Un fallo emitido por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con ponencia del magistrado Carlos Ramiro Contreras, respaldó provisionalmente la resolución que devuelve una finca valorada en Q17 millones al expresidente Otto Pérez Molina.
Por Alexander Valdéz
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo provisional solicitado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP) contra la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que devolvió al expresidente Otto Pérez Molina la finca conocida como Los Aguacates que ya había pasado a favor del Estado, al determinarse que la misma fue producto de lavado de dinero.
Prensa Comunitaria conoció que el fallo fue emitido con una ponencia del magistrado Carlos Ramiro Contreras, integrante del grupo mayoritario del pleno de la CSJ y quien anteriormente presidía dicha Cámara. Y aunque es provisional, avala la decisión emitida el 3 de julio de 2025; es decir, el exmandatario mantiene la propiedad conocida como la finca de los aguacates, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango.
Durante el debate realizado en el Juzgado de Extinción de Dominio, el MP evidenció que el valor de la propiedad oscila entre Q19.08 y Q21.20 por metro cuadrado, lo que daría un total de Q16 millones 648 mil. Según la investigación, el terreno abarca unas 16.79 hectáreas y está registrado a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos, S.A. En el interior del inmueble se encontraron caballerizas, un helipuerto y extensos cultivos de aguacate.
Este fallo ya fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Fiscalía de Extinción de Dominio, y será allí donde se tome la última decisión sobre si se confirma o revoca el beneficio para el expresidente, quien tiene dos condenas por corrupción. “Se apeló el no otorgamiento del amparo provisional y lo conoce la CC dentro del expediente 713-2026”, dijo una fuente en el MP que prefirió no ser citada.
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Se avala el fallo de Sala
La propiedad del exgobernante ya había pasado a favor del Estado, por haberla adquirido con dinero proveniente de corrupción, casos por los que fue condenado. Una declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón da cuenta de que la finca se compró a través de empresas de testaferros que pagaron Q5 millones por esas tierras; el Ministerio Público acreditó que parte de ese dinero fue producto de acciones ilícitas.
Sin embargo, en 2025 los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo revocaron una resolución del juez Delmar González y ordenaron devolver la finca, con el argumento de que parte de la investigación del MP fue realizada cuando Pérez Molina aún ejercía la presidencia y contaba con inmunidad, por lo que consideraron inválidas las pruebas relacionadas con el supuesto lavado de dinero y la adquisición anómala del inmueble.
Fue ese el criterio, ahora avalado provisionalmente por la Cámara de Amparo, con el que los magistrados concluyeron que dichas evidencias no podían utilizarse para sustentar la decisión judicial que ordenaba la extinción del bien. El fallo de la Sala fue unánime y estuvo a cargo de los magistrados suplentes Jaime González, Otilio Benjamín López y Belter Mancilla.
Además de devolver la finca, la Sala ordenó restituir una cuenta bancaria con Q1.4 millones y dispuso que los bienes fueran entregados en un plazo de cinco días tras la notificación del fallo.
Dos condenas por corrupción
Otto Pérez Molina es un expresidente que enfrenta dos condenas, pero goza de libertad condicional y se ha librado de resarcir al Estado. En 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” le impuso una condena de 16 años de cárcel y una multa de Q8 millones por los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
Según la acusación de la antigua FECI y la extinta CICIG, la estructura criminal defraudó el sistema de aduanas por más de Q73 millones. Durante el proceso fueron claves los testimonios de Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González alias “Eco”, dos personas cercanas al exbinomio presidencial que detallaron cómo operaba la red. La pesquisa evidenció que la organización ajustaba de manera irregular el impuesto que debían pagar los contenedores al pasar por distintas aduanas del país y simulaba el ingreso de mercancías.
Además, en 2023, la jueza de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos, desarrolló una audiencia de aceptación de cargos en la que el expresidente Otto Pérez Molina admitió haber cometido los delitos de fraude y cohecho pasivo dentro de otro caso; conocidos como Cooptación del Estado, La Coperacha y TCQ. Esa sentencia se agregó a la condena previa en el caso La Línea.
La investigación determinó que funcionarios vinculados al extinto Partido Patriota recibieron al menos Q900 millones en sobornos. Durante la diligencia judicial antes citada, Pérez Molina aceptó su participación en los hechos y reconoció ante la jueza y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) su responsabilidad penal.
Tras analizar la solicitud, la jueza Recinos concluyó que se cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Aceptación de Cargos, por lo que resolvió condenar al exmandatario a ocho años de prisión conmutables y al pago de una multa superior a Q10 millones, multa de la cual después fue exonerado.
Al emitir la sentencia, la juzgadora lo declaró responsable de los delitos de cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero. Debido al procedimiento de aceptación de cargos, las penas fueron reducidas a la mitad. Aunque la fiscalía había solicitado una condena de 22 años de prisión, finalmente se le impusieron tres años y seis meses por lavado de dinero, dos años y seis meses por cohecho pasivo y dos años por fraude.
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La importancia de las Cámaras de la CSJ
El pasado 30 de abril, Prensa Comunitaria evidenció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el control de un bloque mayoritario encabezado por la magistrada Claudia Paredes, aprobó una redistribución de las cámaras internas que modificó el equilibrio de poder dentro del Organismo Judicial. Uno de los principales cambios fue la salida del magistrado Estuardo Cárdenas de la Cámara de Amparo y Antejuicio; que ahora favorece al expresidente, un magistrado de oposición, para integrarlo a la Cámara Civil, de menor peso político.
Cárdenas había ganado notoriedad por emitir votos disidentes en decisiones sensibles dentro de la CSJ. Entre ellas, su oposición a la creación de nuevas salas de apelaciones sin aval del Congreso, su respaldo a exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus posturas contra acciones impulsadas por la FECI relacionadas con la criminalización de periodistas de elPeriódico, incluyendo resoluciones favorables a Jose Rubén Zamora.
La nueva integración fortaleció al bloque mayoritario en las cámaras de Amparo y Penal, espacios clave porque allí se conocen antejuicios, acciones constitucionales y procesos de alto impacto político.
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