Han pasado 45 días desde que cinco miembros de la comunidad garífuna de San Juan fueron arrestados durante un desalojo ejecutado por más de 200 agentes policiales. Para OFRANEH, el proceso judicial que enfrentan no es más que una persecución política disfrazada.
Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. “¡No mientan, el mundo los observa!”. Con ese grito como advertencia, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció un “plan de despojo y genocidio cultural” contra el pueblo garífuna en la sede del campamento de más de 300 personas montado frente a la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de agosto.
En la mira no solo está el gobierno de Nasry Asfura y su “falso diálogo” con el Poder Judicial, sino también la cadena Televicentro y su periodista estrella, Ulises Aguirre, señalados por alimentar el racismo que, denuncian, mantiene a cinco defensores presos desde el violento desalojo del 6 de julio en San Juan, Tela.
Pero detrás de esta ofensiva no hay solo un gobierno y un periodista. Hay una constelación de apellidos poderosos que, desde hace décadas, controlan los medios de comunicación en Honduras y, en algunos casos, han sido señalados por la justicia internacional por narcotráfico.
La familia Rosenthal, dueña del Diario Tiempo y del Canal 11, ha visto a varios de sus miembros—como el exvicepresidente Jaime Rosenthal y el empresario Yani Rosenthal—ser condenados en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Tras cumplir sus condenas, han recuperado su libertad.
La Corporación Televicentro, por su parte, pertenece a la familia Ferrari Villeda, mientras que el Grupo Opsa—editor de los diarios La Prensa y El Heraldo—es propiedad de la familia Canahuati Larach. Estas no son solo empresas: son los altavoces que, según OFRANEH, han sido utilizados para sembrar odio y justificar el despojo territorial de uno de los pueblos más vulnerables de Honduras.
Foto: Cortesía Pueblos Y Barrios
45 días de injusticia: el caso de los cinco defensores de San Juan
Han pasado 45 días desde que cinco miembros de la comunidad garífuna de San Juan fueron arrestados durante un desalojo ejecutado por más de 200 agentes policiales. Para OFRANEH, el proceso judicial que enfrentan no es más que una persecución política disfrazada.
La organización fue tajante al exigir el cierre definitivo de ese proceso:
“Nuestra exigencia del cierre de persecución penal contra los cinco miembros de la comunidad garífuna no responde a un capricho ni pretende ejercer coacción alguna para que un funcionario incurra en prevaricato administrativo. Se trata de exigir la resolución de las múltiples acciones y recursos legales que nuestros abogados han presentado desde el inicio del proceso, mismo que hasta la fecha, tanto el juez de la Jurisdicción Nacional como el Juzgado de Tela, se han negado a resolver, vulnerando las garantías judiciales y el derecho de nuestros compañeros y compañeras a una justicia pronta y efectiva”.
El respaldo a esta exigencia llegó desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que instó al Estado a “garantizar una justicia pronta y efectiva” y a respetar plenamente la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y las demás garantías del debido proceso.
Foto: Cortesía Pueblos Y Barrios
“Falso diálogo”: el portazo de OFRANEH al Poder Judicial
La convocatoria del Poder Judicial a una mesa de diálogo no fue bien recibida. OFRANEH la calificó como “improcedente, discriminatoria y racista” y decidió no asistir.
Su argumento fue contundente:
“No aceptamos un supuesto diálogo que pretende volver a discutir derechos territoriales ya reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La organización denunció que el gobierno sentó en esa mesa a quienes han usurpado territorios ancestrales y han sido señalados por las comunidades por “generar violencia, persecución, amenazas, muerte, desapariciones y despojo”. Para OFRANEH, es un absurdo:
“Pretender sentarnos nuevamente con quienes han violentado nuestros derechos para negociar aquello que la justicia internacional ya resolvió”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, durante la lectura del comunicado.
La organización considera que este “falso diálogo” forma parte de una estrategia mayor: “una campaña de incitación al odio contra el pueblo garífuna, promovida desde este gobierno que pretende justificar el despojo territorial, la criminalización y la persecución de nuestras comunidades y sus liderazgos”.
Desde el Poder Judicial, en cambio, defendieron la iniciativa. En un comunicado, agradecieron la participación de la OACNUDH y reafirmaron su “compromiso de abordar esta situación con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes de la República”. También publicaron un video con las declaraciones del representante de la OACNUDH, Juan Carlos Monge: “Resalto y felicito el espíritu conciliador, el espíritu de diálogo, que impulsó al presidente de la Corte para llamar a esta reunión”, dijo.
Foto: Cortesía Pueblos Y Barrios
Ulises Aguirre y la maquinaria mediática del odio
El nombre del periodista Ulises Aguirre recorrió la conferencia como un latigazo. OFRANEH lo señaló como uno de los principales voceros del discurso de odio contra el pueblo garífuna, y recordó que fue reconocido por el gobierno nacionalista en el Congreso Nacional, presidido por Tomás Zambrano, como “periodista del año”.
¿El detonante? Un video donde Aguirre, cronista del Congreso Nacional para Televicentro, afirmó en sus redes sociales:
“Pueblos originarios son los lencas, los pech, los tawakas. Ustedes no. Ustedes llegaron de otras latitudes. Muchos de ellos no les gusta ni estudiar ni trabajar. Ustedes son advenedizos”.
Pero el historial de Aguirre va más allá de sus declaraciones racistas. El periodista de TN5 es un íntimo amigo del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y recientemente indultado de una condena de 45 años de prisión por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el escándalo de corrupción conocido como “Lista Hermes” —el desvío de 122 millones de lempiras de Casa Presidencial durante el gobierno de JOH—, Aguirre recibió 32 cheques por 1.2 millones de lempiras (más de 48 mil dólares), según consta en las investigaciones del caso.
Este vínculo no es menor para OFRANEH, que ve en la alianza entre el gobierno de Nasry Asfura, el Poder Judicial y medios como Televicentro una continuidad de las estructuras de poder que históricamente han perseguido al pueblo garífuna. En noviembre de 2025, la organización ya había denunciado a la cadena de medios por campañas de odio.
Las familias detrás de los medios: los dueños del discurso
La denuncia de OFRANEH no se limita a un periodista. Apunta a todo un ecosistema mediático controlado por familias con intereses económicos en los territorios que disputan los garífunas.
La Corporación Televicentro, donde trabaja Ulises Aguirre, pertenece a la familia Ferrari Villeda. Esta empresa controla parte de los canales de televisión más importantes del país, incluido TN5, y es uno de los principales actores en la construcción de la narrativa contra los pueblos originarios.
Grupo Opsa, editor de los diarios La Prensa y El Heraldo—que han publicado notas señalando a los garífunas como “invasores” de propiedades turísticas—, pertenece a la familia Canahuati Larach, uno de los linajes más poderosos del periodismo hondureño.
Y en el centro de los intereses que se disputan los territorios garífunas está la familia Rosenthal, dueña del Diario Tiempo y del Canal 11. Varios de sus integrantes—entre ellos el exvicepresidente Jaime Rosenthal y el empresario Yani Rosenthal—fueron condenados en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Tras cumplir sus condenas, recuperaron su libertad y continúan siendo actores clave en la economía del país.
Para OFRANEH, esta red de medios y poder no es casual. La campaña de odio viene desde noviembre del 2025 que denuncian busca precisamente proteger los intereses de estas familias, que tienen inversiones en el litoral atlántico, tierras que los garífunas reclaman como ancestrales.
La desinformación de Ulises Aguirre
La indignación por las declaraciones de Aguirre no tardó en llegar desde el propio gremio periodístico. El periodista Kenny Castillo, director de Wa Dani, en una entrevista para Reportar Sin Miedo, calificó los comentarios de Aguirre como “totalmente fuera de lugar” y parte de una campaña de desinformación. Con datos en mano, Castillo recordó que Honduras es suscriptor del Convenio 169 de la OIT desde 1994, que reconoce a los garífunas como pueblos originarios, y sentenció:
“Lo que propone Aguirre… eso ya fue abordado, imagínese, hace más de 30 años”.
Y cerró con una frase que se volvió un eco en las redes sociales:
“Mire, si usted se habla sobre un tema que no ha estudiado es un charlatán”.
OFRANEH fue más allá y vinculó el racismo mediático con los intereses económicos. Señalaron que esta narrativa busca justificar el despojo en favor de grupos poderosos, como la familia Rosenthal, y que el gobierno utiliza a medios como la Corporación Televicentro y Opsa para sembrar odio que luego se traduce en violencia real contra las comunidades.
El INA y los intereses que mueven el tablero
Otra pieza clave en la denuncia fue el Instituto Nacional Agrario (INA). OFRANEH acusó a su ministro, Javier Talavera, de utilizar declaraciones públicas, publicadas por El Heraldo y HRN, para profundizar la confrontación racial y justificar el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
La organización sostuvo que el INA:
“Pretende utilizar esta narrativa para justificar la incapacidad de este gobierno para cumplir la sentencia de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna y al mismo tiempo proteger los intereses de la familia Rosenthal y Lazarus” dijo Miriam Miranda mientra leía el comunicado.
Y advirtieron que estas actuaciones “profundizan la violencia en los territorios ancestrales y ponen directamente en riesgo la vida e integridad de las defensoras y defensores que los protegen”.
La mirada internacional: OACNUDH pide freno a la judicialización
La OACNUDH, que acompañó la reunión convocada por el Poder Judicial, saludó la voluntad de diálogo, pero fue clara en su mensaje al Estado hondureño:
“El cumplimiento integral y efectivo de estas sentencias es indispensable para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales del pueblo garífuna”.
Y lanzó una advertencia directa sobre el uso del sistema penal como arma de persecución:
“El derecho penal no debe utilizarse como mecanismo para resolver conflictos territoriales de larga data. Estos conflictos requieren respuestas integrales que atiendan sus causas históricas y garanticen los derechos humanos de las personas y comunidades involucradas”.
El organismo también llamó a las autoridades a adoptar medidas de protección antes, durante y después de cualquier desalojo, conforme a las normas internacionales.
“No es falta de voluntad, es genocidio cultural”
La denuncia de OFRANEH no se quedó en los hechos concretos. Fue al fondo de lo que consideran una estrategia de Estado:
“Lo que estamos enfrentando no es una mera falta de voluntad del Estado, sino la evidencia de un plan de despojo y genocidio cultural contra el pueblo garífuna”.
Ante esta gravedad, la organización anunció que en los próximos días escalarán su lucha con acciones de protesta y acudirán nuevamente a instancias internacionales para exigir que Honduras responda por el incumplimiento de sus obligaciones.
La declaración cerró con un mensaje que quedó flotando como una sentencia:
“No les pedimos violentar ninguna ley, sino hacer justicia y cumplir con sus obligaciones internacionales. No mientan. El mundo los observa”.
La conferencia terminó entre consignas: “¡Pueblo garífuna, presente!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!”. La advertencia ya está hecha. Ahora queda ver si el gobierno de Nasry Asfura escucha o si la comunidad internacional tendrá que intervenir nuevamente.
