La Asociación Internacional de Jueces presentó un informe final sobre la visita que realizó a Guatemala una misión de juristas para observar el proceso de elecciones de segundo grado, entre ellas la de fiscal general del Ministerio Público. En la presentación, los panelistas resaltaron su preocupación por la presión contra comisionados y candidatos, además que la lista final del MP no tome en cuenta la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes al cargo. También abordaron los desafíos a lo que se enfrenta la búsqueda de independencia judicial en Guatemala y resaltaron la importancia de los pueblos indígenas en la defensa de la democracia.
Por Isela Espinoza
La Misión Internacional de Jueces integrada por cuatro juristas y académicos de Alemania, Suecia, Noruega y Polonia presentó el informe final sobre la observación que realizó al proceso para elegir a fiscal general y jefe del Ministerio Público.
Dorota Zabłudowska, jueza del Tribunal de Distrito de Gdańsk-Południe, Polonia, y vicepresidenta de la Unión Internacional de Magistrados; Astrid Bode, jueza del Tribunal Regional Superior de Naumburg, Alemania, y miembro de la Asociación Alemana de Jueces; Hanna Werth, jueza del Tribunal Administrativo de Malmö, Suecia, y presidenta de la Asociación Sueca de Jueces y Hans Petter Graver, Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Oslo, Noruega, delegado por la Asociación Noruega de Jueces, estuvieron en Guatemala del 23 al 27 de marzo. Durante estos días, sostuvieron reuniones con jueces, abogados, representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, líderes indígenas y diplomáticos en Guatemala.
Durante la conferencia de prensa, Zabłudowska dijo que la misión también tenía entre sus objetivos evaluar el Estado de derecho y la independencia judicial del país. “Este proceso no solo es importante para Guatemala sino a nivel internacional”, añadió.
Los encargados de presentar el informe fueron Hans Petter Graver y Astrid Bode. El jurista noruego dijo que 2026 para Guatemala representa un año electoral crítico para las instituciones judiciales debido las elecciones de segundo grado, dos de ellas la de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad ya han concluido.
“Estas elecciones y procesos tienen importancia estratégica no solo para las instituciones judiciales sino para la democracia en Guatemala. El Estado de derecho es una condición previa para una democracia liberal”, dijo Graver.
Esta semana, la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público se encuentra en su fase final. Entre el lunes 13 y el jueves 16 se ha realizado la evaluación de los 48 expedientes de los candidatos. A través de la tabla de gradación, quienes tengan o superen la nota mínima de 75 puntos podrán pasar a la fase de votación para integrar el listado final de seis aspirantes que será entregada al presidente Bernardo Arévalo.
El presidente Arévalo deberá elegir el rumbo de esta institución cooptada por actores corruptos y del crimen organizado. En sus dos últimas gestiones como jefa del MP, Consuelo Porras aumentó la criminalización contra operadores de justicia que lucharon contra la corrupción, defensores de derechos humanos, periodistas y recientemente líderes indígenas que lideraron las históricas manifestaciones en defensa de la democracia en 2023.
Este jueves, a pasar de las más de 25 tachas recibidas por la sociedad civil, Porras logró superar la nota mínima y con 92.33 puntos se convirtió en elegible para integrar la nómina final del MP.
La presentación del informe se dio previo al inicio de la tercera jornada de evaluaciones de los expedientes por parte de la Comisión, sin embargo, Graver resaltó que la elección de los candidatos debía ser basada en el mérito, objetivos y criterios transparentes. Además, subrayó que la selección del o la fiscal general es clave para la reconstrucción de la confianza institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Los riesgos
En cuanto a los plazos y procedimientos, la misión señaló que, aunque se han cumplido persisten dudas sobre la aplicación efectiva de criterios objetivos para evaluar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.
El informe señala que durante la visita se observaron riesgos de una posible judicialización de candidatos o integrantes de la comisión del MP mediante el uso de acciones legales que podrían incidir en su desarrollo.
“Se identificaron preocupaciones sobre posibles escenarios de presión o temor que podrían afectar tanto a comisionados como personas aspirantes, así como el riesgo de que las decisiones finales no incluyan valoraciones sustantivas sobre la idoneidad y honorabilidad de las candidaturas”, señalaron.
Los pulsos en la postuladora
De las reuniones sostenidas, los delegados identificaron un clima generalizado de desconfianza y “una alta percepción de politización, que daña al sistema jurídico”.
En la etapa final de la postuladora del MP, se ha observado el pulso de las fuerzas que buscan mantener cooptada esta institución. El primero se dio el lunes, cuando la votación se entrampó durante dos horas luego que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la postuladora, Claudia Paredes, propuso que al aspirante Gabriel García Luna no se le sumaran años de experiencia como abogado cuando ejerció como juez. La moción buscaba dejar fuera a perfiles como el del actual ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda, quien podría ser uno de los favoritos de Arévalo para ser nombrado jefe del MP.
Luego, a pocas horas de haber tomado posesión la IX magistratura de la CC, los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera presentaron una carta para solicitar a la presidenta Anabella Morfín, agilizar el trámite del amparo 1926-2026 presentado por el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo. La acción legal también busca excluir a los jueces de carrera del proceso de elección del fiscal general.
Ricardo Méndez Ruiz también se sumó a la postura de excluir jueces del proceso de elección de fiscal general al interponer una denuncia contra Patricia Gámez, secretaria de la postuladora y varios comisionados que defendieron la participación de jueces en la elección, comparando la situación de fiscales del MP o abogados de la Defensa Pública Penal que no pueden ejercer la abogacía privada, pero se les permite participar. Gámez consideró que la denuncia de Méndez Ruiz es un intento de coacción.
Por último, Patricia Gámez, secretaria de la postuladora, alertó al inicio de la sesión del martes 14 de abril que la denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz contra ella y varios comisionados es un intento de coacción.
Graver recordó que el cargo de fiscal general es vital para la confianza pública pero también la institución es clave para el combate de la corrupción. “Un clima de desconfianza socava la confianza en el sistema de justicia”, comentó.
El informe resalta que la Misión identificó una fractura estructural entre la judicatura y la magistratura ya que mientras el acceso a la carrera judicial se basa en mecanismos de oposición, el ascenso a cargos de magistratura está sujeto a procesos técnico-políticos que introducen riesgos de politización y afectan la meritocracia.
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Recomendaciones de jueces internacionales
“La renovación completa y simultánea de las altas cortes cada cinco años genera inestabilidad institucional y debilita la continuidad jurisprudencial”, se lee en el comunicado.
Astrid Bode, la jueza del Tribunal Regional Superior de Naumburg, Alemania, fue la encargada de dar las recomendaciones entre las que resaltó el fortalecimiento del sistema judicial con mecanismos de ascenso objetivos, transparentes y meritocráticos, revisar el modelo de elecciones de segundo grado para reducir espacios de discrecionalidad, mejorar los mecanismos de evaluación de aspirantes con criterios claros y consistentes, prevenir la judicialización indebida de los procesos de selección y garantizar condiciones seguras para operadores de justicia, sin intimidación ni represalias.
“Pensamos que el Ministerio Público podría fortalecerse promoviendo su autonomía, carrera fiscal y especialización técnica. Condiciones seguras para operadores de justicia protegiéndolos de cualquier forma de intimidación, amenazas o represalias. Escuchamos informes de que algunos colegas temían o se enfrentaron a barreras para ser candidatos a magistrados”, agregó.
Ambos panelistas reconocieron el papel fundamental de las autoridades y líderes indígenas en el país al recordar que en 2023 defendieron la democracia, pero también lo han hecho durante estos procesos de elección de magistrados y otras instituciones claves del país pese a la criminalización que ha emprendido el sistema judicial contra ellos.
A pesar de su liderazgo, el informe resalta que identificaron barreras lingüísticas, geográficas e institucionales que limitan su acceso a la justicia y su participación en los procesos de elección de segundo grado por lo que otra de las recomendaciones es que se promueva su inclusión y participación en el sistema de justicia.
“Las autoridades indígenas desempeñan un papel importante en la democracia guatemalteca en general, en estos procedimientos de selección y han jugado un papel en la resistencia contra la captura institucional. Pero, observamos que existen desigualdades sistemáticas aún en acceso a la justicia y participación en las elecciones en proceso. El número de candidatos, abogados o jueces indígenas no representan de ninguna manera la proporción de esta población en la sociedad”, agregó Graver.
Si desea acceder al informe completo puede hacerlo a través de este link:
