Paremos los pies al racismo”, consigna que partidos progresistas y organizaciones sociales enarbolaron para rechazar los discursos de odio hacia los migrantes que ingresaron a fines de julio y que aún permanecen en Ceuta.
En Madrid, al finalizar la manifestación en apoyo al enclave español, integrantes de organizaciones de ultra derecha, como Núcleo Nacional, corearon consignas racistas, corrieron las vallas que los separaban del Congreso de los Diputados y arrojaron objetos contra los policías, que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Según la Delegación del Gobierno, hubo cuatro detenidos (dos adultos y dos menores) y cuatro policías nacionales resultaron heridos. Amnistía Internacional España señaló que las manifestaciones en apoyo a Ceuta “dejaron imágenes de hostigamiento y violencia contra periodistas que cubrían las protestas”.
Desde hace un mes, miles de personas que entraron desde Marruecos, a nado o por tierra, duermen en improvisados asentamientos levantados en playas, áreas industriales, inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o de centros de acogida. Para La Moncloa, hay cinco mil magrebíes en Ceuta; según estimaciones del Gobierno local, entre ocho y nueve mil deambulan buscando un lugar donde comer o dormir.
Ceuta se cocina a fuego lento en una olla a presión. Una tensión que se debate en el tablero de ajedrez donde el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y Vox se juegan mucho de cara a las elecciones generales de 2027.
En ese marco, Amnistía Internacional España pidió a partidos políticos y autoridades peninsulares que condenen públicamente los actos y discursos racistas y xenófobos. Human Rights Watch instó al gobierno español a brindar abrigo adecuado a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que están viviendo sin techo desde que entraron a Ceuta desde Marruecos. Y Save the Children señaló que la desprotección de las niñas migrantes puede convertirse en un caldo de cultivo para situaciones de trata, explotación y violencia.
A un mes del ingreso de 70 mil migrantes al enclave español, Pablo Ceriani Cernadas, ex vicepresidente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias; coordinador del grupo de trabajo encargado de las Observaciones Generales Conjuntas sobre derechos de la niñez en contexto de migración, y de las Observaciones generales conjuntas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre directrices para erradicar la xenofobia y su impacto en los derechos de las personas migrantes, conversó con Prensa Comunitaria sobre la situación migratoria en la frontera con Marruecos, el tratamiento de los niños que cruzaron a Ceuta, el crecimiento de los discursos de odio y la militarización en los controles fronterizos.
Foto de Pablo Ceriani Cernadas.
GEOPOLÍTICA DE LA MIGRACIÓN Y EL USO POLÍTICO DE LAS FRONTERAS
¿Cuál es su análisis del ingreso masivo de migrantes a Ceuta?
No es una crisis migratoria que más de 60 mil personas ingresen en un día por una modalidad en la cual habían entrado 2500 ó 3000 personas en todo el año. No es que, de repente, todos quisieron migrar. Hay un uso político de Marruecos por la visita de Pedro Sánchez a Argelia (N.d.R: el presidente español viajó al país africano el 20 de julio para aceitar la relación con Argel, principal proveedor de gas para la península, con quien se produjo un alejamiento en 2022 cuando Madrid apoyó a Rabat en el pedido de autonomía en el Sahara occidental). Y, como está saliendo a la luz, posiblemente los intereses de Marruecos estén en combinación con Estados Unidos y, eventualmente, Israel. Puede haber distintos factores que llevaron a esto, por diferentes agendas: la de control migratorio para fortalecer la agenda de la extrema derecha europea; la de los países que mencioné para debilitar algunos aspectos de la política española en el plano migratorio o de Palestina. Hay un uso político de la migración para metas que pueden ser electorales, geopolíticas, económicas, o que incluso coadyuven a seguir profundizando la precarización de esas personas migrantes en el lugar donde trabajan.
¿Cómo evalúa el equilibrio actual entre el control fronterizo que ejercen España y la Unión Europea en Ceuta y Melilla y la obligación internacional de garantizar el derecho a solicitar asilo?
Es un equilibrio sumamente inestable y precario. En la estrategia que plantea la Unión Europea (UE) para el control de las fronteras sur y oriental, la migración es vista como una dificultad que se debe prevenir desde la óptica policial y de seguridad. Para ello, necesita de la cooperación de los Estados de tránsito y, sobre todo, de países limítrofes como Marruecos, Libia, Túnez, Egipto, Turquía o, incluso, de Europa oriental.
EXTERNALIZACIÓN DEL CONTROL FRONTERIZO Y ASIMETRÍA NORTE-SUR
¿En qué consiste esa cooperación?
A lo largo de los últimos 20 años o más se han ido haciendo acuerdos bilaterales, con el propósito de que los Estados africanos desempeñen un papel funcional a los objetivos de control migratorio de la UE y sus Estados. Esto llevó a ampliar la vigilancia y militarización del Mar Mediterráneo y, luego, del Atlántico, profundizando un enfoque que prioriza el control antes que el salvamiento de personas que se juegan la vida para llegar a Europa.
¿Cómo impacta la construcción de esa bilateralidad en los flujos migratorios?
Siempre ha sido asimétrica, no desconectada del legado –aún presente– del régimen colonial. Los acuerdos más recientes de la UE (o sus Estados) con Túnez, Mauritania u otros países de África occidental, para que ejerzan una función de tapón, se dan mediante procedimientos en los que no existe el derecho de asilo ni las garantías de debido proceso.
LA EROSIÓN DEL DERECHO DE ASILO Y LAS DEVOLUCIONES DE FACTO
¿Qué sucede con el derecho de asilo en ese contexto de progresiva externalización del control migratorio de Europa en los países africanos?
La posibilidad de migrar, de llegar a una frontera, de pedir asilo, se vuelve cada vez más compleja, a pesar de tratarse de un derecho humano reconocido –al igual que el derecho de toda persona de salir de su país– desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en gran medida, por decisión del entonces bloque occidental). Muchas personas no llegan porque son devueltas, interceptadas, o debido a que fallecen o desaparecen en el mar.
Para alcanzar esa posibilidad, hay que atravesar la frontera con Ceuta de manera regular, lo cual, para la población africana, por ejemplo, subsahariana, es dificultoso.
Ya cruzar el control migratorio en la parte marroquí es bastante complicado. Y luego están las triples vallas, que suponen un serio riesgo de vida intentar atravesarlas. Que una persona de República Democrática del Congo o de Sudán del Sur piense “voy a pasar al puesto fronterizo para pedir asilo en España” es algo prácticamente imposible. Las estadísticas son clarísimas: casi ninguna persona originaria de países del África subsahariana puede llegar ahí de manera regular. Sólo las personas que cruzan de manera irregular –nadando a Ceuta, cruzando el Mediterráneo, por el Atlántico norte hacia otras partes de Marruecos o hacia Canarias– pueden acceder al sistema de asilo en los dos enclaves españoles (Ceuta y Melilla) y alcanzar ese derecho humano.
El uso progresivo de las devoluciones en caliente –o pushbacks, como se las conoce– se presenta como contracara del sistema humanitario y de protección de niños.
Es algo que pasa día tras día y tiene que ver con la cooperación de facto entre fuerzas españolas y marroquíes para que las personas que cruzan la valla o pasan nadando -ante la inexistencia de otra vía- sean devueltas inmediatamente. Son devoluciones de facto, por lo cual son violaciones graves de derechos humanos, incluyendo el principio de no devolución. Es la negación del derecho de asilo.
¿Cómo ha abordado la Justicia europea este tema?
Desafortunadamente hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de febrero 2020 (N.D. y N.T. v. España), que valida esas devoluciones en caliente con el argumento de que, si las personas forzaron las vallas, ejercieron algún tipo de violencia o violaron la ley al ingresar, no pueden alegar la protección del Estado para ejercer el derecho al asilo. Es una sentencia lamentable, contradictoria con principios básicos de derechos humanos.
A partir de estas crisis recurrentes como la de Ceuta, ¿cuál es el grado de urgencia para que la UE implemente canales regulares y seguros de migración que eviten estas emergencias humanitarias?
En un contexto así es absolutamente urgente la generación de canales de vía regular. Eso es una agenda clave. La otra agenda prioritaria es abordar –con un plan de acción en serio, políticas de Estado y compromiso real– las causas estructurales de la migración. Hacerlo supone para Europa sentarse en pie de igualdad con los países africanos.
CAUSAS ESTRUCTURALES, EXPOLIACIÓN Y PARADOJA DEMOGRÁFICA
¿Cuáles son las claves para pensar esa desigualdad?
Es necesario mirar genuinamente el rol de los Estados y empresas europeas en la explotación de recursos naturales en los países africanos. Dicha explotación, sino expoliación, no es más que la destrucción de recursos naturales y un factor de empuje de la migración. A esto se suma la necesidad de los países europeos, con baja natalidad, de trabajadores y trabajadoras, sobre todo en las áreas más precarias de la economía. El control migratorio, por ende, también es un componente de un esquema totalmente funcional a esa precarización del empleo.
Suena incompatible que, frente a la necesidad de mano de obra por el descenso de natalidad, surja la estigmatización y la persecución a los migrantes, que aparecen como problema o peligro.
Los migrantes son presentados como actores que vienen a cambiar la cultura occidental. Con la instalación del sistema colonial, se llevó a ciento de miles de personas por la fuerza a Europa para pelear dos guerras mundiales y cubrir áreas del mercado de trabajo para reconstruir sus ciudades en la posguerra. Esa diversidad cultural que vemos hoy en los países europeos tiene todo que ver con la política europea precolonial, colonial y poscolonial en África.
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA EXTREMA DERECHA Y DISCURSOS DE ODIO
¿Cómo se combina la agenda del control migratorio con la de la extrema derecha europea?
La extrema derecha juega a fortalecer sus plataformas electorales con el discurso antinmigrante. Busca atraer el voto haciendo foco en personas que migran de lugares con determinadas característica fenotípicas o religiosas. Ensalza los patrioterismos populistas. Y, con toda esa estrategia, trata de desviar la atención atribuyendo a los migrantes problemas que pueden tener esas sociedades. O directamente funcionan como una construcción política, por pura especulación electoral, como viene haciendo Vox y el Partido Popular en España, el Frente Nacional en Francia y otros actores en Dinamarca, el Reino Unido o el gobierno italiano, sobre bases de extrema derecha, sino fascistas o filonazis, en ciertos sectores de la sociedad y en organizaciones que vienen dando indicadores preocupantes del crecimiento de esos actores. Se forma así un circuito vicioso entre narrativas políticas estigmatizantes y la implementación de políticas de seguridad que genera más narrativas y así sucesivamente.
La extrema derecha apela a la utilización de fake news en la construcción del migrante como enemigo.
Los bulos son parte de la estrategia de la extrema derecha que, en estos últimos años, parece estar completamente decidida a hacer cualquier cosa para usar políticamente la migración, incluyendo la promoción del odio y el conflicto social. Lo vemos en lo que pasa en Estados Unidos con las deportaciones de gente de América latina a terceros países, por ejemplo: países africanos, como Congo o Eswatini. Es la cosificación literal de las personas.
INFANCIAS DESPROTEGIDAS Y SATURACIÓN DEL SISTEMA DE ACOGIDA
¿Cómo califica la respuesta institucional española hacia las infancias en consideración de los protocolos que exige la Convención sobre los Derechos del Niño?
La obligación del Estado, y en cierta forma es la práctica a priori de España, es el no rechazo en frontera de niños no acompañados y debe realizarse su traslado inmediato a las autoridades del sistema de protección de infancia. Junto con especialistas con enfoques interdisciplinarios, el sistema de protección debe adoptar la evaluación de interés superior del niño para ir tomando medidas de protección de derechos, que puede ser desde cosas inmediatas, en términos de atención de temas de salud mental, por ejemplo. Y, a partir de ahí, ver si el niño o la niña tienen familia en Europa o en otro lugar. Si está buscando asilo, tendría que ser canalizado al sistema de asilo para que pueda empezar ese trámite, sin perjuicio de que sigan bajo la protección de derechos del sistema de infancia.
¿Estos procesos funcionan adecuadamente?
Cuando ingresan muchos chicos en poco tiempo, está el riesgo de saturación del sistema de protección de infancia local, como consecuencia de la falta de voluntad política de ciertos actores a nivel europeo o dentro de España, y de una interpretación restrictiva e ineficaz de lo que establece la ley respecto de la distribución de competencias de la política de infancia. Esos factores obstaculizan o dificultan –cuando llegan muchos niños a lugares como Ceuta, Melilla o Canarias–, que haya una distribución oportuna, efectiva y apropiada, con la protección de derechos guiando esa distribución, a las diferentes Comunidades Autónomas ubicadas en la región peninsular de España.
¿Qué consecuencias genera esa saturación?
Se dificulta determinar los pasos a seguir respecto a la inserción escolar, la reunificación o unificación con familiares que están en un lugar u otro, el trámite de asilo, entre otros temas. Y esa saturación genera discusiones. Muchos chicos se van de los centros de protección porque no obtienen respuestas. Terminan en situación de calle y, a veces, de consumo. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas requiere del compromiso y pasos concretos de todas las autoridades, no sólo a nivel estatal o federal. En el caso de España, a nivel autonómico, a nivel municipal. Y, también, de los demás Estados de la UE.
¿Qué pasa con el Protocolo Marco Estatal sobre determinadas actuaciones en relación con los “Menores Extranjeros No Acompañados” (MENA) que España sancionó en 2014?
A pesar de que ese protocolo fue aprobado por el gobierno español hace años y establece ya no sólo la solidaridad, sino la obligatoriedad entre sistemas de protección de infancia de cada comunidad autónoma para abordar integralmente, dar la respuesta adecuada a cada caso y que funcione ese sistema de protección, lo que hay es un contexto de juego político con narrativas de distintos actores. Una lógica que hace casi imposible aplicar el protocolo de distribución de niños. Hay que cumplir con el protocolo que establece la obligatoriedad de todas las comunidades autónomas de recibir a esos niños. Porque luego el sistema no funciona, los chicos terminan en situación de exclusión. En España, hace años que se estigmatiza y criminaliza a los mal llamados MENAS, niños migrantes no acompañados.
¿Y qué sucede en otros países de Europa?
Ese modelo de distribución tampoco existe a nivel europeo. Debería existir porque muchos chicos tienen familia en Francia o en otros países europeos. Debería haber un sistema coordinado y de cooperación entre los países europeos para que las autoridades de los sistemas de protección de infancia tengan la potestad de poder determinar qué hacer con cada niño, sobre la base de un análisis individualizado: escuchar a los niños, buscar información y ver qué es lo mejor para cada caso (por ejemplo, que vayan a vivir con su madre, tía o hermanos mayores que ya están en Marsella). En lugar de eso, se genera una lógica de saturación donde se alimenta la narrativa punitivista, la cual no soluciona nada, sino todo lo contrario.
MILITARIZACIÓN FRONTERIZA Y EL COSTO HUMANO DE LAS RUTAS MIGRATORIAS
Un sondeo elaborado por Sigma Dos para el diario El Mundo señala que el 82 por ciento de los españoles acompaña la militarización de la frontera con Marruecos.
La militarización de las fronteras genera un aumento del tráfico de migrantes, más personas mueren en las rutas migratorias y se producen más abusos, pero de ninguna manera incide en la reducción de la migración. Con el despliegue de flotas de la armada y de efectivos de otras fuerzas, se pretende enviar un mensaje engañoso a la sociedad: con esas medidas, se detiene la migración, un fenómeno que estuvo desde siempre y ahora, claramente, es mucho más estructural; componente de la desigualdad social que estamos viviendo a nivel global. La militarización y el discurso de la seguridad, como ha ocurrido en México, sigue alimentando el negocio del crimen organizado, las muertes y la precarización. Y, al mismo tiempo, esa deshumanización que supone todo este tipo de políticas y de mirada estrecha también hace que haya poca o ninguna respuesta a las muertes, a las desapariciones. Hay cero discusiones sobre la responsabilidad en las muertes, no sólo de la gente que se ahoga en el mar, sino de quienes pierden la vida por la violencia institucional en prácticas de represión fronteriza, como ocurrió en Melilla en 2022.
