La nueva magistratura 2026-2031 empezó temprano y con un marcador de 3 contra 2. Pese a las supuestas acciones para evitar que Astrid Lemus asumiera, los cinco magistrados y magistrados titulares y suplentes tomaron posesión de sus puestos de madrugada. Aunque en ese episodio se mostraron unidos el primer pulso político se evidenció luego que tres magistrados titulares buscan presionar para que se resuelva un amparo promovido contra la inclusión de jueces en la elección de jefe y fiscal general del MP.
Por Isela Espinoza
La IX magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031 asumió sus funciones este martes 14 de abril bajo presiones de acciones judiciales y disputas por su integración. Pero también con una agenda con temas pendientes entre ellos la elección fraudulenta de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la designación de fiscal general del Ministerio Público (MP) bajo tensiones políticas, casos de extractivismo y de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y pueblos originarios, campesinos y movimientos sociales.
El acto oficial de la toma de posesión se realizó en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias antes del mediodía. Sin embargo, durante la madrugada la CC a través de sus redes sociales divulgó un comunicado en el que confirmó la integración de la Alta Corte por los magistrados titulares: Annabella Morfin Mansilla, Astrid Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Rivera Aguilar. Como magistrados suplentes asumieron: María Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Rosales Marroquín, Claudia Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.
Seis nuevos magistrados llegan a la CC. Mientras otros cuatro, entre titulares y suplentes, lograron mantenerse en sus cargos, formando una mezcla entre continuidad y renovación. Ahora los 10 magistrados gozan de inmunidad en medio de amenazas de persecución por parte del Ministerio Público (MP)de Consuelo Porras que intentaba ejecutar una orden de detención contra la magistrada Astrid Lemus, designada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
La elección de Lemus se produjo en un proceso marcado por la exclusión de las ciencias afines. Esa exclusión, provocada por un amparo, alteró el equilibrio electoral y dejó en evidencia la intención por evitar su victoria, según lo denunciaron organizaciones de sociedad civil.
En febrero, Lemus denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la existencia de maniobras para impedir que asuma el cargo para el que fue electa.
El relevo en la CC ocurre en un contexto de profundo desgaste institucional. En los últimos años, sus resoluciones han sido señaladas por favorecer a actores políticos tradicionales, sectores económicos, pandilleros o narcotraficantes, debilitando el papel para el que fue creada como garante del orden constitucional en el país.
Este fue un tema resaltado en su discurso de toma de posesión por la ahora magistrada presidenta de la CC, Annabella Morfin quien dijo asumir el cargo en un contexto en el que el Estado atraviesa una “crisis de credibilidad y confianza que ha incidido en su debilitamiento”. Pero, destacó que asume con la “determinación de velar por el orden constitucional”.
Morfin recordó que en 1986 formó parte de la primera CC que se integró tras la elección del primer gobierno democrático del país y abogó por que en esta nueva magistratura se vuelva a los principios de administrar justicia constitucional “observando los principios y valores” de la carta magna.
“Haber formado parte de ella en sus inicios y hoy asumir su presidencia me hace recordar los afanes, compromisos y propósitos con la que cada uno de los funcionarios y empleados que entonces la integramos con la función esencial de defensa del orden constitucional y con el desafío de resguardar la plena vigencia del texto constitucional (…) esa es la actividad jurisdiccional a la que debe retornarse y recuperar ese sentido que corresponde al juez constitucional como guardián de la Constitución”, afirmó.
En su discurso que duró 15 minutos, Morfin mencionó que espera no defraudar “la expectativa y esperanza de que la justicia constitucional sea impartida por un tribunal absolutamente independiente”.
Sin embargo, apenas unos minutos después de haber tomado posesión, los magistrados Molina Barreto y Ochoa, ya conocidos por sus fallos cuestionados, junto a Julia Rivera, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de Walter Mazariegos, firmaron una carta en la que solicitan a Morfin agilizar el trámite del amparo 1926-2026. La acción legal fue presentada por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, y busca excluir a los jueces de carrera del proceso de elección del fiscal general del MP como el actual ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
En este primer pulso, los magistrados solicitan que, de urgencia, se convoque al pleno para conocer el expediente y señalan que ese amparo tiene implicaciones en el proceso de elección del fiscal general. Los togados consideran que la CC debe intervenir como garante constitucional “para dar certeza jurídica al proceso, debido a la relevancia pública que ha adquirido el caso”.
Más información
Según Morfin en 2025, las acciones legales conocidas por la CC sobrepasaron los 10 mil casos lo que los compromete a actuar con celeridad y legalidad. A partir de este martes estará en manos de la presidenta decidir la agenda de los amparos por resolver. La acción de los tres magistrados evidencia la agenda que buscan impulsar contra la postuladora del MP, pero también se encuentra la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El fraude en la USAC
Edwin Orozco, abogado de la agrupación USAC DIRE, dijo que actualmente existen 10 acciones constitucionales de amparo que se encuentran en trámite. Pero, esta semana prevén presentar entre 10 a 12 amparos por cada cuerpo electoral excluido de la elección de la Rectoría. A estos se suman los interpuestos por diputados y miembros de la sociedad civil.
Mientras en el interior del Teatro Nacional se realizó la toma de posesión de la IX magistratura de la CC, en los alrededores un grupo de estudiantes de la USAC manifestaron pacíficamente en un plantón. Rodolfo Chang, rector electo legítimamente por la oposición, recordó que en el caso de la USAC se ha perdido la certeza jurídica y abogó por que la nueva CC garantice la autonomía de la USAC y ordene repetir la elección de rector.
“Lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad en los próximos días es importante más allá de un campus universitario. Esta nueva Corte tiene ante sí una oportunidad genuina e histórica de tomar el camino correcto, de demostrarle a Guatemala y al mundo que aquí sí hay Estado de derecho”, agregó.
Por aparte, Aníbal García, abogado de la oposición, dijo que continuarán insistiendo con amparos y acciones legales para que las maniobras legales que allanaron el camino para consolidar la cooptación de la única universidad pública del país sean revocadas.
“Estamos convencidos que ese acto (de elección) del 8 de abril no soporta el más mínimo examen legal. Estamos convencidos que esa fraudulenta elección no va nacer a la vida jurídica. La Corte de Constitucionalidad en este momento podría retomar el amparo que presentamos el 6 de abril y puede declarar nulo todo lo actuado por el Cuerpo Electoral Universitario el 8 de abril”, declaró.
Persecución a pueblos indígenas
La criminalización y persecución de autoridades indígenas es otro de los temas que la VIII magistratura dejó pendiente. Según el abogado, Alexander Aizenstatd quedó sin resolver el expediente 6172-2025 sobre la inconstitucionalidad de los 48 Cantones de Totonicapán contra la definición del delito de terrorismo. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de los 48 Cantones se encuentran en prisión preventiva desde el 23 de abril de 2025, acusados por el MP de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Ambos lideraron las históricas protestas en defensa de la democracia en 2023. Su proceso ha estado marcado por irregularidades. En febrero, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal apartó al juez B del Juzgado Quinto, Arnulfo Carrera, del proceso penal por una recusación en contra del juez promovida por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.
A pesar de que no se aceptaron ninguno de los argumentos de la recusación, el caso fue trasladado al Juzgado Séptimo a cargo del juez Fredy Orellana quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el socavamiento de la democracia en Guatemala. Además, fue parte de la estrategia de judicialización de las elecciones de 2023 al ordenar la cancelación del partido Semilla y ha perseguido a periodistas y exfiscales.
Abogados opinan que los desafíos para la nueva CC también surgirán a partir de la designación del nuevo o nueva fiscal general del MP ya que la dinámica de ambas instituciones podría cambiar. Aunque en 2022, la magistratura saliente otorgó un amparo provisional que ordenó a la Comisión de Postulación completar la nómina de aspirantes a Fiscal General del MP incluyendo a Consuelo Porras.
En cuanto a las elecciones generales de 2027, es un reto que la nueva magistratura también deberá asumir cuando se inicie con la inscripción de partidos políticos y de candidatos a la presidencia, alcaldías o diputaciones.
Las mineras
Desde la CC, se han suspendido licencias mineras como la de San Rafael, Minera Fénix y El Tambor, en La Puya. La magistratura saliente tuvo conocimiento del proyecto de extractivismo de Cerro Blanco y en 2022 suspendió de forma provisional artículos del Reglamento de Consulta Municipal a solicitud de comunidades del municipio de Asunción Mita, Jutiapa, organizados en la Resistencia Miteca.
En 2026 al menos tres proyectos mineros se han reactivado de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico. En enero, la empresa Aura Minerals Inc publicó en sus redes sociales, una licencia de construcción del proyecto Era Dorada antes conocido como Cerro Blanco.
La Resistencia Miteca ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cierre definitivo y la cancelación de todo tipo de licencias que se le haya emitido a favor de Era Dorada.
Los ríos Ostúa, Güija y Lempa son ríos que atraviesa los territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que las comunidades han denunciado que las actividades mineras que busca realizar el proyecto Era Dorada -antes Cerro Blanco- afecta esta región denominada región Trifinio, protegida por un tratado internacional creado entre los países.
Más información
