La Fundación contra el Terrorismo, una organización cuestionada por corrupción, el pasado fin de semana anunicó que presentó denuncia contra los comisionados de la Postuladora del MP, otra contra la presidenta de la Corte de Constitucionalidad y un amparo que buscaría garantizar la inclusión de Consuelo Porras en la nómina final que se le entregará a Bernardo Arévalo.
Por Alexander Valdéz
La Fundación contra el Terrorismo, una organización sancionada por la Unión Europea, señalada de criminalización y que encabeza Ricardo Méndez Ruiz anunció que presentó una denuncia contra integrantes de la Comisión Postuladora así como otras acciones legales, un acto que ha sido una constante de la FCT y que buscaría presionar a los postuladores para que seleccionen a los aspirantes afines a sus intereses, según han denunciado organizaciones de sociedad civil.
“Estos impresentables utilizan el sistema de justicia como un mecanismo de extorsión e intimidación, ahora contra la comisión de postulación de Fiscal General, la Fundación Contra el Terrorismo debe ser cancelada, el daño que estan causando al sistema de justicia es terrible”, escribió el abogado Javier Monterroso, exfuncionario del MP durante la gestión de Claudia Paz y Paz.
En sus redes sociales, Méndez Ruiz, con sanciones internacionales por corrupción en 40 países, anunció que presentó una querella penal contra los decanos Julio César Cordón, Pablo Alberto Maldonado, Luis Antonio Ruano y la secretaria de la Comisión Postuladora, Patricia Gámez, según él, porque “habrían urdido un plan ilícito para imponer una nómina de seis aspirantes afines al presidente Bernardo Arévalo, utilizando sobornos contractuales futuros y amenazas de veto administrativo”.
“A quienes les indicaron de manera presencial en una reuniones sostenidas los días sábado y domingo de esta semana por la mañana, así como por medio de llamadas telefónicas y mensajes de texto por medio de la red social Signal, que por instrucciones de Bernardo Arévalo, el día lunes 20 de abril del 2026, deben votar por una nómina que fue previamente consensuada”, escribió Méndez Ruiz.
En paralelo, la FCT presentó una segunda denuncia, esta vez contra la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Ana Bella Morfín, y la secretaria general de la CC, por supuestamente dilatar de manera dolosa la resolución de un amparo clave. Según el escrito, la magistrada Morfín, quien goza de antejuicio, a diferencia de la secretaria y el personal administrativo, “habría ordenado agendar para el jueves 23 de abril de 2026 el conocimiento del amparo número 1926-2026, tres días después de que el acto reclamado como ilegal se haya consumado”.
El amparo del que habla Ruiz es el que buscaba excluir a jueces, por considerar que no cumplen los requisitos para ser fiscal general por no ejercer la abogacía privada. Uno de los primeros excluidos de haberse otorgado ese amparo provisional era Marco Antonio Villeda, quien de igual forma no obtuvo una buena calificación y quedó sin ser elegible para la nómina final. Sin embargo, esa acción puede afectar a otros perfiles que obtuvieron puntos por su carrera judicial.
Finalmente, esa misma fundación también presentó una acción de amparo directamente ante la Corte de Constitucionalidad, en la que reclama dos amenazas: primero, que la Comisión Postuladora elabore la nómina de seis aspirantes excluyendo arbitrariamente a quienes obtuvieron las mejores calificaciones académicas, profesionales y éticas. y segunda, una acción legal que buscaría que se incluya y reelija a Consuelo Porras, como ocurrió en la pasada elección.
La recta final del proceso
La semana pasada fue la más tensa del proceso de postulación. Los integrantes de la Comisión Postuladora se sumergieron en la revisión minuciosa de decenas de expedientes, en un ambiente cargado de hermetismo y confrontación. Lo que debía ser una evaluación se trasladó a una discusión entre dos bloques, más aún cuando varios aspirantes como Marco Antonio Villeda, que figuraban como favoritos, comenzaron a ser excluidos por años de experiencia, según ellos, no acreditados. Las sesiones se extendieron hasta altas horas de la noche, como el viernes último.
Por ahora, solo nueve aspirantes superaron los 75 puntos: Gabriel Estuardo García Luna (86.21), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85), Nector Guilebaldo de León Ramírez (79.69), José Manuel Quinto Martínez (79), Brenda Dery Muñoz (90.86), Consuelo Porras (92.33), César Augusto Ávila Aparicio (92.13), Walter Paulino Jiménez Texaj (86.73) y Julio César Rivera Clavería (88.93).
Esto abrirá la puerta para que se baje la línea de corte e ingresen otros aspirantes que se mantienen en una nota cercana, aunque en varios casos ligados a grupos tradicionales de poder con señalamientos de corrupción. Para que uno de ellos pueda integrar la nómina final necesita el voto de diez de los comisionados como mínimo.
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