A partir del 21, 22 y 23 de abril, podrán presentarse impugnaciones ante la Comisión de Postulación a fiscal general. Sin embargo, con antelación se presentaron varias acciones legales en contra de un proceso que ha desatado discusiones legales que llevaron a la exclusión de candidatos como el juez y ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Actualmente existen amparos ante la CC, Salas de Apelaciones y Juzgados que podrían conocerse en los próximos días.
Por Isela Espinoza
La Comisión de Postulación para elegir a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) concluyó esta semana su trabajo. Sin embargo, el proceso acumula 23 acciones legales en curso (20 amparos y tres denuncias electrónicas), según el registro de Guatemala Visible. De ser conocidas o admitidas, estas acciones podrían afectar y poner en riesgo el proceso de elección, según analistas consultados.
El recuento de Guatemala Visible señala que la mayoría de los amparos han sido presentados contra la postuladora y cuestionan la tabla de gradación y los requisitos para ser fiscal general, así como la integración de la nómina final y otros buscan corrección de la nota de evaluación.
Pero también hay amparos contra el presidente Bernardo Arévalo por supuesta falta de imparcialidad o impedimento para nombrar al nuevo o nueva fiscal general. Durante casi seis horas, de este lunes, entre pausas y cuatro rondas de votación, la Comisión de Postulación integró voto a voto la nómina final que enviará al presidente Bernardo Arévalo.
La lista de seis candidaturas quedó integrada por Beyla Estrada, César Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales y el exmagistrado de Sala, Néctor Guilebaldo de León.
Los días 21, 22 y 23 de abril fueron asignados por la comisión como un periodo de 72 horas para presentar impugnaciones.
Las acciones legales que existen actualmente han sido presentadas en Salas de Apelaciones y Juzgados de lo Contencioso y Civiles, Corte de Constitucionalidad (CC) pero también existen tres denuncias electrónicas en el Ministerio Público que señalan delitos como abuso de autoridad, asociación ilícita e incumplimiento de deberes.
“Lo que está en juego no es solo la calificación del expediente de un aspirante sino está totalmente en juego un proceso de postulación y de elección de fiscal general”, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Movimiento Pro Justicia, previo a la votación de la nota final que obtuvo el ministro de gobernación y uno de los aspirantes a jefe del MP, Marco Antonio Villeda.
La discusión legal que desató el caso de Villeda
El pasado viernes, tras ocho horas de discusiones sin acuerdos y largos recesos, diez comisionados liderados por la presidenta de la comisión y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron la calificación de 41.86 puntos para Villeda. Al no superar los 75 puntos, la nota mínima de ese momento, quedó fuera de la lista de candidatos elegibles. La razón: en su expediente figuraba una certificación de registro como abogado, emitida el 19 de febrero de 2026 por la CSJ.
Sin embargo, tras su exclusión diversos abogados y exjueces han mostrado con antecedentes como el decreto 75-2017 de la CSJ que la carrera de juez sí puede ser tomada en cuenta como parte de la experiencia profesional ya que el derecho no se limita al litigio.
“Es un principio legal que los hechos notorios no tienen por qué probarse y él (Villeda) durante muchos años ha sido conocido por todos los guatemaltecos y medios de comunicación que es juez”, dijo Yolanda Ruiz, abogada y exmagistrada.
Aun así, ese detalle pesó más que sus 30 años de experiencia, al punto que se le evaluó con 0 en ese rubro. Uno de los nueve requisitos para ser fiscal refiere que el o la aspirante debe haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que integran la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
Villeda se ha desempeñado como magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio y juez de extinción de dominio, entre otros cargos.
“La misma Corte Suprema de Justicia en pleno le enmienda la plana a la presidenta de la Corte (Claudia Paredes) que no estaba enterada que desde 2017 hay un acuerdo de la CSJ que dice que los jueces no están obligados a registrarse”, dijo Pérez en referencia al acuerdo 75-2017.
Este acuerdo en el artículo 6, sobre Registro de Identificación dice que la firma manuscrita, firma digital y sello de los jueces se registra en la Gerencia de Recursos Humanos, no en el registro de firmas de abogados litigantes.
“La Gerencia de Recursos Humanos será la encargada de realizar el registro de la imagen digitalizada de la firma manuscrita, rúbrica u otro medio de identificación de cada uno de los empleados y funcionarios judiciales y administrativos, así como el registro de cada sello de las distintas dependencias judiciales y administrativas de apoyo jurisdiccional”, se lee.
La exjueza Erika Aifan también citó este artículo y escribió en su cuenta de X: “La Comisión de Postulación le pide peras al olmo”.
El abogado, Mario Fuentes Destarac también se pronunció al respecto en una columna de opinión titulada “Doble rasero en la aplicación normativa”. En esta recuerda que la CC en una sentencia de amparo del 19 de noviembre de 2014 habilitó a abogados con más de 10 años de haberse colegiado a aspirar a las magistraturas de la CSJ. Y esta resolución rigió para las designaciones de magistrados de la CSJ EN 2014, 2019 Y 2024; de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2014, 2020 y 2026 así como para fiscal general del MP en 2014 y 2018.
“Si las exigencias para uno y otro caso son las mismas, y si la Constitución exige la calidad de ‘abogado colegiado’ para ocupar el cargo de juez o magistrado, no existe fundamento para distinguir, en lo que atañe a los requisitos para optar a la magistratura, entre quienes ejercen jurisdicción y quienes desempeñan en forma independiente la profesión (…) dentro del amplio campo de actuación que la profesión de abogado permite, además de la función jurisdiccional y el ejercicio independiente, se encuentra la de ejercer cargos públicos, en instituciones del Estado, para los que se exige aquel título (agente fiscal, defensor público, secretario de tribunales colegiados, letrado y otros), sin dejar de lado que la profesión puede también ejercerse en el plano académico, sea en la docencia o en el campo de la investigación jurídica (…). En ese sentido, debe entenderse que la Constitución (…) al aludir al ejercicio de la función jurisdiccional y al ejercicio de la profesión de abogado, no se refiere a dos requisitos excluyentes entre sí, sino a los distintos ámbitos en los que puede ejercerse la profesión”, se lee en la sentencia citada por Fuentes Destarac.
Para la exmagistrada, Yolanda Pérez, las ocho horas de impase en la postuladora el pasado viernes fue “la pérdida de tiempo más lamentable y que retrató a la persona que se desapareció todo ese tiempo que su deseo era retrasar el proceso, convencer gente, qué se yo cuál pudo haber sido la intención de retardar tanto el proceso”, manifestó.
Durante la sesión, en varios momentos se observó a Paredes salir junto a comisionados como Luis Aragón Solé de la Universidad San Pablo y Enrique Sánchez Usera de la UPANA que apoyaban su posición de no tomar en cuenta la trayectoria de Villeda como experiencia profesional.
En las últimas horas previo a volver a votar para ratificar la nota de 41.86 para Villeda, Paredes se acercó con otros comisionados entre ellos Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del CANG, José Reyes Valenzuela de la Universidad Da Vinci, Henry Arrigada de la Universidad de San Carlos (USAC), Pablo Maldonado de la UNIS.
Al final, Paredes logró los 10 votos para excluir a Villeda. Quienes se alinearon fueron los decanos de la USAC, UPANA, San Pablo, Da Vinci, Universidad Francisco Marroquín, Regional, Occidente. A ellos se sumaron los votos de Paredes y la presidenta del Tribunal de Honor del CANG.
Este lunes 20 de abril, Villeda acudió al Organismo Judicial donde se realizan las sesiones de la postuladora para solicitar la aclaración del criterio utilizado por la comisión a la hora de evaluar su expediente.
“La Constitución exige que para ser fiscal hay que ser abogado y colegiado activo. Sin embargo, la comisión en esta oportunidad ha tomado en cuenta como parámetro la fecha en que las personas se han inscrito en el registro de abogado de la Corte Suprema de Justicia, este requisito no se había solicitado en ninguna oportunidad porque no es una condición necesaria, por ejemplo, para personas como yo que han hecho carrera judicial toda su vida o carrera fiscal”, afirmó Villeda.
Según recordó el ministro, el requisito que lo excluyó es para quienes ejercen como abogados en el ámbito privado y en el notariado. “Los jueces tenemos prohibición de litigar y también de ejercer el notariado por lo tanto esta condición no es necesaria. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia hace convocatorias para juez no exige este requisito porque entiende que no es una condición necesaria”, agregó y recordó que esta es la tercera ocasión que participa para ser electo jefe del MP, quedando en el 2010 en la nómina final.
Además, el ministro también podría presentar un amparo preventivo para que un Juzgado analice su caso y establezca si se le han violado sus derechos constitucionales y puedan ser restablecidos, comentó durante una entrevista de radio.
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Pérez también mencionó que para ser juez se necesita ser abogado, estar colegiado activo porque sin eso es imposible una judicatura y por lo tanto es parte del ejercicio profesional. “Las lecturas obtusas que se han hecho (en la postuladora del MP) que solo los litigantes tienen el ejercicio profesional están más errados con h”, expresó.
Las voces desde la sociedad civil también se pronunciaron al respecto y exigieron una evaluación “real, no formalismos”. El colectivo Voces Guatemaltecas en el Exilio solicitó a la Comisión rectificar la evaluación de los aspirantes. A través de un comunicado manifestaron su rechazo a la forma en que ha evaluado el ejercicio profesional de varios aspirantes, particularmente de quienes han desempeñado funciones jurisdiccionales.
“Se trata de un criterio de evaluación que distorsiona el sentido del proceso, afecta la igualdad entre postulantes y compromete la objetividad que la ley exige a la Comisión”, declaran. Además, resaltan que la postuladora desconoce una realidad elemental del sistema de justicia: “la abogacía no se ejerce únicamente desde el litigio. También se ejerce plenamente desde la judicatura, mediante el desempeño de funciones jurisdiccionales que requieren formación jurídica, experiencia, criterio técnico y responsabilidad institucional”.
Añaden que reducir el ejercicio profesional no solo es incorrecto, sino que empobrece la evaluación y excluye trayectorias relevantes.
Los debates que han mostrado división en la postuladora
En la conferencia de prensa matutina, Arévalo se refirió al caso de Villeda y también recordó su paso por las últimas tres postuladoras del MP. Aunque evitó dar una postura dijo que las acciones de algunos comisionados parecen arbitrarias “y antojadizas de las normas”.
Además, se refirió a “actores oscuros” que podrían estar interviniendo en la conformación de los 12 candidatos para votar la nómina final. También dijo que su Gobierno ha tenido información sobre amenazas y coacción contra los comisionados. “Están haciendo todo lo que puedan para tratar de impedir una elección transparente y objetiva en donde estén los miembros de la comisión en la libertad de actuar. No sabemos cuáles son los mecanismos de coacción, cualquiera es condenable”, agregó.
La carrera como juez no ha sido la única discusión que ha mostrado división en la postuladora. El martes 14 de abril, la calificación de expedientes mediante la tabla de gradación causó otro debate en torno a la experiencia diplomática del aspirante Ronalth Iván Ochaeta Argueta.
El comisionado Enrique Sánchez Usera, decano de la Universidad Panamericana (UPANA), citando el artículo 251 de la Constitución, consideró que la trayectoria diplomática de Ochaeta no encuadra dentro del proceso.
Sin embargo, la secretaria de la postuladora y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez, argumentó que no puede desconocerse la experiencia acumulada en organismos internacionales y en instituciones vinculadas a derechos humanos ya que Guatemala forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que espacios como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), están relacionados con la defensa de derechos fundamentales. En la OEA Ochaeta ha ocupado diversos cargos y fue cofundador de la ODHAG en 1989.
Ante las divisiones de asignar 13 o 10 años de ejercicio profesional, la comisión sometió a votación las constancias presentadas por el candidato. Al final, Ochaeta obtuvo una nota de 50.20 y quedó excluido del proceso.
Este lunes, Ochaeta también accionó contra la postuladora del MP al presentar un amparo en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil por la calificación que le hicieron los comisionados “omitiendo valorar diversos aspectos dentro de los rubros de experiencia profesional y participación académica debidamente acreditados, violentando y amenazando mis derechos constitucionales”, se lee en el documento.
Tanto el caso de Villeda como el de Ochaeta evidencian los pulsos en la comisión al comparar, por ejemplo, ambas calificaciones con el caso del aspirante César Augusto Ávila Aparicio quien obtuvo una primera puntuación de 69.13 por presentar una constancia extendida por otro abogado como medio de verificación en su experiencia profesional.
Algunos comisionados estuvieron a favor de tomar en cuenta la constancia, mientras que otros no. Pero, cuatro horas y media después, los comisionados votaron nuevamente por si aceptar o no la constancia presentada. Logró 11 votos a favor y modificó la calificación con 28 puntos más para un total de 92.13. Ahora, Ávila Aparicio también forma parte de los seis candidatos que conforman la lista final y que será entrevistado por Arévalo en los próximos días. Él es magistrado suplente de la Sala Regional de Zacapa y es familiar del exdiputado del FRG, Baudilio Hichos. Además, se le vincula a la plataforma dirigida por el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, acusado en el caso de amaño en la elección de cortes, Comisiones Paralelas.
En el 2021, Ávila Aparicio buscó inhibirse de conocer el antejuicio contra el entonces alcalde Esduin Javier Javier (Tres Kiebres) por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres personas.
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Según el análisis de Ibarra, durante la evaluación de expedientes con la tabla de gradación hubo “numerosas injusticias” con un criterio restrictivo en analizar la validez de ciertos documentos. Para la directora del Movimiento Pro Justicia, en estas decisiones es mejor dejar esos enconos personales. Sin embargo, resaltó que no solo está en juego el proceso de elección de fiscal general sino también las políticas de persecución penal a partir de mayo, cuando asuma el nuevo o nueva jefa del MP ya que como se ha visto en la administración de Consuelo Porras, procesos de postulación suelen ser atacados desde el ámbito judicial.
“Hay mucho empecinamiento. Hemos oído a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Postulación tomar la palabra por largo tiempo y reiterar lo mismo en forma incluso sarcástica diciendo: ‘bueno ustedes quisieron calificar de esa manera, ustedes avalaron todo esto’. Ha estado con mucha sorna y la verdad es que, si no lo dijera de esa manera, uno podría estar de acuerdo porque la decisión de tomar el registro de abogado del Organismo Judicial como base para ponderar la trayectoria o experiencia en materia penal por los aspirantes fue tomada por toda la comisión. Pero debe haber la búsqueda de una salida”, agregó.
Por aparte, Pérez recordó la importancia de que las personas que integren las Comisiones de Postulación también gocen de idoneidad y responsabilidad para evitar que en votaciones trascendentales “piensen en intereses etarios para resolver”.
¿Qué podría pasar con las acciones legales?
Para la abogada Yolanda Pérez el riesgo de las acciones legales, si son declaradas con lugar, obligaría a la postuladora a revisar las circunstancias que refieren los amparos. “Aunque lo deseable sería que la postuladora tuviese más cuidado y resolvieran conforme a la ley y al sentido común”, dijo.
Una de las denuncias presentadas es de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) de Ricardo Méndez Ruiz contra la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Annabella Morfín, y la secretaria general de la CC, por supuestamente dilatar de manera dolosa la resolución de un amparo que busca excluir a jueces, por considerar que no cumplen los requisitos para ser fiscal general por no ejercer la abogacía privada. Uno de los primeros excluidos de haberse otorgado ese amparo provisional era Villeda. Sin embargo, esa acción puede afectar a otros perfiles que obtuvieron puntos por su carrera judicial como García Luna que obtuvo 86.21 puntos aunque se mantendría en una nota de 70 puntos. El lunes para terminar de conformar la nómina final, los comisionados redujeron la nota mínima a 70 puntos.
Según un tuit publicado por Méndez Ruiz, la magistrada Morfín, quien goza de antejuicio, a diferencia de la secretaria y el personal administrativo, “habría ordenado agendar para el jueves 23 de abril de 2026 el conocimiento del amparo número 1926-2026, tres días después de que el acto reclamado como ilegal se haya consumado”.
Fuentes internas de la CC indicaron que la propuesta inicial será no conocerla y remitirla a una instancia civil, para que allí se determine si corresponde otorgar o no un amparo provisional. Esta propuesta coincide con el planteamiento formulado en los últimos días de gestión de la CC, encabezada por Leyla Lemus. Sin embargo, en este pleno podría resultar determinante el voto de Julia Rivera, representante de la USAC, para respaldar o rechazar ese proyecto.
Hace una semana, los magistrados de la CC Roberto Molina Barreto y Din Ochoa, conocidos por sus fallos cuestionados, junto a Julia Rivera, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de Walter Mazariegos, firmaron una carta en la que solicitan a la presidenta de la Alta Corte, Annabella Morfin, agilizar el trámite del amparo 1926-2026.
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Para Pérez, también expresidenta del CANG, el único intérprete de la Constitución de la República es la CC, aunque hay veces que la han interpretado “muy mal y otras que la han interpretado mejor”. Según las acciones legales, la Corte de Constitucionalidad podría decidir que se retrotraiga el proceso ha determinado momento. Pero aún está pendiente de ver cómo actuará la presidenta Morfin quien en su discurso de toma de posesión abogó por una magistratura que respete los principios de la Carta Magna.
Liderazgos convulsos
Antes de 1993 hasta ahora 11 personas, entre ellas cuatro mujeres, han sido jefes del MP. La institución ha estado liderada por fiscales generales cuya gestión ha sido criticada por su inoperancia. Antes de ser electa la exfiscal Claudia Paz y Paz, ocuparon ese cargo al menos cinco personas entre julio de 2008 y diciembre de 2010.
Juan Luis Florido, nombrado en 2006 por Oscar Berger, renunció el 29 de julio de 2008 durante el gobierno de Álvaro Colom por críticas al poco avance en casos emblemáticos como el asesinato de tres diputados salvadoreños. Colom nombró en su lugar a Amílcar Velásquez Zarate el 30 de julio de 2008 para terminar el periodo de Florido en mayo de 2010.
Para elegir al siguiente fiscal general el proceso de la comisión de postulación inició ese año. Sin embargo, ante varias irregularidades la entonces diputada, Nineth Montenegro, impugnó el proceso. La jueza Reyna Yes Marcos ordenó repetir el proceso. La comisión de postulación impugnó la decisión y al final la CC resolvió que se repitiera. Sin embargo, la postuladora confirmó a los seis candidatos que integraron la nómina final.
El 25 de mayo de 2010, Colom nombró a Conrado Arnulfo Reyes Sagastume quien se mantuvo en el cargo 17 días y fue acusado por el entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Carlos Castresana de tener un “historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”.
El 9 de junio de 2010, la CC anuló la elección de Reyes y ordenó repetir el proceso desde la convocatoria que hizo el Congreso para integrar la Comisión Postuladora. María Encarnación Mejía García, fue designada jefa interina del MP hasta que en diciembre de 2010, Colom nombró a Paz y Paz.
