La detención de Francisco Mateo Mateo reaviva denuncias de criminalización contra defensores del territorio en Yichk’isis, en el norte de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, por hechos que se remontan a 2014, cuando la presencia de la empresa Energía y Renovación, S.A. (antes Promoción de Desarrollo Hídrico, S.A.) promotora de hidroeléctricas provocó conflicto en la región.
Por Santiago Botón / Prensa Comunitaria
En Ixcán, Quiché, la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Francisco Mateo Mateo, de 49 años, comerciante originario de la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El detenido indicó que se le señala por el delito de asesinato, un hecho que asegura no haber cometido y que considera parte de un caso fabricado en su contra.
Mateo Mateo fue aprehendido en territorio guatemalteco, a la altura de Orizaba, Chiapas, México, cuando compraba maíz para revenderlo en su comunidad.
La detención ya es del conocimiento del Bufete para los Pueblos Indígenas. En ese contexto, el abogado Juan Castro señaló que Francisco Mateo Mateo, junto a otros defensores del territorio, ha denunciado procesos de criminalización vinculados a la imposición arbitraria de la construcción de hidroeléctricas en la región de Yichk’isis. Ese conflicto escaló en 2017, en medio de una respuesta estatal represiva frente a la lucha y resistencia comunitaria.
“A él lo acusan junto a otro grupo de personas de asesinato”, señaló Castro, quien indicó que como otros casos de criminalización está montado.
En Yichk’isis, una región Chuj, Q’anjob’al y Akateko en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, la conflictividad se intensificó ese año tras el avance de proyectos promovidos por Energía y Renovación, S.A. señalados por pobladores que denuncian la ausencia de consulta previa. Protestas, militarización, presencia policial y episodios de violencia marcaron ese periodo.
La abogada Encarnación Ralios Mejía, en auxilio del Bufete para los Pueblos Indígenas, compareció ante el Juzgado de Paz de Ixcán para escuchar los motivos de su detención, exigir claridad sobre los cargos y solicitó que el proceso sea trasladado de inmediato a un Juzgado de Santa Eulalia, donde deben ventilarse los hechos.
Aunque la Franja Transversal del Norte (FTN) representa la ruta geográficamente más directa hacia la cabecera municipal de Santa Eulalia, la abogada Ralios Mejía explicó que, por procedimientos legales, el traslado se realizará en cadena vía Chisec y Cobán, Alta Verapaz; continuará hacia Santa Cruz del Quiché, una cárcel cercana a Santa Eulalia.
Orden de detención data de 2014
La orden de detención contra Mateo Mateo data de 2014 y fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia, Huehuetenango y fue solicitada por la auxiliar fiscal Izmary Bionneth Castillo Martínez, quien también pidió orden de aprehensión contra otros ocho comunitarios por el delito de asesinato en contra de Mateo Alonzo Mateo y Nicolás Francisco Francisco.
Al término del juego, los jugadores se pusieron a ingerir bebidas alcohólicas y luego se encaminaron a la aldea Pojom donde buscaron a tres dirigentes comunitarios y quisieron irrumpir en sus casas, tirando piedras y realizando disparos. Uno de los disparos alcanzó a Mateo Alonzo, quien era parte de la seguridad de la empresa.
El 17 de noviembre de ese mismo año, nuevamente personas afines a la empresa quisieron intimidar a dirigentes de la comunidad, con ataques en sus viviendas con piedras y armas de fuego. Una bala alcanzó a un menor de edad identificado como Nicolás Francisco Francisco, quien participaba en ese hecho, quien murió poco tiempo después.
La detención de Mateo Mateo se suma a otros procesos legales contra defensores de su territorio en esa región de Huehuetenango que se opusieron a la implementación de hidroeléctricas en la región como los casos de Tomás Domingo Mateo en 2024, declarado inocente de los delitos de conspiración y violación y Domingo Francisco Simón Simón, quien había sido enviado a juicio por lesiones graves pero fue eximido y solo se le sancionó por ese delito.
En el caso de Domingo Mateo, una Sala confirmó recientemente el cierre del caso en su contra, sin embargo, el Ministerio Público (MP) apeló esa resolución.
