La audiencia de etapa intermedia contra el dirigente campesino se ha suspendido y trasladado para el próximo 8 de septiembre. El Juzgado en una primera audiencia suspendió provisionalmente la acusación porque el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes.
Prensa Comunitaria
La audiencia programada para hoy miécoles 8 de julio en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, Izabal para conocer el caso contra Leocadio Juracán, dirigente campesino, fue suspendida y reprogramada para el próximo 8 de septiembre.
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) califica que esta suspensión es maliciosa porque prolonga un proceso que, desde hace meses, mantiene a Juracán sometido en una persecución judicial por el ejercicio de sus derechos constitucionales.
“La insistencia en mantener abierto este caso refleja la intención de mantener vinculado al proceso a nuestro compañero y someterlo a un desgaste emocional, personal y organizativo, afectando también el trabajo de acompañamiento jurídico y la vigilancia del debido proceso que realizan las organizaciones de derechos humanos”, expresó la organización en un comunicado.
La audiencia fue reprogramada para el 8 de septiembre de 2026, a las 10:00 a. m., lo cual genera incertidumbre y desgaste, sin una resolución definitiva que garantice plenamente el respeto al debido proceso.
La suspensión de la audiencia se debe, según la notificación realizada, es que el “expediente original se encuentra en la Sala Mixta de Apelaciones del departamento de Izabal”.
Wendy López, la abogada defensora del dirigente campesino Leocadio Juracán, denunció que es el Ministerio Público el que está manteniendo este patrón de criminalización y que sus acciones no son apegadas a derecho.
El CCDA reiteró que son respetuosos de las autoridades de justicia pero solicitan que se actúe con independencia, objetividad y estricto apego a la ley. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación porque la continuidad de este proceso puede contribuir a la criminalización de un defensor de derechos humanos que no ha cometido delito alguno.
Por aparte del exdiputado y dirigente expresó que se espera la aplicación de la justicia porque colocar un amparo no es un delito; sin embargo, le han señalado del delito de usurpación.
“Defender la tierra, el territorio, el agua y los derechos colectivos no es delito. Utilizar el sistema de justicia para prolongar procesos sin fundamento debilita las garantías del debido proceso y envía un mensaje preocupante para quienes defienden los derechos de los pueblos”, indicaron en distintas ocasiones las organizaciones civiles
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