Un fallo de la CC anula el amparo otorgado a Jonathan Chevez, acusado en el caso TCQ, y lo envía a juicio por posible lavado de dinero relacionado con la firma de un contrato irregular, a cambio de sobornos, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S. A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) revocaron el fallo que benefició a Jonathan Chevez y le había cerrado el proceso por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, en el caso conocido como TCQ. Con esta decisión, la máxima Corte dejó sin efecto la protección que le había otorgado la Sala Segunda de Mayor Riesgo y confirmó que debe enfrentar juicio.
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo “B” resolvió enviar a Chevez a juicio por lavado de dinero, pero cerró el proceso en su contra por asociación ilícita. La defensa presentó un amparo al argumentar que el juez no había explicado suficientemente las razones para someterlo a debate y que no existían documentos que lo vincularan formalmente con las empresas señaladas en la investigación.
En enero de este año, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le dio la razón y ordenó cerrar también el proceso por lavado de dinero. Entre sus argumentos señaló que la decisión de enviarlo a juicio se apoyaba principalmente en declaraciones testimoniales y que no existían documentos que acreditaran su relación legal con las sociedades investigadas. Sin embargo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Empresa Portuaria Quetzal se opusieron a esa resolución.
Al revisar el caso, la CC concluyó que el juez sí había explicado las razones para considerar que existían indicios suficientes para que Chevez enfrentara un juicio. Entre los elementos mencionados figuran declaraciones que lo señalaban como la persona que dirigía las empresas vinculadas al caso, así como operaciones relacionadas con la compra de bienes muebles e inmuebles. La CC aclaró que corresponde al tribunal de sentencia analizar las pruebas durante el debate y determinar si se demuestra su responsabilidad penal.
“Resolviendo conforme a Derecho: a) deniega el amparo solicitado por Jonathan Harry Chevez contra el Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo del departamento de Guatemala, Grupo ‘B’; b) no condena en costas al postulante por la razón considerada”, falló.
La CC revocó la sentencia de amparo favorable para el acusado y mantuvo vigente la resolución que ordenó abrir a juicio el proceso por lavado de dinero. Este fallo reactiva el caso y se debe retomar la fase de ofrecimiento de pruebas. En julio, el juez Eduardo Orozco se abstuvo de dejar libre al acusado y dijo que esperaría a la decisión de la CC para retomar el expediente.
Se reactiva un caso de corrupción
Según la acusación del MP, Jonathan Harry Chevez habría ocultado dinero de origen ilícito perteneciente a una estructura criminal y realizado operaciones para darle apariencia de legalidad. La antigua FECI sostuvo que, por instrucciones de los líderes de esa organización, habría efectuado transacciones para adquirir bienes muebles e inmuebles con recursos provenientes de actividades ilegales.
El caso data de 2016, cuando aún estaba la CICIG en el país, y señala a las empresas como parte de las operaciones bajo sospecha. Durante la audiencia, el juez tomó en cuenta declaraciones testimoniales que identifican a Chevez como la persona que dirigía esas entidades y manejaba su actividad comercial y financiera. Uno de los testimonios, el de Juan Carlos Monzón, indica que Chevez conocía a los clientes y se encargaba de las transacciones, mientras otras personas figuraban en cargos formales dentro de las sociedades.
Chevez habría sido designado por Monzón, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, para recibir dinero de origen ilícito y ocultar su procedencia. Se presume que su función era administrar esos recursos mediante operaciones financieras que les dieran apariencia de legalidad y permitieran trasladarlos a los exgobernantes a través de la compra de vehículos, propiedades y otros bienes.
En el caso relacionado con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el MP señaló que Chevez habría recibido, al menos en dos ocasiones, transferencias de US$2 millones provenientes de representantes de la empresa, como parte de los pagos vinculados con la concesión para la construcción y el usufructo de 348 mil metros cuadrados en Puerto Quetzal.
Este no es el único proceso que ha enfrentado Chevez: otros casos han tenido dificultades para avanzar durante la gestión de Consuelo Porras al frente del MP, período en el que también se desmanteló la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Acá otra nota que puedes leer:
El caso TCQ
Este fue uno de los casos de gran corrupción desvelados por la antigua FECI y la extinta CICIG. La investigación vinculó al exbinomio presidencial del desaparecido Partido Patriota (PP) y estableció que, de enero de 2012 hasta abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ, S. A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
“Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elias (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez. Ellos se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S. A.”, según el MP.
Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios, y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.
