En la Corte de Constitucionalidad se realizó una Vista Pública para conocer un recurso promovido por el militar retirado, procesado en el Caso Diario Militar, con el que busca apartar del proceso a los querellantes adhesivos que representan a las víctimas. Durante la audiencia, las partes expusieron sus argumentos ante los magistrados.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad celebró una vista pública para conocer un recurso legal promovido por el coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, procesado en el Caso Diario Militar y que insiste en apartar del proceso a los querellantes que están representando a las víctimas. Durante la audiencia, los involucrados en el expediente expusieron sus argumentos.
El abogado Eddy Herrera, representante de Salán Sánchez, sostuvo que la admisión definitiva de los querellantes adhesivos violó el artículo 118 del Código Procesal Penal, al haberse solicitado fuera del momento procesal oportuno. Señaló que, conforme a la ley y a la jurisprudencia de la CC (expediente 939-2008, sentencia de 2012), la solicitud debía presentarse antes de que el Ministerio Público requiriera la apertura a juicio, lo cual, dijo no ocurrió.
En contraste, la abogada Fabiola Rodríguez Chávez dijo que la apelación de amparo carece de sustento constitucional, ya que la inconformidad del postulante es estrictamente procesal y pretende utilizar el amparo como una instancia revisora. Recordó que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de septiembre de 2025, determinó que no existía agravio constitucional. Explicó que la admisión de los querellantes adhesivos se realizó conforme a la ley.
Por su lado, Salomón Estrada Mejía, hermano de Félix (una de las víctimas), recordó que su desaparición ocurrió el 15 de mayo de 1984, durante la denominada Operación Cascada, que afectó al menos a 15 familias. Señaló que las víctimas y sus familiares tienen derecho a participar en esta etapa procesal para la búsqueda de verdad y justicia, en el contexto de un conflicto armado que dejó más de 45 mil personas desaparecidas.
Finalmente, otro de los querellantes adhesivos, Francisco Vivar, dijo que el recurso constituye un desgaste innecesario para el sistema de justicia, al considerar que el asunto ha quedado sin materia. Señaló que el postulante omitió informar a la autoridad constitucional que el juzgado de primera instancia ya programó la audiencia de etapa intermedia para el 9 de febrero de 2026, en la que el acto procesal será renovado exclusivamente respecto del apelante.
Los magistrados tendrán que analizar cada uno de los argumentos y luego emitir una decisión respecto al tema.
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Fue beneficiado por la justicia
En 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un fallo favorable al coronel retirado al declarar sin lugar la apelación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos contra un amparo otorgado en 2022. Con esta decisión, la CC dejó firme la resolución que mantiene en suspenso el envío a juicio ordenado originalmente por el entonces juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, y que también alcanzaba a otros ocho sindicados, entre militares y policías.
El fallo implica que el juez de Mayor Riesgo “B” debía emitir una nueva resolución debidamente fundamentada; sin embargo, al encontrarse Gálvez en el exilio y fuera de la judicatura, el proceso podría obligar a repetir la apertura a juicio. A la fecha, esta resolución es la que atrasó el proceso, se espera que será en febrero cuando el mismo se reactive.
La acusación
La Fiscalía de Derechos Humanos vincula a Salán Sánchez y al resto de implicados en la investigación del caso “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”. Este es un documento de inteligencia del ejército de Guatemala que detalla cronológicamente, la forma en la que fuerzas de seguridad del Estado cometieron una serie de crímenes.
Entre ellos: secuestro, traslado a centros clandestinos de detención, tortura, abuso sexual y el asesinato de 183 personas entre los años 1983 y 1985, durante el Conflicto Armado Interno.
En mayo del 2023, la jueza Eva Recinos, quien había asumido el control del caso, no realizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas de los acusados. En esa oportunidad, la diligencia no se celebró por el amparo que fue otorgado a favor de Salán Sánchez.
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 militares señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Según la fiscalía, el archivo que se hizo público en 1999, recoge registros de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, pero el juez renunció a seguir en el Organismo Judicial (OJ), por el hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente.
