Por Juan José Hurtado Paz y Paz
El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sabemos que esta violencia se manifiesta de manera cotidiana, en todas partes, en todos los sectores sociales, de muchísimas formas. Pero la violencia de género no puede verse como una serie de incidentes particulares o aislados, sino como expresiones de un sistema de explotación y opresión que atraviesa nuestras vidas. Luchar contra el patriarcado implica también enfrentarnos al modelo económico, social y político que lo sostiene y al que sostiene. No es solo cuestión de ideas y prácticas individuales; es necesaria la transformación estructural.
La violencia de género en las comunidades está íntimamente ligada a la división sexual del trabajo que sostiene el capitalismo patriarcal: las mujeres, y en especial las mujeres indígenas y pobres, son empujadas a labores reproductivas invisibilizadas —cuidado de la vida, crianza, preparación de alimentos— mientras que el mercado explota la fuerza laboral masculina en condiciones precarias. Esta asignación no es natural; ha sido construida históricamente y se reproduce por intereses económicos y la cultura dominante. Por eso, atender casos individuales sin incidir en la reorganización del trabajo reproductivo y productivo es insuficiente.
Partimos de la mirada holística propia de los Pueblos originarios pues las violencias no llegan solas; se entrelazan el racismo, el clasismo y la pobreza, la edad, la orientación sexual, la discapacidad y otras condiciones que colocan en situación de mayor desventaja a amplios segmentos de la población.
Esta confluencia tiene efectos concretos. Por ejemplo, Huehuetenango que tradicionalmente ha sido proveedor de mano de obra barata, en su mayoría indígena, es el departamento del país que más expulsa migrantes. Esto afecta no sólo a quienes se van, sino también a quienes se quedan.
En el caso de las mujeres, aunque se ha ido incrementando el número que migra, también muchas quedan en sus comunidades al frente de sus hogares. Y si bien esto las ha empujado a asumir mayores responsabilidades, no significa necesariamente que represente un empoderamiento mayor pues, con frecuencia, siguen siendo objeto de control de sus maridos a la distancia y de manera más próxima, por parte de suegros u otros familiares. Es decir, representa más trabajo sin un reconocimiento real.
En el caso de mujeres que migran, en muchos casos se van huyendo de situaciones de violencia de género. Y al ser deportadas, regresan a la misma situación de violencia de la que huyeron. Son mujeres que requieren de protección internacional.
Las mujeres que migran, la mayoría de las veces, asumen que pueden ser violadas en el camino – por compañeros de viaje, autoridades, integrantes del crimen organizado u otros -; y se resignan a aceptarlo como parte del costo del viaje; a lo sumo, se preparan para que, si esto ocurre, no tenga otras consecuencias indeseadas.
Para mujeres y niñas indígenas los riesgos son aún mayores, agravados por el racismo, la discriminación y la aporofobia (rechazo al pobre). Las mujeres y la niñez indígena son más vulnerables a la trata de personas y la explotación sexual y laboral.
En el contexto de movilidad humana, —desde que tienen que salir de sus comunidades hasta el eventual retorno o el asentamiento en lugares extraños— las mujeres enfrentan riesgos multiplicados: explotación laboral, trata, violencia sexual, y menores posibilidades de acceso a protección o apoyo en un idioma que entiendan. A ello se suma el racismo institucional que no facilita el acceso a la justicia. Ha habido casos graves en que mujeres monolingües en un idioma indígena quienes han sido encarceladas por no comprender de qué se les acusa y cuál es el proceso que se lleva contra ellas. Por eso, una demanda es también la justicia lingüística y que todos los servicios que se presten a mujeres sean en el idioma propio.
Entre 2023 y 2024 Guatemala registró un incremento relevante en casos de feminicidio a nivel nacional, lo cual revela fallos sistémicos en prevención, protección y justicia. Estos indicadores, sumados a la normalización de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en muchos contextos, nos muestran la urgencia de actuar desde lo estructural y lo comunitario, sin relegar la atención inmediata a las mujeres sobrevivientes de violencia.
Por lo anterior, es necesario trabajar para terminar con la violencia de género a diferentes niveles.
Quienes han sido objeto de violencia, necesitan apoyo integral: emocional, legal, económico, acceso a servicios, etc. La verdadera justicia debe hacerse accesible para las mujeres indígenas, en los idiomas propios. Es muy importante el desarrollo de redes de mujeres que puedan apoyarse mutuamente. Asimismo, es importante recuperar y promover saberes ancestrales que llaman a relaciones equitativas y justas, y una vida comunitaria.
Debemos trabajar en la prevención, con campañas de sensibilización y educación. Un tema a abordar es cómo ser hombre sin que esto signifique ser violento. Desde la Asociación Pop No’j hablamos del reto de ser “hombre verdadero”- un concepto ancestral -, complementario, en una relación justa de corresponsabilidad, en armonía y equilibrio.
También necesitamos transformar el sistema que se sostiene por el patriarcado y que a su vez lo reproduce.
La responsabilidad de asegurar los derechos equitativos para mujeres y hombres es principalmente del Estado, Pero somos toda la sociedad en su conjunto quienes debemos trabajar para erradicar la violencia de género.
Desde la Cosmovisión Maya ancestral, la vida se sostiene por la dualidad y la complementariedad, en armonía y equilibrio. No se trata de negar que mujeres y hombres somos diferentes, sino de reconocer que ninguna diferencia justifica desigualdades. Al contrario, la complementariedad justa nos enseña que cada energía necesita a la otra para mantener la armonía del mundo. Esta mirada invita a construir relaciones donde mujeres y hombres, desde sus propios caminos y responsabilidades, sean igualmente dignos, escuchados y con las mismas oportunidades para participar, decidir y dirigir. El respeto, cuidado mutuo, corresponsabilidad y la justicia son la base de la convivencia y el Buen Vivir.
Al hablar de alternativas al patriarcado, es importante diferenciar entre “matriarcado” y una sociedad matrística. No buscamos invertir la opresión ni colocar a unas por encima de otros; no se trata de sustituir un dominio por otro. Una sociedad matrística, como la que evocan muchos principios y valores del Pueblo Maya, no se basa en la jerarquía sino en la horizontalidad, el cuidado, la reciprocidad, el respeto, el amor y la protección de la vida, valores tradicionalmente asociados a lo femenino pero que pertenecen a toda la comunidad. Esta visión propone que tanto hombres como mujeres encarnen estos valores y los vuelvan guía colectiva. Desde ahí, la fuerza no radica en el control sino en el equilibrio, y el liderazgo no es imposición, sino capacidad de armonizar, escuchar y orientar. Es en este espíritu matrístico —que no es matriarcado— donde pueden florecer relaciones verdaderamente justas entre hombres y mujeres.
El llamado entonces es a procurar una atención holística a las mujeres sobrevivientes de violencia, al mismo tiempo que trabajamos decididamente por cambiar el sistema. Si queremos una vida digna para nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras comunidades, debemos vincular la lucha contra la violencia contra las mujeres, con la lucha contra el racismo, la pobreza y la precariedad. Sólo así podremos construir un futuro en que todas y todos tengamos la posibilidad de vivir sin temor. Repetimos: que la diferencia no signifique desigualdad.
