La Comisión de Postulación decidió dejar intacta la tabla de gradación, a pesar de las críticas de organizaciones sociales y actores políticos que advierten que como está beneficia a aspirantes mayores de 60 años. El instrumento de evaluación sigue vigente sin ajustes. La tabla establece 50 puntos a la experiencia profesional pero se basa únicamente en el número de años de ejercicio sin establecer criterios para evaluar la calidad de la experiencia.
Por Alexander Valdéz
La decisión de la Comisión de Postulación para fiscal general de mantener sin cambios la tabla de gradación provocó los cuestionamientos de organizaciones sociales y actores políticos, que advierten que el instrumento de evaluación favorece con mayor ponderación a personas de mayor edad, particularmente a quienes superan los 60 años. A pesar de los señalamientos públicos, la comisión continúa con el cronograma sin cambiar el método de evaluación.
Impunity Watch en un informe, sobre las deficiencias de la tabla de gradación, señala deficiencias en los instrumentos de evaluación, cuestionando que 70 de los 100 puntos estén concentrados en la experiencia profesional, mientras otros aspectos tienen menos ponderación. La organización advirtió que el diseño actual limita una valoración integral sobre independencia, ética y compromiso democrático, y alerta sobre la necesidad de revisar la forma en que se analizan las tachas y objeciones ciudadanas.
“Es urgente que la Comisión de Postulación revise nuevamente la tabla de gradación y realice los ajustes necesarios para incluir en la evaluación los primeros 10 años de experiencia profesional que establece la Constitución, además debe realizar una evaluación objetiva de la calidad del ejercicio profesional y no limitarlo al conteo de los años”, se lee en el análisis.
A esas críticas también se sumaron colectivos y organizaciones sociales que, en una carta abierta, exigieron la “renovación de la justicia” y alertaron sobre riesgos de cooptación en las altas instituciones del sistema. En ese contexto, la permanencia de la tabla sin modificaciones es vista como una señal de resistencia a introducir criterios más objetivos y alineados con estándares internacionales.
“Hacemos un llamado a movilizarse en los territorios, a difundir información en las redes sociales y en las radios comunitarias para exigir a la Comisión de Postulación de fiscal general, a la Corte Suprema de Justicia, al Ejecutivo y a los diputados y diputadas que voten en favor de la democracia y la justicia”, refirieron en su pronunciamiento.
El colectivo Voces en el Exilio también envió una carta a los comisionados para expresar su preocupación por la tabla de gradación. “La tabla privilegia de manera desproporcionada la antigüedad cronológica al no asignar puntaje alguno a los primeros 10 años de ejercicio profesional. Lo que no valora la calidad del desempeño, la experiencia relevante en persecución penal ni la trayectoria ética ni independencia demostrada”, señala el colectivo.
Quién también se pronunció referente a los procesos fue el presidente Bernardo Arévalo, que mostró su inconformidad por la forma en la que se estableció la evaluación en la postuladora del MP. “Intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas. Lo que estamos viendo es un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre. Un mecanismo que confunde experiencia con permanencia, donde los años pesan más que la integridad, un mecanismo que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos. un mecanismo que privilegia las formas de los requisitos de un expediente sobre los méritos y la honorabilidad”, dijo en la conferencia semanal del Organismo Ejecutivo.
Postuladora avanza
Por ahora, la Comisión Postuladora del Ministerio Público (MP) concluyó la revisión de los 59 expedientes presentados de quienes aspiran al cargo de fiscal general y admitió 48 postulaciones, pero deja fuera, de manera provisional, a 11 candidatos por incumplimientos en los requisitos formales o en la documentación de respaldo exigida en la convocatoria. Entre los excluidos figuran las magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia y Blanca Alfaro, así como Mario Aguilar Mijangos, Fernando Linares Beltranena, Edgar Antonio Raimundo García, Yasly Osmin Pastora Gutiérrez, Edward Rosalio Gómez García y Alida Arana Vicente.
Las exclusiones no son definitivas. Los aspirantes señalados tendrán hasta el martes 3 de marzo para presentar sus pruebas de descargo, es decir, subsanar omisiones o corregir errores detectados en sus expedientes, sin posibilidad de incorporar nueva documentación. Esta fase corresponde únicamente a la verificación de requisitos formales y no implica aún la calificación de méritos, paso previo a la integración de la nómina final de seis candidatos que será remitida para la designación del próximo jefe del MP.
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