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Jueza ejecuta orden de Sala y anula prueba clave del caso Asalto al Ministerio de Salud

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

La declaración del colaborador eficaz, Jorge Estévez Cabrera, quien había aportado información clave para identificar los hechos de corrupción, ya no podrá utilizarse para ese proceso contra distintas personas señaladas.

Por Alexander Valdéz

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, ejecutó la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo y anuló el acuerdo de colaboración eficaz que firmó el Ministerio Público (MP) con Jorge Estévez Cabrera, quien había aportado información clave para identificar los hechos de corrupción que se evidenciaron en el expediente conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”.

El fallo se emite a días de conocerse la resolución de la jueza en torno a la apertura a juicio contra 14 implicados en esa investigación, que evidenció cómo se sustrajeron cerca de Q50 millones a través de plazas fantasmas y el cobro de sobornos por construcción y remozamiento de hospitales.

La información que aportó el colaborador permitió identificar cómo operaba la supuesta estructura criminal y quiénes la integraban. El ahora excolaborador eficaz trabajaba como asesor del ministro de Salud y admitió que facilitó las decisiones de la estructura en el ministerio.

“En el Ministerio Público se diligenció la declaración testimonial del entonces asesor del Ministro de Salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera, quien aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. La información entregada por Estévez Cabrera fue corroborada por otros medios de investigación por la FECI y la CICIG”, señala el informe del caso.

Diapositivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Foto: archivo / Prensa Comunitaria

Pero, ahora con la decisión de la Sala y la jueza no podrá ser tomada en cuenta la declaración que brindó Estévez, primo del expresidente Jimmy Morales, quien reconoció su participación y los hechos de corrupción. Algo similar a lo ocurrido en otras investigaciones que alcanzaban a otros exfuncionarios de Estado, como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.

De hecho, Estévez ya había cumplido con resarcir por el daño causado al Estado. En 2019, entregó 25 camillas y colchones impermeables a los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. Asimismo, donó un vehículo al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, valorado en Q125 mil.

Otro dudoso fallo

La jueza no permitió, durante la etapa intermedia, que se incorporara un informe de análisis de la Dirección de Evaluación y Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) identificado como DEAC-2018-127.

Un documento que era importante para acreditar los hechos investigados y explicar cómo estaban involucradas personas particulares y altos exfuncionarios de Estado, entre ellos, al exdiputado Estuardo Galdámez, ya beneficiado en el caso. Así como al exdiputado Luis Fernando Pérez, Sarí Villavicencio, hija del fallecido exministro Jorge Villavicencio, entre otros.

Un informe de este tipo es clave dentro de una investigación, ya que, en casos de corrupción permite que un fiscal pueda explicar y acreditar el papel que jugaba cada uno de los presuntos integrantes de la red criminal.

El argumento de la jueza para negar el uso de ese informe en la etapa intermedia, fue que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, incurrió en una “negligencia”, debido a que previamente tuvo el tiempo suficiente para presentarlo y solicitar su incorporación.

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Uno de los primeros beneficiados en este caso fue el exdiputado Galdámez, quien no fue enviado a juicio. Aparte, el próximo 23 de agosto, la Cruz resolverá si los otros 14 implicados deben o no enfrentar juicio por distintos delitos.

La investigación identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, sobornos por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).

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En 2019, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud, durante el período 2012 al  2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien junto a su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una red integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.

Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala. Quién aún continúa es Cinthia Monterroso, que también dirigió esa pesquisa en tiempos de Sandoval.

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