Este lunes 3 de noviembre se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso Toma del Paraninfo Universitario, en la que la jueza Judith Secaida puso fin a la persecución penal contra los estudiantes Heizel Morales y Sergio Morataya, otorgándoles el sobreseimiento definitivo. Es la segunda ocasión que la jueza fallo a su favor, luego de haberles concedido falta de mérito en 2024 por la misma acusación.
Por Prensa Comunitaria
La jueza Judith Secaida, del Juzgado Quinto Penal, cierra el proceso penal contra los estudiantes Heizel Morales y Sergio Morataya, procesados en el caso Toma del Paraninfo Universitario.
Morales y Morataya enfrentaron un proceso de criminalización por su oposición a la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.
Según la resolución de la jueza, el Ministerio Público no logró determinar con precisión el modo, tiempo, y el lugar en que supuestamente se cometieron los delitos imputados: delito de usurpación agravada en el edificio del Paraninfo Universitario, ubicado en la zona 1 de la capital.
Los dos estudiantes fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023, durante un operativo en el Paraninfo Universitario. Sin embargo, la defensa señaló que el procedimiento fue ilegal, ya que se les impidió contar con asistencia legal durante el allanamiento y su captura ocurrió ocho horas después de concluido el operativo, sin haber sido notificados del motivo de su detención.
El MP tampoco logró precisar el lugar de los hechos, ya que en distintas etapas del proceso señaló diferentes direcciones, tampoco demostró que los estudiantes tuvieran intención de apoderarse del inmueble, pues no existía evidencia que sustentara la acusación. Además, la fiscalía señaló que el supuesto delito se cometió “un lunes”, sin especificar mes ni año, dejando abierta a interpretación la fecha de los hechos.
Ante estas inconsistencias, la jueza Secaida concluyó que la acusación carecía de claridad y sustento, por lo que el caso no podía avanzar a juicio oral y público.
Se trata del primer sobreseimiento en un proceso de criminalización contra estudiantes universitarios por las protestas en defensa de la autonomía de la USAC, marcando un precedente en la persecución judicial emprendida durante la gestión de Mazariegos.
Los abogados defensores advirtieron que aún queda pendiente conocer si el MP o la representación legal de Mazariegos apelarán ante las Salas de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. “Si el caso cae en la Sala Tercera, ya sabemos cuál será el resultado”, dijo Juan Castro, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, en referencia a la misma sala que en 2024 revocó una resolución previa de falta de mérito y ordenó ligar a proceso a los estudiantes.
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Para Sergio Morataya, la decisión de la jueza confirma que el caso fue un montaje de persecución política. “Esto sienta un precedente para los perseguidos y criminalizados de la San Carlos. Demuestra que el usurpador y el CSU cómplice han fallado una vez más”, dijo.
Morataya y Morales fueron expulsados por el Consejo Superior Universitario (CSU), una medida que fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en octubre de este año.
La abogada defensora Carmen Curup adelantó que acudirán a instancias internacionales: “Hemos agotado la vía nacional. Estamos preparando una petición ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala”, añadió.
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Este caso de criminalización se desarrolla paralelamente al proceso “Toma USAC: Botín Político”, en el que aún hay cinco procesos penales contra varios estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos, así como contra defensores de derechos humanos y figuras políticas del país. El último grupo conformado en este proceso enfrentará audiencia de primera declaración este martes 4 de noviembre.
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