El clima para el ejercicio periodístico en Centroamérica se ha deteriorado, según el cuarto Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica, elaborado por Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), de la Universidad de Costa Rica, junto a la Fundación Heinrich Böll Oficina para Centroamérica.
Por Simón Antonio Ramón
En Centroamérica, se ha generalizado el desplazamiento y exilio de periodistas y la redirección de fondos de la cooperación internacional, lo que obliga a los medios de comunicación independientes replantear sus coberturas, asumir otras actividades fuera del ámbito periodístico, expone el informe Estado de la Libertada de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Se identificó que en la región los actores político-institucionales y simpatizantes de los partidos políticos siguen siendo la principal fuente de presión contra periodistas, centrándose en actuaciones digitales, institucionales y económicas, lo que conlleva a la autocensura.
Este informe se construyó con el monitoreo de medios de comunicación, encuestas y entrevistas a periodistas y dirigentes de medios de comunicación en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Guatemala: un pacto antidemocrático
Este informe señala que el sistema de justicia guatemalteco es ahora la entidad que reprime a la prensa independiente. “Un aparato judicial cooptado que actúa con amplios márgenes de autonomía frente al poder político democráticamente electo, y que utiliza los procedimientos de la justicia como principal herramienta de presión y control”, señala.
El documento señala que uno de los casos de referencia es la criminalización contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien ha estado en dos ocasiones en prisión preventiva y que actualmente tiene dos procesos penales en su contra que lo lleva en libertad condicional.
“Más que un castigo puntual, el caso y su manejo transmiten un mensaje más amplio al resto del ecosistema mediático y de periodistas guatemaltecos: la persecución no requiere sentencias firmes para ser efectiva, basta con la prolongación del proceso, la amenaza constante de retorno a prisión y el desgaste personal, económico y profesional que ello implica”, asegura.
La situación de derechos humanos y acceso a la justicia no ha mejorado desde la llegada del actual presidente Bernardo Arévalo, aunque se desarrolle más en el ámbito judicial, lo que continúa generando exilio y desplazamiento de defensores de derechos humanos y periodistas, pero al final determinará el estado de derecho.
“Asimismo, del resultado de estos procedimientos dependen, en buena medida, las posibilidades de restablecer las garantías mínimas para el ejercicio independiente, crítico y seguro del periodismo en el país”, analizó el informe.
Centroamérica enfrente del autoritarismo
En Costa Rica, se señala que entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se consolidó el estilo confrontativo del Poder Ejecutivo encabezado por el expresidente Rodrigo Chaves Robles hacia la prensa. También un desplazamiento de la estigmatización discursiva hacia formas más complejas de presión institucional.
Asimismo, el informe asegura una ampliación de los ataques y cuestionamientos hacia otras instancias de control que forman parte del sistema de contrapesos democráticos del país, como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Se trata de un patrón de confrontación que trasciende el campo de los medios y tensiona todo el funcionamiento institucional costarricense.
En el caso de El Salvador la situación empeoró desde la última evaluación según este informe. “Los hechos registrados entre octubre de 2024 y octubre de 2025 apuntan hacia un desplazamiento de estas dinámicas hacia formas más abiertamente represivas”, detalla.
También se detallan un periodo de restricciones a coberturas periodísticas, retenciones arbitrarias de personas defensoras de los derechos humanos y hostigamiento directo a comunicadores así como amenazas de muerte, campañas de difamación en línea y seguimiento a periodistas críticos.
En Honduras, se mantienen situaciones de impunidad y presiones coyunturales por las fuerzas de seguridad. Las organizaciones como C-Libre y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desde noviembre de 2025 advirtieron la existencia de un patrón de intimidación militar hacia la labor periodística.
“Esta advertencia la hicieron tras varios casos de hostigamiento a periodistas, medios y empresarios de la comunicación impulsados por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, así como por otros sectores de la cúpula castrense”, asegura el informe.
“Los hechos colocaron en el debate público la persistente debilidad de los mecanismos de control civil y judicial sobre las fuerzas armadas y seguridad. Además, volvieron a visibilizar la ausencia de respuestas institucionales eficaces frente a las denuncias de amenazas u hostigamiento en contra de periodistas”, afirmó.
El informe señala que en Nicaragua se presenta como un caso grave para la región, en donde la labor periodística está mutada. “A diferencia de otros contextos, donde persisten disputas institucionales o márgenes limitados de acción, en Nicaragua el ejercicio del periodismo independiente dentro del país ha sido prácticamente aniquilado como consecuencia de la represión sistemática desplegada por la dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
El informe detalla que hay al menos 260 y 300 periodistas nicaragüenses en el exilio, una situación sin precedente, lo que elimina los contrapesos institucionales internos. “Un indicador empírico del nivel de cierre del espacio cívico y mediático en el país es que la información crítica relativa al régimen proviene, de manera significativa, de medios y periodistas que operan desde el exilio”, afirmó.
Periodistas a viva voz evalúan la región
Para la elaboración del informe se entrevistaron a 110 periodistas de la región acerca de su percepción de la situación periodística, en donde un 78 por ciento señaló que el clima periodístico en Centroamérica se ha empeorado entre octubre de 2024 y octubre de 2025, el periodo en evaluación.
También se identificaron el acoso, campañas de difamación en redes sociales, amenazas personales y familiares ocupan de más de 30 por ciento de las principales modalidades de violencia en contra del ejercicio periodístico; en donde se identificaron a los simpatizantes y militantes de partidos políticos, funcionarios de los organismos Ejecutivos y Legislativos como los principales perpetradores de la violencia.
En el periodo de evaluación 91 de 110 de periodistas entrevistados señalaron que habían sufrido al menos una vez un acto de violencia. Además, el 55 por ciento señaló que hay autocensura de los medios de comunicación con temas determinados y el 29 por ciento consideró que la situación está generalizada.
Entre las principales amenazas percibidas señala que están los discursos estigmatizantes contra periodistas, desinformación, campañas de desprestigio en redes sociales, la precarización laboral, acoso por parte de las autoridades, manipulación de contenidos con inteligencia artificial, concentración de la publicidad en plataformas digitales, concentración de medios, crimen organizado y narcotráfico.
