La Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo que cerró el proceso a favor de exfuncionarios y exdiputados, en total siete beneficiados que fueron señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud, pese a que la FECI documentó una estructura que desvió fondos mediante sobornos y adjudicaciones irregulares entre 2012 y 2014.
Por Alexander Valdéz
El pleno de la Corte de Constitucionalidad confirmó una resolución que beneficia a siete de los señalados en el caso conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”, un expediente en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, documentó una presunta red que sustrajo fondos en esa entidad de salud pública. Entre las personas favorecidas se encuentran Cándida Saraí Villavicencio Delgado, hija del fallecido exministro Jorge Villavicencio.
Así como los exdiputados Luis Fernando Pérez, Delio Edvin García Argueta y Roberto Kestler Velásquez, quienes habían sido acusados por la antigua FECI de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias dentro del Ministerio de Salud, entre 2012-2014.
El caso se originó por una investigación que detalló cómo funcionarios y operadores políticos habrían influido en la adjudicación irregular de proyectos y contratos dentro del Ministerio de Salud a cambio de sobornos y beneficios económicos. Según la acusación del Ministerio Público, los señalados aprovecharon su influencia para manipular procesos y ubicar personal afín, con el objetivo de mantener el control de las estructuras internas y facilitar el desvío de recursos públicos.
Sin embargo, el proceso tomó un giro cuando un juzgado de Mayor Riesgo “D” a cargo de Abelina Cruz cerró el proceso (sobreseimiento) a favor de los exdiputados, Villavicencio y otros implicados. La Procuraduría General de la Nación apeló esta decisión, pero la Sala Primera de la Corte de Apelaciones no le dio la razón. Ante ello, la representación del Estado interpuso un recurso de casación, el cual fue rechazado, sin entrarse a conocer, por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“No tomó en consideración que en su recurso de casación expuso mediante argumentos jurídicos y fácticos que evidenciaban que la Sala jurisdiccional al emitir su fallo no expresó con claridad cuáles fueron los medios de convicción que la sentenciante (Cámara) consideró que no eran suficientes para establecer la existencia de un fundamento serio que hiciera necesario que se dictara el respectivo auto de apertura a juicio en contra de diversos sindicados”, alegó la PGN.
De esa cuenta el proceso llegó hasta la máxima corte, y en la decisión analizada, la Corte de Constitucionalidad deniega la impugnación promovida por la PGN, avalando el rechazo del recurso de casación y confirmando el fallo que los libera del proceso y de enfrentar un juicio por dichos delitos.
“Esta Corte determina que la decisión asumida por la autoridad refutada, se encuentra ajustada a Derecho, en tanto que actuó conforme a sus atribuciones legales, no denotándose en su proceder arbitrariedad, ni violación a derecho constitucional alguno, ya que su accionar fue ejecutado dentro del ámbito de las facultades”, señaló la CC .
El tribunal concluyó que los argumentos planteados por la Procuraduría eran “insubsanables”, debido a que el proceso nunca llegó a juicio y no existía una sentencia que permitiera evaluar contradicciones o falta de fundamentación. Con esta resolución, quedan firmes los sobreseimientos que favorecen a los implicados en uno de los casos de corrupción más emblemáticos en el Ministerio de Salud.
Justicia a medias
En este proceso fueron señaladas aproximadamente 123 personas, entre exfuncionarios y particulares. Los procesos se llevaron por grupos y las audiencias se desarrollaron en momentos distintos. Sin embargo, con la salida de la CICIG y el cambio de autoridad en el Ministerio Público el caso no tuvo ningún avance, al contrario, como en otros procesos, éste fue uno de los que fue cerrado por la jueza de mayor riesgo “D”.
El 24 de agosto de 2024, la jueza Abelina Cruz resolvió de manera dividida respecto a los implicados en el caso; siete de los señalados fueron enviados a debate oral y público, mientras que otros siete quedaron fuera del proceso penal. Entre los que resultaron favorecidos estaban varios exdiputados que, según la FECI, desempeñaban un rol determinante en la red de corrupción que operaba dentro de la cartera de Salud.
Uno de ellos era el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez, a quien se había atribuido participación en asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude y cohecho pasivo, cargos que lo situaban, según el Ministerio Público, entre los líderes de la organización.
Otra de las figuras clave señaladas era Saraí Villavicencio, hija del exministro de Salud. La investigación sostuvo que ella utilizó su influencia familiar para promover la entrega de plazas irregulares, gestionar contrataciones y facilitar beneficios a exdiputados y otros actores interesados en mantener cuotas de poder dentro del ministerio. De acuerdo con la FECI, Villavicencio funcionaba como el puente que conectaba al exministro con los demás integrantes de la estructura, permitiendo la coordinación y continuidad de las acciones atribuidas al grupo criminal.
El hecho de corrupción
La FECI y la CICIG revelaron a una estructura criminal que entre 2012 y 2014 habría tomado el control del Ministerio de Salud Pública, en ese entonces a cargo del ministro Jorge Villavicencio, su hija Saraí Villavicencio y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez. Las investigaciones, que incluyeron miles de correos electrónicos, grabaciones, informes financieros y testimonios de colaboradores eficaces, revelaron que la red controlaba compras, obras, plazas y adjudicaciones mediante el cobro sistemático de comisiones ilícitas. El esquema se extendió a más de 50 funcionarios y particulares, involucró la manipulación de 450 plazas y permitió el pago de sobornos relacionados con obras, servicios y adquisiciones, afectando gravemente el presupuesto del Estado.
Según la fiscalía, la estructura identificó oportunidades de corrupción en compras de bienes, contratación de personal y construcción de hospitales, incluso utilizando la tragedia del terremoto de 2012 como vía para obtener beneficios ilegales. Se establecieron porcentajes de soborno por cada adjudicación, con pagos entregados en oficinas del Ministerio, comercios o domicilios particulares.
“Entre las modalidades documentadas figuran comisiones en obras por más de Q131 millones, el intento de manipular grandes compras como ambulancias y equipos médicos, y la entrega de plazas fantasmas o por favores políticos. La investigación expuso cómo actores de alto nivel, incluyendo diputados, gobernadores, funcionarios de otras instituciones y operadores políticos, utilizaron al Ministerio de Salud como una maquinaria para financiar intereses privados y consolidar poder mediante el desvío sistemático de recursos públicos”, señaló la CICIG en 2019.
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Presidente electo del Congreso entre los señalados
En 2019, el diputado Luis Contreras, presidente electo del Congreso, fue uno de los señalados por la FECI dentro de la investigación del caso Asalto al Ministerio de Salud. En ese momento, la Fiscalía solicitó retirarle la inmunidad por el delito de tráfico de influencias, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó autorizar la investigación.
Su presunta vinculación surgía de un acuerdo para la contratación de al menos siete personas dentro del Ministerio de Salud, como parte del esquema de plazas gestionadas por actores políticos para asegurar control y beneficios dentro de la institución.
