Desde la semana pasada las fallas en los sistemas de la Corte de Constitucionalidad (CC) han afectado el trabajo del personal. Fuentes internas señalaron que se han recuperado algunos servicios, pero los trabajadores aún laboran de forma limitada y deben recurrir a procesos manuales para localizar expedientes.
Por Alexander Valdéz
Se cumplieron diez días de las fallas en los sistemas informáticos de la Corte de Constitucionalidad (CC), por ataques digitales confirmados por la propia corte, que continúan afectando el funcionamiento de la institución y el abordaje de distintos procesos que allí se conocen, solo en una semana se llegan a conocer cerca de 400 expedientes entre amparos, apelaciones e inconstitucionalidades.
Esta redacción ha buscado entrevistar a la presidenta de la máxima corte, Annabella Morfín, para conocer sobre la magnitud del problema en sus sistemas, sin embargo, no ha habido una respuesta. Fuentes a lo interno de la máxima corte confirmaron a Prensa Comunitaria que de las agendas planificadas hasta este lunes, es decir, de ocho días, fueron aproximadamente 400 los expedientes que no se pudieron conocer y serán agendados para otra fecha.
Agregaron que la falla en los sistemas también está afectando el trabajo diario del personal. Las labores se realizan de forma limitada, mientras los trabajadores deben buscar expedientes y recurrir a procesos manuales debido a que buena parte de la información y los trámites son digitales.
Se hizo una verificación en el portal oficial de la CC y aunque ya permite acceder, no todos sus servicios están activos. Por ejemplo; en la plataforma, por ahora, no se pueden buscar resoluciones, ni consultar la agenda para monitorear y fiscalizar los casos que allí se conocen, una práctica que ha sido clave para identificar cómo han resuelto los magistrados en distintos asuntos.
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En un comunicado, el pasado 11 de agosto, la CC informó que sus plataformas habían sido objeto de un ataque cibernético que provocó afectaciones temporales en la disponibilidad de algunos servicios tecnológicos. La institución aseguró que activó sus protocolos de seguridad y contingencia para contener el incidente, evaluar su alcance y avanzar en el restablecimiento de los servicios.
Un día después, comunicó nuevas disposiciones ante las dificultades ocasionadas por las fallas técnicas. Mediante el Acuerdo Número 5-2026, suspendió temporalmente el cómputo de los plazos procesales a partir de las cero horas del 10 de agosto y hasta que se restableciera el funcionamiento del casillero electrónico. La CC aclaró que esta suspensión no impedía a los usuarios presentar sus gestiones dentro de los plazos legales, ya fuera mediante memoriales físicos o por correo electrónico.
Estos son, hasta ahora, los últimos dos comunicados públicos de la CC sobre el incidente, uno reconoce que se trató de un ataque cibernético y el otro establece medidas para mitigar sus efectos en los procesos. Sin embargo, las fallas han continuado y han generado retrasos en la gestión de expedientes, según fuentes internas de la CC.
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A través de una carta, seis magistrados expresaron su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los sistemas informáticos y cuestionaron la falta de información detallada sobre el ataque cibernético. En un oficio dirigido a la presidenta de la CC, señalaron que la información trasladada por el área de Tecnología de la Información era insuficiente para conocer qué ocurrió, qué sistemas fueron afectados y cuál es el alcance de la vulneración.
“La ausencia de información suficiente (…) genera incertidumbre respecto del estado real de los sistemas, de los riesgos que aún pudieran existir y de la efectividad de las medidas que se están implementando”, expresaron Los magistrados también cuestionaron la respuesta ante el incidente y señalaron que, pese a que se había informado que los sistemas serían restablecidos, esto no ocurrió.
En el documento advierten que, al momento de elaborar el oficio, habían transcurrido más de 82 horas desde la afectación y continuaban fuera de servicio sistemas esenciales. “El asunto es sumamente preocupante, pues se ha paralizado el actuar de este alto Tribunal”, indicaron. Por ello, solicitaron informes técnicos que permitan establecer cuándo ocurrió el acceso no autorizado, qué infraestructura fue comprometida y si existió extracción, modificación, eliminación o cifrado de información.
Ante el incidente, los magistrados pidieron preservar de inmediato la evidencia digital, verificar la integridad de los respaldos y revisar los accesos administrativos y privilegiados a la infraestructura tecnológica. También solicitaron conocer la denuncia presentada ante el MP y sus documentos de soporte.
El documento fue firmado por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Julia Rivera, Luis Rosales, Claudia Paniagua y José Aguirre Pumay.
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