Con esta decisión, la Corte de Constitucionalidad respalda que la CSJ haya realizado designaciones de magistrados en nuevas Sala de Apelaciones del interior del país, sin requerir una designación inmediata por parte del Congreso.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en definitiva y por mayoría rechazar los amparos acumulados que cuestionaban a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por crear nuevas Salas de Apelaciones, en distintos puntos del país e integrarlas con magistrados, sin consultar al Congreso de la República.
Las acciones legales alegaban que la CSJ había excedido sus funciones al realizar nombramientos sin intervención del Organismo Legislativo.
Los accionantes impugnaron decisiones adoptadas por la CSJ en agosto de 2025, mediante las cuales se acordó la creación de nuevas Salas y su integración a través del traslado de magistrados titulares y la designación de magistrados suplentes. También señalaron una supuesta omisión del Congreso al no elegir a los titulares para esas nuevas plazas, como establece la Constitución.
Sin embargo, la CC concluyó que la actuación de la CSJ se enmarca en sus facultades legales para organizar e integrar los tribunales, incluyendo la distribución de magistrados ya electos por el Congreso. La resolución también descarta que exista una amenaza real de irregularidades en futuras integraciones y sostiene que no se configuraron las violaciones constitucionales denunciadas.
“Es facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia determinar el número de Salas, fijar su sede y jurisdicción, así como distribuir a los magistrados ya electos para integrarlas”, resolvió. Con esta decisión, queda firme el mecanismo utilizado por la CSJ para poner en funcionamiento nuevas Salas.
El fallo fue firmado con el voto en contra de la magistrada Leyla Lemus. A favor estuvieron los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Juan José Samayoa y Claudia Paniagua.
CSJ tiene vía libre para hacer más designaciones
En septiembre de 2025, Prensa Comunitaria evidenció que el grupo dominante, integrado por ocho magistrados vinculados al magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, logró consolidar su propuesta para crear nuevas Salas y nombrar magistrados afines.
Además, se expuso que el día de la integración hubo listados con nombres de los magistrados elegibles para esas nuevas salas y que se hizo circular durante la plenaria. También se supo que en estos iban nombres resaltados de personas ya definidas por el grupo dominante de la Corte.
En la acción legal, Edgar Ortíz, uno de los abogados ponentes del amparo, señaló que la CSJ tiene la facultad de crear nuevas salas, pero no la de designar a quienes cubran las magistraturas vacantes, porque corresponde al Congreso de la República.
Cuando presentó el amparo dijo que la CSJ anunció la creación de varias Salas de Apelaciones, sin embargo, no informó al Congreso de las vacantes para las nuevas salas que se están creando. “Está dentro de las atribuciones de la Corte Suprema crear nuevas salas, pero no lo es designar a esos magistrados que van a cubrir las nuevas vacantes. A la fecha el Congreso no ha sido notificado de esas vacantes”, indicó.
Las Salas de Apelaciones son piezas clave en la estructura judicial, pues revisan las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia y garantizan la correcta aplicación de la ley. Sin embargo, su papel se ha visto desvirtuado en los últimos años: varios de sus fallos han favorecido a señalados por corrupción, mientras que en otros casos han servido como instrumento de represalia contra jueces, fiscales, abogados y periodistas.
En el más reciente proceso de elección, la Comisión de Postulación recibió más de 1,500 expedientes de aspirantes, incluidos magistrados en funciones, de los cuales 131 de 134 buscaron su reelección. Finalmente, se integró una nómina de 314 candidatos, de donde se eligieron 156 magistrados titulares y 104 suplentes.
El proceso dejó en evidencia la presencia de aspirantes con antecedentes cuestionables, desde sanciones internacionales hasta señalamientos por corrupción, que al no reunir los requisitos para llegar a la Corte Suprema de Justicia, encontraron en las Salas de Apelaciones una alternativa para mantener influencia dentro del sistema.
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