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Jueza suspende proceso penal contra los estudiantes Heizel Morales y Sergio Morataya

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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Walter Mazariegos y el CSU sufren un nuevo revés judicial. La jueza Judith Secaida suspendió el proceso penal contra los estudiantes universitarios Heizel Morales y Sergio Morataya, criminalizados por la USAC por oponerse al fraude en la elección a Rector. La jueza aceptó un recurso que subraya la necesidad de resolver primero los procesos administrativos que lleva la universidad contra los estudiantes.

Por Prensa Comunitaria

La jueza Judith Secaida decidió suspender el proceso penal iniciado en contra de los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC), Heizel Morales y Sergio Morataya por el supuesto delito de usurpación agravada. Esta decisión se tomó tras conocer un recurso presentado por la defensa de los estudiantes.

Ambos estudiantes asistieron el 28 de agosto por la mañana al juzgado Quinto de Primera Instancia Penal A.

“Los estudiantes Heizel y Sergio fueron notificados de que se iniciaría una sanción administrativa en su contra y que, podían ser expulsados de la USAC. Revisamos el expediente administrativo y descubrimos que se están usando las mismas pruebas que en el proceso penal. Si están usando las mismas pruebas es porque se trata del mismo hecho. La doctrina establece que primero debe agotarse la vía administrativa y después proceder con el proceso penal. Esto constituye un obstáculo para seguir con el proceso penal, y la jueza nos dio la razón”, dijo el abogado de los estudiantes Juan Castro.

La jueza, tras revisar los argumentos y pruebas presentadas, coincidió con la defensa, “declarando a lugar lo alegado y suspendiendo el proceso penal hasta que se resuelva definitivamente el proceso administrativo iniciado por el Consejo Superior Universitario (CSU), para luego verificar si es procedente seguir con el proceso penal”, indicó el licenciado Castro.

Tanto el Ministerio Público como los representantes de la USAC se opusieron a lo dispuesto por la jueza Secaida, sin embargo, no presentaron ningún medio de prueba para desvirtuar lo que mostró la defensa.

Para Castro, el CSU “va a agilizar el proceso administrativo y van a procurar sancionar a los estudiantes”. Esto podría afectar no solo a Morales y Morataya, sino también a otros 39 estudiantes y 33 docentes y trabajadores que también han sido criminalizados mediante la instauración de medidas disciplinarias.

Foto cortesía

Un proceso penal atropellado

Los estudiantes Morales y Morataya fueron notificados el 6 de agosto por el Consejo Superior Universitario (CSU) de medidas disciplinarias en su contra, acusándolos de “irrupción, obstaculización e impedimento en el acceso al Centro Cultural Universitario (Paraninfo Universitario) del 20 de julio de 2022 al 15 de diciembre de 2023”, según consta en el acta 14-2024 del CSU.

Las pruebas presentadas en su contra en este proceso administrativo son las mismas que el MP utilizó en la acusación penal por el delito de usurpación agravada.

Tras ser notificados por el CSU de la instauración de un proceso disciplinario que podría concluir en su expulsión, los estudiantes Morales y Morataya tuvieron tres días para presentar sus pruebas de descargo, lo cual ocurrió el 9 de agosto.

Entérate de más al respecto en: Estudiante presenta pruebas de descargo para evitar sanciones disciplinarias en la USAC – Prensa Comunitaria

Morales y Morataya fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023 tras un allanamiento del Ministerio Público (MP) en las instalaciones del Paraninfo Universitario en la ciudad de Guatemala.  Ambos fueron puestos a disposición de un tribunal, el cual, el 18 de diciembre, les dictó falta de mérito, devolviéndoles su libertad.

Sin embargo, el MP apeló la decisión de la jueza Jackeline Marisol Hernández, la cual fue revertida por la Sala de Apelaciones, obligando a la jueza a ligar a proceso penal a los dos estudiantes.  Ambos lograron su libertad el 3 de junio de 2024, tras recibir el beneficio de una medida sustitutiva y pagar una caución económica de Q10,000.

Criminalización universitaria

La persecución de Morales y Morataya se enmarca en la criminalización que ha llevado a cabo el CSU contra la comunidad universitaria, defensores de derechos humanos, figuras públicas y actores políticos del país que han denunciado la cooptación de esta casa de estudios y el fraude electoral por el que Walter Mazariegos fue impuesto como rector.

A demás, ha sido una persecución instrumentalizada para atacar el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, señalados por el Ministerio Público de Consuelo Porras de ser responsables de una serie de delitos de los cuales el MP únicamente tiene publicaciones de las redes sociales y las declaraciones de personas allegadas a Mazariegos, implicados en el fraude.

Puedes leer más al respecto en:  Evidencias del Ministerio Público en caso USAC son publicaciones en redes sociales – Prensa Comunitaria

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