Aunque el presidente y el ministro de Defensa insisten que no se trata de una incursión militar sino apoyo logístico y técnico, la falta de certeza en lo acordado con el gobierno de Trump genera preocupación. Analistas recalcan que combatir el narcotráfico más que acciones militares requiere de una política de control de drogas y financiamiento del crimen organizado que no existe en Guatemala.
Por Isela Espinoza
Una nota periodística del New York Times publicada este jueves generó discusión y cuestionamientos al gobierno de Bernardo Arévalo. Según el medio estadounidense, Guatemala aceptó llevar a cabo ataques aéreos y otras acciones militares conjuntas con el ejército de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Horas más tarde, Arévalo negó que se trate de una incursión militar, pero confirmó la comunicación con el secretario de Defensa estadounidense, Peter Hegseth, a quien solicitó cooperación en el marco de los acuerdos bilaterales existentes entre ambos países.
Analistas consultados por Prensa Comunitaria ven con preocupación la falta de transparencia por parte del gobierno debido a que, aunque a través de las redes sociales compartió un comunicado y la carta enviada a Hegseth después de que la prensa guatemalteca pidiera confirmar la información. Pero continúa desconociéndose detalles clave del alcance del convenio.
El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, coincidió en que si se confirma lo expuesto por New York Times, los detalles del acuerdo son cruciales resaltando que debería conocerse: quién hace qué a quién, bajo qué leyes, bajo qué autoridad, y quién decide sobre cualquier uso de fuerza letal, cuáles son las reglas del enfrentamiento y las reglas sobre la escalada de la fuerza. “Ataques a barcos y aviones sospechosos de transportar drogas serían improbables de reducir los envíos reales de drogas, dejando de lado las consideraciones legales”, escribió a través de su cuenta en la red social X.
La discusión
“De acuerdo a nuestra Constitución, el único que puede autorizar operaciones militares en el territorio es el Congreso de la República, el gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”, dijo Arévalo.
En un comunicado de prensa divulgado a través de redes sociales, el Gobierno señaló que el ministro de la Defensa, Henry Saenz, dirigió una carta a su homólogo estadounidense, Peter Hegseth, para solicitar cooperación en el marco de la Coalición Anticarteles de las Americas (A3C) o Escudo de las Américas. Esta fue creada por el presidente Donald Trump a principios del 2026 y casi 20 países latinoamericanos ya forman parte para enfrentar a los cárteles y el crimen organizado en el hemisferio occidental.
“El Gobierno de Guatemala desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas. De conformidad con los acuerdos y arreglos bilaterales existentes, tales operaciones militares combinadas lideradas por Guatemala profundizarán los intereses bilaterales en derrotar a las organizaciones terroristas y avanzar la seguridad regional y hemisférica”, se lee en la misiva que adjuntó el Gobierno en el comunicado.
La carta tiene fecha del 23 de mayo de 2026. Según, el medio estadounidense, la conversación telefónica entre las autoridades guatemaltecas y Hegseth se habría realizado el 19 de mayo. Durante una entrevista con La Hora, Saenz señaló que la llamada fue el 19 en donde se acordó la solicitud “del incremento de apoyo de operaciones siempre lideradas por las fuerzas armadas del ejército de Guatemala con entrenamiento o con equipo, ya sea donado o prestado, por nuestro socio estratégico Estados Unidos”. Enfatizó que la comunicación oficial se cerró el 23 de mayo. Y hasta la fecha aún no han recibido el apoyo solicitado pero que considera que el próximo mes “vamos a empezar a ver las acciones reales”.
El ministro negó que las incursiones sean conjuntas e insistió que se tratará de soporte el cual no será para operaciones como incautaciones de drogas o desmantelamiento de laboratorios clandestinos sino para ayudar con el arresto de perfiles extraditables. “Ellos nos ayudan con tecnología y capacitación y nosotros hacemos las acciones físicas”, resaltó.
El comunicado del Gobierno señala que en la llamada participaron Arévalo junto con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores “para confirmar los términos de la cooperación”.
Arévalo dijo a la prensa que estos se trataban de entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones a nivel estratégico y apoyo en inteligencia. “Va a durar en la medida que nosotros continuemos con los esfuerzos. Hemos recibido lanchas y otro equipo, pero ahora esperamos intensificar esta colaboración”, manifestó el mandatario.
Aunque Arévalo trató de minimizar el acuerdo. Según New York Times, Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras ya que Ecuador acordó un trato similar a principios de 2026.
Aunque el Pentágono ha aclamado sus ataques conjuntos en Ecuador, los resultados reflejan otro escenario. “En marzo, uno de esos ataques alcanzó a una granja de ganado y productos lácteos, según descubrió una investigación de The New York Times, y no al complejo usado por el narcotráfico del que se jactaba Hegseth cuando dijo que Estados Unidos estaba ‘bombardeando ahora a los narcoterroristas en el terreno´”, se lee en la nota.
El New York Times agrega que el Departamento de Defensa de Estados Unidos busca que Honduras también acepte acciones militares con el objetivo de presionar a México para que acceda a realizar operaciones conjuntas con el narcotráfico.
“Aunque Washington ha estado presionando para que Estados Unidos tenga presencia en el terreno y pueda atacar con drones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las peticiones con firmeza. La estrategia más amplia de la Casa Blanca consiste en normalizar la presencia militar estadounidense en toda América Latina para ganar influencia sobre México”, según dijeron las fuentes consultadas por el medio estadounidense.
Arévalo negó que se realice alguna incursión terrestre o aérea por parte de Estados Unidos en territorio guatemalteco. “La mejor defensa contra cualquier violación de los derechos humanos es el respeto y compromiso nuestro con las leyes de la República”, agregó.
El combate al narcotráfico va más allá de acciones militares
Luis Mack, analista político e investigador ve con preocupación que este tipo de acuerdos se den en el marco de la política actual de Estados Unidos en la que en la región dejó una invasión a Venezuela. “Es el mismo esquema de violación e injerencia. Desde esa perspectiva si se concretaran este tipo de acciones sin el consentimiento del Gobierno o del Congreso sería delicado y complejo. El Gobierno de Guatemala debería de poner un límite para que eso no ocurra”, opinó.
En tanto, la socióloga Carmen Rosa de León Escribano recordó que en el pasado también México atacó militarmente al crimen organizado. El resultado fue una violencia extrema para la sociedad civil y tampoco resolvió el problema.
Resaltó que combatir el narcotráfico y el crimen organizado se requiere de una política de control de drogas, que no existe, o la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos y el Financiamiento del Terrorismo que el Congreso de la República continúa sin aprobar.
“Los grupos criminales más que por la fuerza o por la intervención militar realmente se pueden desarticular por la vía del control bancario y control de los recursos”, comentó.
De León mencionó que en los últimos tres Gobiernos se abrió la puerta para que el crimen organizado y el narcotráfico escalaran al ámbito político y judicial cuya injerencia se puede ver actualmente en el Congreso al oponerse a aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero.
Mientras, que la falta de voluntad en el poder judicial para combatir el crimen organizado se observa a través de la devolución de propiedades a exfuncionarios vinculados con los criminales. Entonces, aunque haya acciones desde el Ejecutivo para combatir el narcotráfico hay una un freno permanente en el organismo judicial y legislativo.
“Estos diputados están poniendo en peligro la soberanía del país, porque si ellos no abonan en cuanto a una política de combate al narcotráfico como la Ley contra el Lavado de Dinero, están prácticamente dando la excusa para operaciones e intervenciones extranjeras, aunque no sean avaladas por la Constitución, ni por el presidente, ni por el Congreso. Vimos lo que pasó en Venezuela. Va a llegar un momento en el que tampoco se va a poder defender el país de una intervención extranjera, buscando controlar estos grupos, dado que las políticas nacionales, los políticos y el Estado no lo están haciendo”, agregó.
Para la socióloga, una intervención militar conllevaría no solo una violación de derechos humanos, sino que también se vulneraría a las comunidades ya que no existe una política de prevención.
McFarland también coincidió en que los narcotraficantes operan “no en un vacío sino en un ecosistema político, económico y social” por lo que la Ley de Lavado de dinero e identificar redes políticas y económicas ligadas a los narcos son clave en el combate al crimen organizado. “Hay un nuevo fiscal general e independiente en Guatemala, Estados Unidos tiene la oportunidad de reparar y fortalecer la relación judicial e investigativa entre las fuerzas del orden guatemaltecas y estadounidenses”, agregó.
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