Prensa Comunitaria tuvo acceso a un oficio en el que el magistrado Roberto Molina Barreto pide a la presidencia de la Corte de Constitucionalidad retomar el trabajo virtual y no tener que presentarse de forma presencial.
Por Alexander Valdéz
El salario de un magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad (CC) ronda más de los Q100 mil mensuales. A ello se suman beneficios como bonos, seguridad, combustible y el uso de vehículo blindado, si así lo requieren. Se trata de un ingreso que contrasta con el de la mayoría de los ciudadanos de a pie: el salario mínimo, por jornadas presenciales que superan las ocho horas diarias, apenas alcanza los Q3,600.
Sin embargo, para uno de los integrantes del pleno, su molestia no está en la remuneración ni en las condiciones del cargo, sino en la obligación de asistir de forma presencial a la máxima corte del país. La medida fue impulsada por la magistrada presidenta, Anabella Morfín, que dispuso que las vistas públicas y sesiones plenarias en esta magistratura se desarrollen de manera presencial.
Durante la pasada magistratura, el trabajo se mantuvo principalmente bajo modalidad virtual. Y sí, se trata del magistrado Roberto Molina Barreto, quien manifestó su inconformidad con el cambio y envió un oficio (007-2026/MIl/RMB/SJ) a la presidencia solicitando reconsiderar la disposición. Su argumento fue la necesidad de atender “asuntos personales”, razón por la cual pide evitar su asistencia física a la sede de la CC.
CC retoma vistas presenciales:
El magistrado justificó su petición en que en la pasada magistratura se utilizó la tecnología en vistas y plenos. Sin embargo, en ese momento se utilizó porque se atravesaba una pandemia de la COVID-19. “Es por ello que, aprovechando las herramientas tecnológicas previamente implementadas, se dispuso -mediante Acta 43-2020, de fecha 14 de abril de 2020, suscrita por todos los Magistrados del Tribunal durante la Séptima Magistratura- la iniciación de las sesiones plenarias en modalidad virtual. Con lo anterior quedó consolidado como un mecanismo aplicable y seguro”, se lee en el documento.
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Una magistratura impuesta
Roberto Molina Barreto ha completado cuatro periodos en la Corte de Constitucionalidad (CC), el magistrado con mayor permanencia en ese cargo. Sin embargo, su más reciente reelección fue controversial. Inicialmente no figuraba entre las opciones del Congreso de la República, y su inclusión en la votación final ocurrió en medio de señalamientos de diputados, que denunciaron presiones externas para respaldar su continuidad.
Según esas denuncias, el entonces encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, hizo llamadas directas a legisladores para solicitar apoyo a la reelección de Molina Barreto. El señalamiento cobró relevancia por el contexto de decisiones previas del magistrado, en las que su voto ha sido clave en resoluciones dudosas.
Entre esos fallos hay resoluciones que beneficiaron a líderes del Barrio 18, vinculados a procesos por narcotráfico, así como la cancelación del partido Semilla, ordenada por el juez Fredy Orellana. En el actual periodo, Molina Barreto también ha marcado línea dentro del pleno al integrar un bloque junto a Dina Ochoa y Julia Rivera, con quienes otorgó un amparo que ordenó repetir la votación de la nómina final de aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP), dejando fuera a jueces y restándole punteo a quienes han ejercido ese puesto.
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