Con la llegada a Gabriel Estuardo García Luna y la salida de Noé Rivera en la Fiscalía de Derechos Humanos, víctimas y organizaciones sociales esperan que la nueva administración retome los casos estancados en el periodo de Rivera y Consuelo Porras para garantizar justicia a sobrevivientes del conflicto armado
La fiscalía se desmanteló y hubo obstrucción para investigaciones de casos emblemáticos como el Diario Militar, Creompaz y el genocidio Ixil.
Por Simón Antonio Ramón
La justicia transicional por medio de la cual se juzga a los responsables de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1960 a 1996, se estancó en los dos periodos de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general del Ministerio Público (MP) 2018-2026.
Con la llegada del fiscal general, Gabriel García Luna, al Ministerio Público las organizaciones sociales y abogados que acompañan estos procesos esperan que se avance en las investigaciones para que el resto de entidades no tengan excusas para objetar los casos.
Las organizaciones hacen énfasis en que el estancamiento también ha sido posible por la intervención de otras entidades del sistema de justicia como las Salas de Apelaciones, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Es un tiempo en el que se le calificado de regresión autoritaria instalado durante los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales.
La radiografía de la gestión de Consuelo Porras
Una exfiscal, querellantes, una abogada y un abogado, coinciden que la mayoría de los casos de justicia transicional que han tenido una sentencia en el sistema de justicia guatemalteco, ha sido por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no una acción propia del Estado guatemalteco, a partir de las luchas de sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado interno, una lucha considera que han buscado justicia en contracorriente.
La organización de la Naciones Unidas (ONU) define a la justicia transicional como los esfuerzos de una sociedad en para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación, con la finalidad de reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, la confianza en la sociedad y las instituciones del Estado y reforzar el respeto de los derechos humanos, promover el Estado de Derecho y garantizar la no repetición.
“Estamos ante casos o hechos que constituyen graves violaciones a derechos humanos que son crímenes que trascienden internacionalmente y porque lesionan los valores más profundos de la humanidad, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos como masacres, desapariciones forzadas, violaciones sexuales sistemáticas, tortura, genocidio que han alcanzado el grado de ius cogen -son normas en las que la comunidad internacional en su conjunto considera que no pueden ser violados-”, dijo el abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos, quien litigó en el juicio por genocidio en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por asesinato masivo de operaciones militares contra el pueblo ixil durante el gobierno de facto de Ríos Mont.
Durante el proceso de selección de nómina de fiscal general, el 12 de marzo la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, presentaron ante la Comisión de Postulación una tacha con la exfiscal general Consuelo Porras por al menos tres circunstancias. Proteger a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. “Ha desmantelado la Fiscalía de Derechos Humanos y obstruir investigaciones de casos emblemáticos como el Diario Militar, Creompaz y genocidio Ixil”, remarcaron.
El segundo señalamiento está en que la protección de los militares es un acto de desobediencia a las sentencias de la Corte IDH; y el tercer señalamiento en la tacha, es la denuncia realizada por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde señalan a Porras de estar involucrada en adopciones ilegales mientras fue tutora legal del Hogar Temporal Elisa Martínez entre enero y agosto de 1982.
Feliciana Macario aseguró que en este periodo el Ministerio Público cambió de perspectiva, en lugar de juzgar a responsables de violaciones de derechos humanos comenzó perseguir a víctimas y defensores. “El precio que pagamos los pueblos indígenas y las organizaciones de víctimas que luchamos por una justicia real a beneficio de los miles de personas que tienen sed de justicia por las consecuencias del conflicto armado, el pago es la persecución y la criminalización contra personas que alzan la voz como el caso de don Miguel Itzep”, denunció.
La persecución contra Miguel Sanic Tzep, miembro de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, fue conocida el 29 de diciembre de 2024 cuando el Fiscalía de Derechos Humanos bajo la dirección de Noé Rivera dio a conocer que tenía orden de detención por la masacre de Chacalté ocurrido en 1982. También se conoció ese día la orden de detención en contra del excandidato presidencial y exdiputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Pablo Ceto.
Las dos persecuciones fueron rechazadas contundentemente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y el partido político en donde ha militado Ceto. Responsabilizando al MP cualquier atentado a las dos personas criminalizadas.
Otro de los casos de criminalización contra víctimas del Conflicto Armado Interno es el proceso penal abierto en contra de la familia Molina Theissen que llevó a altos mandos militares ante la justicia por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen y violación sexual en contra de Emma Guadalupe Molina Theissen.
Hubo retrocesos y estancamiento
Consuelo Porras asumió como fiscal general y jefa del Ministerio Público el 17 de mayo de 2018. Ella era para Jimmy Morales la idónea, tras tres años de tensiones con su antecesora Thelma Esperanza Aldana Hernández y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Su perfil encajaba con los intereses de empresarios, políticos, militares en retiro y activo, que estaban siendo combatidos por sus vínculos en actos de corrupción lejos de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
De manera coloquial son denominados Pacto de Corruptos. Y Porras era la ficha que lucharía contra la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) -que mientras era dirigido por el exfiscal Juan Francisco Sandoval-, que posteriormente persiguió a toda oposición de ese régimen de corrupción e impunidad.
Hay al menos tres momentos de cambios significativos en la Unidad Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCAI). El traslado de la exfiscal Hilda Pineda como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros y sería destituida el 30 de junio de 2022. En su lugar se designó Tomás Ramírez López. En su gestión se anuló el juicio por genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad, tras un evidente litigio malicioso dirigido por el Instituto de la Defensa Pública Penal y la anulación de todo lo actuado en el caso conocido por CREOMPAZ en donde alto militares son acusados por desaparición forzada.
El 3 de diciembre de 2024, Consuelo Porras destituye a Tomás Ramírez López -quien en 2026 se postuló para fiscal general- y fue sustituido por Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien había dirigido la persecución penal contra las y los exfiscales Virginia Laparra, Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Stuardo Campo, Paola Escobar, Aliss Morán, entre otros exfiscales. Un mes antes de este cambio, el exfiscal Erick De León fue destituido mientras litigaba en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García. Además, había sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una persona corrupta y antidemocrática por lo que fue incluido en la Lista Engel y tiene prohibición de entrar a este país.
El desmantelamiento de la UCAI
En los primeros meses de gestión de Consuelo Porras, los casos de justicia transicional avanzaban sin mayor tropiezo, hecho que no es mérito de su gestión según la abogada Jovita Tzul, quien litigó en 2024 el juicio por genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad contra Manuel Benedicto Lucas García, por operaciones militares en el territorio Ixil mientras fue jefe del Estado Mayor General del Ejército en los últimos dos años de gobierno de su hermano Romero Lucas García.
“Tal vez principio de la gestión pues si se dieron algunos avances entendería que más por la gestión de la fiscal, es por la continuidad que traían los procesos”, dijo. Esa continuidad es porque estos casos tienen larga duración desde el momento de las denuncias hasta un juicio. “Los casos de justicia transicional no son de uno o dos años, son de más de 40 años, algunos están judicializados desde 1990 y desde esa fecha están en investigación, pero en los últimos cuatro años ha sido de retroceso”, aseguró la abogada.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Nery Rodenas señaló que durante la administración Consuelo Porras afectando así a familias que esperan justicia. “La administración de justicia no funcionó durante el conflicto armado interno y mucho tiempo después del conflicto armado no llevó justicia a las víctimas que sufrieron durante este periodo. Se habían logrado algunos avances en otras administraciones como Claudia Paz, ella impulsó mucho la justicia transicional, sin embargo, la queja que tenemos de varios fiscales involucrados en este proceso fue que se les asignaban pocos recursos para el desarrollo del proceso”, dijo.
Al referir al caso por genocidio en contra Manuel Benedicto Lucas García hubo cambios en la fiscalía tanto de despido como el caso del exfiscal Erick De León y traslado. “Se evidenció que realmente no se podía obtener un buen resultado en este tipo de proceso”, aseguró. “No hubo una intencionalidad de apoyar los procesos relacionados con justicia transicional afectando acceso a la justicia de comunidades que durante años venía pidiendo en este tipo de casos”, afirmó.
La exfiscal general y director del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, coincide con Rodenas, indica que, debida a la impunidad del Estado ante estos hechos, el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solo lograron avanzar a pesar de las dificultades, pero con Consuelo Porras la situación de agravó. “La última persona que estuvo a cargo de esa fiscalía cumplió un papel verdaderamente nefasto en momento crítico como el caso por genocidio contra altos mandos militares trasladaron a los fiscales”, dijo.
Jovita Tzul señala que estos cambios marcaron el ritmo del trabajo en la justicia transicional y más con Noé Rivera. “Todo parte del nombramiento del fiscal de sección. Al momento de nombrar a Noé Rivera como fiscal de sección de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, era un mensaje muy claro porque es conocimiento público por redes sociales y medios de comunicación que él es una persona afin a militares y cercano a la Fundación contra el Terrorismo y sectores que se oponen a la investigación de estos procesos y no es casualidad que llegando él empieza con más fuerza con estas cuestiones”, señaló la abogada.
Este cambio coincide según Jovita Tzul con la influencia que ejercen varios de los acusados en casos como el Diario Militar que involucra a altos mandos militares que tienen alcances control político y militar.
Mecanismos de impunidad en casos del conflicto armado interno
Incumplimiento es impunidad
Edgar Pérez indica que una de las obligaciones del Estado en estos casos y el estado de derecho es el deber de garantía, que implica prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos. “El hecho que los casos estén suspendidos, que las audiencias no se lleven a cabo, que las investigaciones se hayan entorpecido, que muchas de las acciones se hayan tergiversado, eso incumple una gran cantidad de sentencia que el Estado de Guatemala tiene en contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el abogado.
Las y los entrevistados señalan que hay decisiones propias del Ministerio Público, pero también puede influir presiones de actores externos vinculados a organizaciones de exmilitares. Sin embargo, la decisiones inmediatas y determinantes son de las altas cortes al momento de conocer las acciones legales que se promueven por las partes involucradas. “El factor externo que más ha influido en la impunidad en los últimos años, es la Corte de Constitucionalidad, ha dictado fallos verdaderamente aberrantes en varios casos, algunos jueces han ordenado destruir la prueba en un fallo que aún no está firme”, dijo la exfiscal general Claudia Paz y Paz.
El sistema de justicia guatemalteca ante la justicia transicional
Un nuevo fiscal, una nueva oportunidad para la justicia
Noé Rivera había dejado la Fiscalía de Derechos Humanos, porque fue ascendido por Consuelo como fiscal de regional del departamento de Petén, pero el fiscal general Gabriel García Luna revocó su ascenso, como las primeras acciones de la actual administración ante el Ministerio Público.
Tras la salida de Noé Rivera de la Fiscalía de Derechos Humanos y un nuevo fiscal general, estos siempre dan esperanza dice Feliciana Macario y se espera que los casos que habían sido estancados durante su gestión, avancen. “Lo que todos deseamos es que se imparta justicia transparente. se retomen los casos que están engavetadas, se abren los expedientes se realicen las investigaciones necesarias, no estamos pidiendo nada más que justicia, porque si queremos una Guatemala próspera con desarrollo, primero tiene que prevalecer la justicia”, dice.
Claudia Paz espera que los fiscales de carrera que llegaron a la fiscalía por méritos propios puedan regresar para investigar y retomar los casos. “Un paso muy importante sería lograr que estas personas vuelvan a la fiscalía, puedan retomar de nuevo las investigaciones porque son quienes más conocen de estos casos”, aseguró.
Durante los 36 años del conflicto armado interno, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) que se estableció después de los Acuerdos de Paz de 1996, determinó que entre 1962 a 1996 fueron asesinadas 200 mil personas, 45 desapariciones y más de 1 millón de desplazados. El informe del CEH titulado “Guatemala: memoria del silencio”, documentó que el 83 por ciento de la población afectada pertenecen al pueblo Maya y el 93 por ciento de los crímenes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco.
