Con un universidad tomada desde enero, bombas, portones cerrados, hombres encapuchados y armas de fuego, una toma de posesión cuestionada y una comunidad universitaria que se negó a guardar silencio. Esta crónica reconstruye el 1 de julio de 2026, uno de los días más controvertidos en la historia reciente de la USAC.
Por Prensa Comunitaria
La noche en que la usurpación celebró
Con el inicio de la ceremonia organizada por la administración universitaria para oficializar la continuidad de Walter Ramiro Mazariegos Biolis en la rectoría, se escucharon varias detonaciones. No eran cohetes de celebración. Eran bombas lanzadas para dispersar a los universitarios que, desde hacía meses, se pronunciaban contra el fraude electoral.
A las 11 de la mañana, mientras Mazariegos aparecía de forma virtual en una pantalla gigante para anunciar que había firmado el acta administrativa que lo mantenía al frente de la Universidad de San Carlos, pese a los señalamientos de no tener finiquito, lo primero que recibió la comunidad universitaria no fue su discurso, sino el chorro de una pipa de agua y el estruendo de las primeras bombas que caían cerca de sus pies.
Nueve horas antes, como si se tratara de una celebración de un nuevo año, a las 12 de la madrugada del 1 de julio de 2026, el silencio del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) fue interrumpido por el estallido de cuetes. No eran las tradicionales celebraciones estudiantiles ni el inicio de un nuevo semestre. Era el anuncio de la jornada en la que Walter Mazariegos asumiría un segundo período al frente de la Rectoría, en medio de la mayor crisis institucional que ha vivido la universidad pública desde el retorno a la democracia.
Mientras buena parte de la ciudad dormía, dentro del campus central el movimiento era inusual. Los trabajadores terminaban de instalar una pantalla gigante frente al edificio de Rectoría, colocaban mantas institucionales y ajustaban el equipo de sonido para una toma de posesión sin ceremonia pública y sin la presencia de la comunidad universitaria. La administración la presentaba como un acto de continuidad institucional; para la mayoría de los universitarios, era la consumación de un proceso de imposición que se inició cuatro años atrás.
Foto: Fabricio Alonzo
La universidad amanecía blindada
Desde la noche anterior, distintos accesos habían sido reforzados con personal de seguridad, portones apuntalados y controles de ingreso más estrictos de lo habitual. En el interior de la USAC ya se encontraban personas cuya presencia sería cuestionada durante el resto de la jornada: personas con el rostro cubierto, ubicadas en puntos estratégicos mientras las autoridades universitarias ultimaban los preparativos de una toma de posesión sin un acto protocolario abierto a la comunidad universitaria.
La mañana de la toma de las instalaciones de la USAC
Quienes integran el Consejo Superior Universitario (CSU) fueron convocados a sesión extraordinaria, con la que se daba inicio al nuevo periodo rectoral de la USAC. Durante el tiempo que duró no se realizó ningún acto protocolario de toma de posesión, pero sí la designación de las autoridades que dirigirían las principales dependencias de la Rectoría en el nuevo periodo. Mientras los consejeros se conectaban a la sesión virtual, un grupo de universitarios se concentraba en los portones del campus denunciando que la continuidad de Walter Mazariegos era producto de un fraude electoral y de la complicidad de las instituciones de justicia del país.
Durante la sesión surgieron cuestionamientos sobre la inexistencia de finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y sobre las denuncias penales existentes contra Mazariegos. La Dirección de Asuntos Jurídicos insistió en que la Contraloría había vulnerado los derechos de Mazariegos, mientras este aseguraba que el Ministerio Público no contaba con pruebas que sustentaran su responsabilidad penal. Terminada las intervenciones, la agenda continuó.
Por mayoría de los votos de los consejeros se aprobaron las propuestas presentadas por Mazariegos para integrar su equipo de trabajo. Luis Pedro Ortiz, fue ratificado al frente de la Dirección General de Administración (DIGA); Luis Fernando Cordón Lucero, continúa como secretario general de la Universidad; y la mayor parte de las direcciones conservaron a sus titulares. Los únicos relevos se produjeron en la Dirección General Financiera y del Contador de la USAC.
Poco antes de las siete de la mañana comenzaron a llegar los primeros universitarios al ingreso del anillo periférico. Una vez más encontraron los portones cerrados. Esta vez, además, habían sido reforzados para impedir que fueran abiertos desde el exterior.
Para la mayoría no era sorpresa. La USAC lleva siete meses con el campus central cerrado de forma ininterrumpida y, durante los últimos años, rara vez ha permanecido abierto, como parte de las estrategias de control y de desarticulación de los movimientos universitarios por parte Mazariegos.
Quienes llegaron primero presenciaron los preparativos del dispositivo que horas más tarde recibiría a los manifestantes. Del otro lado de los portones se observan trabajadores de la Dirección General de Administración (DIGA), agentes de seguridad universitaria y varios hombres vestidos de particular, algunos con el rostro cubierto con pasamontañas. Desde el interior les gritaban que abandonaran el lugar antes de que comenzara la concentración.
Foto: Cortesía
Algunos estudiantes aseguraron haber reconocido entre ellos a Luis Pedro Ortíz, director de la DIGA, con el rostro cubierto y portando un extintor. Horas después, esos mismos manifestantes observaron como una pipa de agua era colocada detrás del portón y cómo varios trabajadores trasladaban extintores hacia los portones. Minutos más tarde, tanto la pipa como los extintores serían utilizados para dispersar la protesta.
Conforme aumentaba la concentración de estudiantes hombres y mujeres, docentes, profesionales y trabajadores universitarios, también crecían las consignas contra la continuidad de Walter Mazariegos. La respuesta fueron varias sirenas de alta potencia que comenzaron a sonar de manera simultánea, generando un ruido ensordecedor, que según, denunciaron los manifestantes, buscaba impedir que sus consignas fueran escuchadas y desalentar la concentración frente a los portones.
Mientras tanto, una escena muy distinta se desarrollaba en el ingreso por la avenida Petapa. Allí, trabajadores se concentraban para expresar su “respaldo” a Walter Mazariegos. La presencia de estudiantes y docentes era prácticamente inexistente. Diversos trabajadores denunciaron posteriormente que habían sido convocados por sus superiores y que algunos asistieron por temor a perder sus empleos, mientras otros dijeron haber recibido ofrecimientos de estabilidad laboral o contratos por tiempo indefinido a cambio de participar en la actividad.
Asedio contra universitarios que denunciaron el fraude electoral
Alrededor del mediodía, mientras la tensión continuaba en los portones del anillo periférico, otro episodio comenzaba a desarrollarse en el centro de la ciudad de Guatemala.
Frente al edificio del Congreso de la República fueron colocadas tres cabezas de cerdo acompañadas por un cordón con las fotografías de catorce diputados. La acción ocurrió poco después de que varios congresistas presentaran una iniciativa de ley para reformar la integración del Consejo Superior Universitario (CSU), con el propósito de obligar a que los consejeros, cuyos períodos habían vencido, dejaran el cargo y se convocaran las elecciones pendientes para renovar esos puestos.
Tras la presentación de la iniciativa, un autobús extraurbano de San Miguel Petapa, llegó al Congreso. De él descendieron varias personas con el rostro cubierto, dijeron acudir en defensa de la autonomía universitaria. Algunos miembros de la comunidad universitaria señalaron posteriormente que varios de ellos pertenecían a comités de huelga de la facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, señalados de ser controlados por Walter Mazariegos y el decano Henry Arriaga.
La siguiente parada fue el campus central de la Universidad de San Carlos.
Cerca de la una de la tarde, los mismos autobuses llegaron al ingreso del anillo periférico, donde desde hacía horas permanecían concentrados estudiantes, docentes, profesionales y trabajadores universitarios que rechazaban la continuidad de Walter Mazariegos. Los encapuchados descendieron portando bates, palos y morteros, mientras lanzaban amenazas contra quienes participaban en la protesta.
Foto: Fabricio Alonzo
En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron atrapados entre dos frentes.
Del lado interior del campus fueron agredidos con chorros de agua, bombas de fabricación casera, descargas de extintores y gas pimienta. Del lado de la calle, un grupo de hombres encapuchados avanzaba hacia ellos con objetos contundentes. Entre ambos grupos apenas se interponía un reducido contingente de agentes de la Policía Nacional Civil.
Tras el retiro del grupo de choque de Mazariegos, se desplegó un grupo de antimotines en las afueras de la USAC.
La policía y los hombres bajo el pasamontaña
“¡La Policía no me cuida!”, gritó una de las manifestantes mientras las sirenas, las bombas y los chorros de agua seguían saliendo de los portones del anillo periférico, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no accionaron contra los agresores, y mientras respiraban el polvo químico expulsado por los extintores, eran alcanzados por el agua lanzada desde una pipa ubicada en el interior de la Universidad y las explosiones de morteros ocurrían a pocos metros de ellos.
Horas antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) había otorgado un amparo que ordenaba al Ministerio de Gobernación adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante la jornada del 1 de julio. La ejecución de esa resolución quedó a cargo de la PNC.
Para los universitarios, la presencia policial no representó una garantía para el ejercicio del derecho de manifestación. Conforme avanzaban los enfrentamientos, comenzaron a cuestionar el papel de los agentes, al considerar que su actuación no estaba dirigida a detener las agresiones que provenían del interior del campus.
Las grabaciones de video realizadas durante la jornada muestran que la PNC permaneció en el lugar desde que fueron lanzadas las primeras, del otro lado de los portones, con una actitud hostil a los manifestantes, pero no hacia quienes del otro lado cometían actos violentos. Los agentes también estuvieron expuestos al gas expulsado por los extintores, gas pimienta, a los morteros y a otros objetos lanzados durante los enfrentamientos. Sin embargo, durante una citación en el despacho del diputado José Chic, la comisaría general Diana Ramos dijo que los policías desplegados en la Universidad “nunca estuvieron en riesgo”.
Conforme aumentaba la violencia, también se incrementó el despliegue policial. Al lugar llegaron unidades antimotines que formaron una barrera entre los manifestantes y los portones de la Universidad. La posición adoptada por los agentes generó nuevos cuestionamientos entre los universitarios.
“¿A quién vienen a resguardar ustedes?”, preguntó uno de los manifestantes a los antimotines. Ante la falta de respuesta, continuó: “Si vienen a cuidarnos de quienes evidentemente están armados y han puesto en riesgo nuestras vidas, ¿por qué sus policías están formados como si el riesgo fuéramos nosotros?”.
Los policías se limitaban a responder quequerían evitar la confrontación. Los escudos continuaban orientados hacia los manifestantes, mientras a sus espaldas seguían registrándose lanzamientos de agua, bombas, gas de extintores y, según denunciaron los universitarios presentes, detonaciones de armas de fuego provenientes del interior del campus.
La actuación policial también dejó preguntas que continúan sin una respuesta oficial. ¿Quiénes eran los hombres que permanecían con el rostro cubierto dentro del campus? ¿Quién autorizó su ingreso? ¿Pertenecían a empresas privadas de seguridad? ¿Actuaban bajo órdenes de alguna autoridad universitaria? ¿Por qué podían permanecer armados dentro de las instalaciones mientras el acceso seguía restringido para estudiantes y docentes?
Esos cuestionamientos fueron planteados por el diputado José Chic durante la citación a la comisaria general Diana Ramos. La funcionaria no identificó a las personas encapuchadas ni explicó por qué la PNC no intervino para retirarlas del campus durante la jornada del 1 de julio.
Mientras los enfrentamientos continuaban Aníbal García, el abogado e integrante de la agrupación USAC-DIRE, hizo un llamado público a las principales autoridades del Estado. “Le pedimos al ministro de Gobernación, al fiscal general y al presidente de la República que vengan a poner orden en la Universidad”, expresó frente a los manifestantes.
La respuesta nunca llegó. Poco después de las cinco de la tarde, un mortero impactó directamente en el rostro de uno de los estudiantes que participaba en la manifestación. A su alrededor comenzaron a correr decenas de personas para auxiliarlo y trasladarlo hacia un lugar seguro mientras los enfrentamientos continuaban.
¿Y el presidente Bernardo Arévalo?
Al mediodía de esa misma jornada, el presidente Bernardo Arévalo se refirió públicamente a la situación de la Universidad de San Carlos. “La Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley. Como Gobierno respetamos la autonomía universitaria hoy para que sea respetada siempre en el futuro. No nos corresponde elegir a las autoridades de la USAC ni intervenir en sus decisiones internas, pero sí nos corresponde defender el Estado de derecho cuando ha habido procesos torales para la democracia manchados por señalamientos de irregularidades que deben ser resueltos por las instituciones competentes”, dijo.
Mientras el presidente ofrecía esas declaraciones, los enfrentamientos continuaban en los alrededores del campus central. Para numerosos integrantes de la comunidad universitaria, el pronunciamiento no fue sino un mal intento de aparentar neutralidad frente a la violencia que se desarrollaba en la Universidad.
La Procuraduría de los Derechos Humanos también mantuvo presencia en el lugar mediante observadores. Sin embargo, al concluir los hechos, la institución no emitió un pronunciamiento inmediato sobre la violencia ocurrida ese día, una ausencia que fue cuestionada por distintos sectores universitarios.
A las cuatro de la tarde, el presidente se publicitó en el foro “De la Visión a la Acción”, de la Cámara del Comercio de Guatemala, mientras en el campus central las agresiones por parte de los hombres con pasamontañas alcanzaba su auge y un estudiantes resultó gravemente herido.
El 1 de julio concluyó sin que existiera una explicación oficial sobre la identidad de los hombres encapuchados que permanecieron dentro del campus central de la USAC, sobre la razón por la cual la PNC no actuó contra ellos o sobre las decisiones operativas que guiaron el despliegue policial durante una de las jornadas más violentas de la crisis universitaria.
Foto: Fabricio Alonzo/J. Rodríguez
La justicia a contra reloj que nunca llegó
En los meses previos al 1 de julio de 2026, la disputa por la Rectoría de la Universidad de San Carlos dejó de librarse únicamente en los órganos universitarios y pasó a los tribunales de justicia. Amparos, apelaciones, impugnaciones y denuncias penales se convirtieron en no de los recurso legales para evitar la reelección de Walter Mazariegos, quien se imponía producto de un proceso viciado por irregularidades.
La estrategia jurídica se desarrolló en varios frentes. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación promovió un amparo al considerar que Mazariegos no cumplía con los requisitos constitucionales para asumir un nuevo período como rector, debido a la falta del finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas. Paralelamente, el movimiento USAC-DIRE y otros sectores universitarios presentaron docenas de amparos e impugnaciones contra las decisiones del Consejo Superior Universitario y contra el proceso electoral que culminó con la elección realizada el 8 de abril de 2026.
Mientras los expedientes avanzaban entre juzgados, salas de apelaciones y la Corte de Constitucionalidad, la expectativa dentro de la comunidad universitaria era que alguna de esas resoluciones evitara la toma de posesión prevista para el 1 de julio. Cada fallo pendiente alimentaba la posibilidad de que el proceso fuera suspendido antes de que Mazariegos pudiera asumir un nuevo período.
Sin embargo, ocurrió lo contrario.
En las semanas previas a la toma de posesión, la Corte de Constitucionalidad revocó resoluciones favorables a los sectores que impugnaban la elección y rechazó varias acciones promovidas contra el proceso electoral. Otras permanecieron sin resolverse antes del vencimiento del período rectoral. Las decisiones judiciales terminaron despejando el camino para que Walter Mazariegos continuara al frente de la Universidad de San Carlos.
El contraste entre los tiempos de la política y los tiempos de la justicia se hizo evidente. Mientras los recursos continuaban en trámite o eran conocidos de manera escalonada, el calendario universitario avanzaba inexorablemente hacia el 1 de julio. Cuando aún existían acciones pendientes de resolución, la continuidad de Mazariegos ya se había consumado mediante la firma del acta administrativa y la sesión del Consejo Superior Universitario.
La disputa judicial tampoco se limitaba a la elección. Paralelamente, el Ministerio Público mantenía abiertas 17 denuncias penales relacionadas con la gestión de Walter Mazariegos, entre ellas tres derivadas de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, las cuales impedían la emisión del finiquito requerido para ejercer cargos públicos.
En una citación realizada en el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación señaló que, al revisar los expedientes, no encontró diligencias sustanciales de investigación en la mayoría de los casos.
Frente a esos señalamientos, Mazariegos sostuvo públicamente que las denuncias carecían de pruebas y que no existía ninguna resolución judicial que acreditara responsabilidad penal en su contra.
Cuando concluyó el 1 de julio, la expectativa de que los tribunales impidieran la continuidad del rector había desaparecido. Para buena parte de la comunidad universitaria, la batalla jurídica terminó después de que los hechos ya eran irreversibles. La justicia seguía conociendo expedientes; la rectoría, en cambio, ya tenía ocupante.
La historia que aún no termina
El 1 de julio de 2026 concluyó con Walter Mazariegos imponiéndose con violencia e impunidad nuevamente la rectoría de la Universidad de San Carlos. La toma de posesión se concretó en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, protestas de la comunidad universitaria, enfrentamientos en los alrededores del campus y resoluciones judiciales que no llegaron antes de que los hechos se consumaran.
Sin embargo, aquella jornada no puso fin al conflicto universitario.
Al cierre de esta crónica, varias acciones legales relacionadas con la elección de rector y con las decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario continúan pendientes de resolución en distintas instancias del sistema de justicia. Asimismo, permanecen abiertas investigaciones y denuncias que deberán seguir el curso establecido por la ley. El desenlace jurídico de la crisis universitaria, por tanto, sigue siendo una historia en desarrollo.
Tampoco cesó la movilización de la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes, profesionales, trabajadores y egresados que han cuestionado el proceso electoral continúan organizándose mediante acciones legales, pronunciamientos públicos, actividades académicas y espacios de articulación nacional e internacional. Su objetivo sigue siendo el mismo que motivó las primeras protestas de 2022: recuperar la institucionalidad de la Universidad de San Carlos y restablecer mecanismos de elección que generen confianza dentro de la comunidad universitaria.
De manera inmediata, organismos nacionales e internacionales continuaron expresando preocupación por la situación de la universidad pública guatemalteca y reiteraron la importancia de que las controversias pendientes sean resueltas conforme al Estado de derecho y con respeto a la autonomía universitaria. Las observaciones formuladas por estos actores reflejan que la crisis de la USAC ha trascendido el ámbito interno de la institución y se ha convertido en un tema de interés para quienes observan la calidad de la democracia y la independencia de las instituciones en Guatemala.
La Universidad de San Carlos ha atravesado, a lo largo de sus más de tres siglos de historia, períodos de intervención, persecución política, conflictos armados y profundas transformaciones sociales. En cada uno de esos momentos, distintos sectores de la comunidad universitaria impulsaron procesos para resguardar su autonomía, fortalecer su papel público y preservar su carácter como única universidad estatal del país.
El 1 de julio de 2026 quedará registrado como uno de esos momentos decisivos. No porque ese día concluyera la disputa por la Universidad, sino porque evidenció hasta dónde había escalado el interés de sectores corruptos por cooptarla.
