Las medidas concedidas al acusado consisten en una fianza de Q1 millón, arraigo y prohibición de hablar con coimputados. Se impuso el plazo de 15 días para cancelar la caución económica.
Por Alexander Valdéz
La jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos, resolvió otorgar medidas sustitutivas a Jonathan Chévez, acusado por el Ministerio Público (MP) en por lo menos tres casos de supuesta corrupción.
Las medidas concedidas al presunto lavador de dinero consisten en una fianza de Q1 millón, arraigo y prohibición de hablar con coimputados, para la cual tiene un plazo de 15 días para cancelarlo.
A criterio de la jueza Recinos, no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad. Chévez está en prisión desde 2016, cuando se develó el caso Cooptación del Estado.
Chévez enfrenta otras investigaciones por lavado de dinero y asociación ilícita, por esa razón no podría recuperar su libertad inmediatamente. Figura como procesado en los expedientes conocidos como El Bodegón, Cooptación del Estado y TCQ. Según la FECI, fue el encargado de administrar el dinero producto de sobornos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Según el MP, “Chévez tenía el perfil ideal para el manejo del dinero de Pérez y Baldetti pues poseía cuentas internacionales y era propietario de diversas empresas que utilizaba para mover los recursos en diferentes países y darles apariencia de legalidad”.
Una investigación de elPeriódico develó que Chévez era dueño de: Todo Pago LLC, en Miami, Florida, TransFácil en Panamá, y Trans Fácil y Transacciones Monetarias Unidas en Guatemala. Además de ser dueño de la empresa FortKnox, S.A., la cual se dedica al transporte de valores.
Beneficiado por la CC
En febrero, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una nueva resolución que ordenó quitar un delito a Chévez conocido como “El Mago”, quien se dio a conocer públicamente luego de que fuera acusado en casos de corrupción en la gestión de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, procesos por los que actualmente guarda prisión preventiva.
En el fallo que favorece a Chévez, la CC declaró con lugar una inconstitucionalidad en caso concreto que promovió la defensa del acusado en el proceso denominado “Financiamiento ilícito Líder”, expediente en el que se develó el uso de fondos de Transurbano para la campaña de esa agrupación política.
El acusado argumentó que no podía ser juzgado por el delito de financiamiento irregular no registrado, el cual está tipificado en el artículo 407 “O” del Código Penal. Según él, cuando habrían ocurrido los hechos ilícitos, ese delito no estaba regulado.
