El exdiputado y expresidente del Congreso, Gudy Rivera, quedó libre de enfrentar un nuevo proceso por corrupción en el caso Asalto al Ministerio de Salud. La jueza Abelina Cruz, determinó que la Fiscalía no presentó indicios suficientes para sostener la acusación por tráfico de influencias.
Por Alexander Valdéz
La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, resolvió a favor del expresidente del Congreso y exdiputado del desaparecido Partido Patriota, Gudy Rivera y lo libró de un segundo proceso por corrupción en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud. El Ministerio Público lo había señalado como uno de los actores que habría aprovechado su influencia como legislador para beneficiarse de adjudicaciones y contrataciones dentro de esa cartera.
Durante la audiencia, Cruz, una figura recurrente en este tipo de procesos de alto impacto, argumentó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no presentó indicios suficientes para mantener la acusación por tráfico de influencias. En su resolución señala que los elementos aportados no establecían la participación directa de Rivera en los hechos investigados, por lo que decidió dejarlo fuera del proceso penal.
“No tenemos ningún indicio donde él haya enviado la propuesta. Si bien es cierto las actas indican que sí llegaban al despacho del ministro, no señala que haya llegado Gudy Rivera. No tenemos tiempo, no tenemos modo ni lugar. No tenemos indicios”, resolvió la jueza, favoreciendo al acusado.
De esa cuenta, el exdiputado, quien no tendrá que ser investigado ni sometido a un proceso penal por dicho delito, se suma a la larga lista de políticos beneficiados por la jueza. En este caso también fueron beneficiados los supuestos líderes de la organización.
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Impunidad a la carta
El expediente Asalto al Ministerio de Salud fue presentado en 2019 y evidenció a una supuesta estructura que operó desde el interior de la institución para obtener ganancias ilícitas mediante el cobro de comisiones en proyectos de construcción y remozamiento de hospitales, además de la compra de bienes y servicios.
La investigación también detalla la presunta asignación irregular de 450 plazas, incluyendo favores políticos, contrataciones con pagos mensuales sin sustento y el uso de plazas fantasma, prácticas que habrían contribuido al desvío de recursos y a la consolidación de redes clientelares dentro del sistema público de salud.
En este proceso fueron señaladas aproximadamente 123 personas, entre exfuncionarios y particulares. Los procesos se llevaron por grupos y las audiencias se desarrollaron en momentos distintos. Sin embargo, con la salida de la CICIG y el cambio de autoridad en el Ministerio Público el caso no tuvo ningún avance, al contrario, como en otros procesos, este fue uno de los que fue cerrado por la jueza de mayor riesgo D.
“Entre las modalidades documentadas figuran comisiones en obras por más de Q131 millones, el intento de manipular grandes compras como ambulancias y equipos médicos, y la entrega de plazas fantasmas o por favores políticos. La investigación expuso cómo actores de alto nivel, incluyendo diputados, gobernadores, funcionarios de otras instituciones y operadores políticos, utilizaron al Ministerio de Salud como una maquinaria para financiar intereses privados y consolidar poder mediante el desvío sistemático de recursos públicos”, señaló la CICIG en 2019.
El diputado Luis Contreras, presidente electo del Congreso, también figura entre los señalados por la FECI dentro de la investigación del caso Asalto al Ministerio de Salud. En ese momento, la Fiscalía solicitó retirarle la inmunidad por el delito de tráfico de influencias, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó autorizar la investigación.
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Otra condena
En 2016, Gudy Rivera fue sentenciado por intentar influir ilegalmente en una magistrada con el objetivo de obtener una resolución favorable para la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El Tribunal Quinto de Sentencia le impuso una pena de 13 años y cuatro meses de prisión, que fue reducida posteriormente por la CSJ a ocho años y 11 meses.
Aunque en 2021 todavía le restaban alrededor de dos años y medio de condena, un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada. Con esta medida, Rivera pudo concluir el resto de su pena fuera de prisión.
