El bloque mayoritario de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una solicitud de retiro de inmunidad contra Teódulo Cifuentes y Flor García Villatoro, denunciados por impulsar la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones sin informar al Congreso.
Por Alexander Valdéz
El grupo mayoritario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluyó en la agenda de pleno, del pasado miércoles, una solicitud para retiro de inmunidad promovida contra el magistrado y expresidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes y la magistrada Flor García Villatoro, ambos promovieron la creación e integración de nuevas Salas de Apelaciones en el interior del país, sin consultar al Congreso de la República.
Sin embargo, decidieron rechazar la denuncia promovida contra los dos magistrados que promovieron la creación de Salas, y que las integraron con magistrados afines a su bloque, sin hacer la consulta al Organismo Legislativo. La decisión les garantiza que no enfrenten un proceso de antejuicio por la posible comisión de algún delito.
Cifuentes era el presidente de la CSJ en septiembre de 2025, cuando se propuso al pleno la creación de por lo menos 20 salas. Aunque no todas fueron creadas en esa oportunidad, sí se conformaron 13. Dichas salas fueron integradas con magistrados suplentes que pasaron a ser designados como titulares “temporales”, sin que se avisara al Organismo Legislativo para que nombrara a las personas en esos nuevos puestos.
Ese procedimiento que se aprobó por mayoría generó una división interna en el pleno, rechazo social y acciones legales que conocieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). También se presentó una denuncia contra los dos magistrados antes mencionados y que ahora fue rechazada sin entrar a conocer por sus colegas.
Por aparte, la magistrada García Villatoro fue incluida en la denuncia porque como representante ante el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) recomendó que no era necesario hacer el aviso al Legislativo para integrar esas Salas de Apelaciones.
El principal señalamiento que se hizo fue que, se habría excedido en sus funciones al avalar una figura no contemplada en la Constitución: magistrados suplentes actuando como titulares provisionales, cuando la Carta Magna solo reconoce magistrados titulares y suplentes, por lo que esta interpretación amplió de forma irregular el texto constitucional, legitimó decisiones cuestionadas de la CSJ y redujo facultades que corresponden al Congreso.
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Pleno de la CSJ se divide
En esa decisión hubo magistrados que estuvieron en contra: Rodimiro Lucero, Flor de María Gálvez, René Girón y Estuardo Cárdenas. Sin embargo, el grupo dominante logró consolidar su propuesta. La creación de nuevas Salas de Apelaciones tendría como objetivo designar personas afines y tratar de fortalecer su grupo de operadores en el interior del país, según las fuentes consultadas.
Prensa Comunitaria publicó el año pasado los listados con nombres de los magistrados elegibles para esas nuevas salas y que se hizo circular durante la plenaria. Además, se supo que en estos iban nombres resaltados de personas ya definidas por el grupo dominante de la CSJ.
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Magistrado alertó sobre irregularidades
Después de aprobarse la integración de las nuevas Salas, el magistrado de la CSJ, Estuardo Adolfo Cárdenas, informó al Congreso su oposición al procedimiento utilizado por el pleno para integrar nuevas Salas de Apelaciones. En un oficio detalló que la designación de magistrados se realizó mediante traslados de titulares, cambios de suplentes e incluso nombramientos de suplentes como titulares, lo cual calificó de “irregular”. Por este motivo el togado no conoció este antejuicio, ayer.
Cárdenas dijo que, conforme a la Constitución, la elección de magistrados de las Salas de Apelaciones corresponde al Congreso y no a la CSJ. Por ello, dejó constancia de su voto razonado disidente, advirtiendo que el procedimiento adoptado por la mayoría de magistrados vulnera el principio de separación de poderes y excede las atribuciones de la Corte.
“Con el firme objetivo de salvaguardar mi responsabilidad, por este acto me permito hacer de su conocimiento -de manera sucinta tales hechos; puesto que, si bien en esa oportunidad se decidió designar a quienes integrarán cuatro Salas de la Corte de Apelaciones, con sede en: El Progreso; Suchitepéquez; Totonicapán; y Coatepeque, Quetzaltenango, así también ya se dispuso la creación de por lo menos- 13 Salas más; y, es probable que para su integración se pretenda proceder de la misma forma”, indicó el magistrado.
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CC avaló el procedimiento
Antes del relevo institucional, la Corte de Constitucionalidad (CC) respaldó la integración de las nuevas Salas de Apelaciones, al haber denegado en definitiva un amparo promovido por un grupo de abogados encabezado por Edgar Ortíz.
La acción legal cuestionó la legalidad del proceso con el que fueron integradas las Salas y pide que se suspenda su funcionamiento hasta que se cumpla lo establecido en la Constitución: notificar al Congreso de la República sobre las vacantes para que sea el pleno de diputados el que realice las designaciones.
Ortíz, uno de los abogados ponentes del amparo, señaló que la CSJ tiene la facultad de crear nuevas salas, pero no la de designar a quienes cubran las magistraturas vacantes, porque corresponde al Congreso de la República. Cuando presentó el amparo dijo que la CSJ anunció la creación de varias Salas de Apelaciones, sin embargo, no informó al Congreso de las vacantes para las nuevas salas que se están creando. “Está dentro de las atribuciones de la Corte Suprema crear nuevas salas, pero no lo es designar a esos magistrados que van a cubrir las nuevas vacantes. A la fecha el Congreso no ha sido notificado de esas vacantes”, indicó.
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