La Comisión de Postulación del Ministerio Público accedió a cambiar las reglas con las que evaluará a los aspirantes a fiscal general. En una sesión extraordinaria, los comisionados reabrieron el debate sobre la tabla de gradación y el resultado fue una modificación que reconoce diez años de experiencia profesional en la calificación final.
Por Alexander Valdéz
La Comisión de Postulación del Ministerio Público se reunió de forma extraordinaria, marcada por la presión de sectores sociales y actores políticos que cuestionaron el mecanismo de evaluación aprobado, y accedieron a introducir cambios en la tabla de gradación con la que se calificará a los aspirantes a convertirse en fiscal general.
El motivo inicial de la reunión no era hacer los cambios en la tabla de calificación, sino contestar informes por acciones legales que se plantearon por el anterior método de evaluación que beneficiaba a candidatos mayores y por la inclusión de jueces, como Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, a quien se le busca excluir del proceso.
De esa cuenta, con 12 votos a favor, resolvió modificar el apartado relativo a la experiencia en el ejercicio profesional. A partir de ahora, los años de trabajo serán contabilizados desde el primero, y se otorgarán dos puntos por cada año acreditado hasta alcanzar la nota máxima establecida en el instrumento. El ajuste busca corregir el esquema anterior, señalado por favorecer de manera desproporcionada a profesionales de mayor edad como Consuelo Porras.
La magistrada y presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes, como en otras recientes decisiones, votó en contra. A ella se sumó el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel González, ya cuestionado por su posición en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La discusión sobre la tabla de gradación había generado inconformidad entre organizaciones de sociedad civil, quienes advirtieron que el modelo original privilegiaba trayectorias extensas por encima de otros criterios de idoneidad. De esa cuenta, el reclamo por la tabla de gradación quedaría resuelto. Aunque aún habrá que esperar lo que decida la CC.
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Exclusión de jueces
También se discutieron las acciones legales que solicitan no incluir a jueces en el proceso, bajo el argumento de que no reúnen el requisito de diez años de ejercicio como abogado. Aunque la comisión tenía previsto únicamente precisar en un informe los puntos ya aprobados para remitirlos a la Corte de Constitucionalidad, hubo un análisis y discusión entre los comisionados.
Algunos plantearon posturas distintas sobre si correspondía aplicar una exclusión automática como la que sugieren los accionantes. Algunos defendieron que el análisis debía centrarse en verificar el cumplimiento del requisito constitucional, mientras otros advirtieron que la interpretación sobre qué constituye ejercicio profesional podría incidir directamente en la permanencia de jueces y magistrados dentro de la contienda.
La presidenta de la comisión, Claudia Paredes, evocó lo resuelto por la Corte en 2022, cuando un amparo de características similares derivó en la exclusión de jueces que no acreditaban el tiempo exigido de ejercicio como abogados además de su función jurisdiccional. En contraste, la secretaria Patricia Gámez sostuvo que aquella decisión no constituye jurisprudencia obligatoria, al no existir tres fallos consecutivos en el mismo sentido, y consideró que adoptar ese criterio implicaría una interpretación excesivamente restrictiva para funcionarios que, por ley, tienen prohibido el ejercicio liberal de la profesión.
En el último proceso la Corte de Constitucionalidad que aún está en funciones fue la que decidió que a los jueces no se les puede considerar diez años de ejercicio como abogado. Dejando fuera a Erika Aifán entre otros. Mientras que la pasada Corte, tuvo una postura distinta, hasta el punto que Miguel Ángel Gálvez y Patricia Gámez, pudieron participar.
El proceso
La próxima reunión de la postuladora está prevista para el próximo 5 de marzo. Por ahora, ya se avanzó con la depuración inicial de los expedientes y cerró la revisión de las 59 postulaciones recibidas. Tras el análisis, 48 aspirantes fueron admitidos para continuar en el proceso, mientras que 11 quedaron excluidos de forma provisional por no cumplir con requisitos formales o por inconsistencias en la documentación presentada.
Entre quienes no superaron esta etapa figuran las magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia y Blanca Alfaro, así como Mario Aguilar Mijangos, Fernando Linares Beltranena, Edgar Antonio Raimundo García, Yasly Osmin Pastora Gutiérrez, Edward Rosalio Gómez García y Alida Arana Vicente.
La decisión no es definitiva. Los candidatos señalados disponen hasta el martes 3 de marzo para presentar pruebas de descargo y corregir los señalamientos advertidos en sus expedientes, aunque no podrán añadir nuevos documentos.
