El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación más alto en la historia del país y financiado en gran medida con deuda externa por más de Q10.3 millardos. Los diputados incluyeron un bolsón de Q6.3 millardos para los Codede. Mientras el oficialismo defendió el aumento del gasto como una apuesta por salud, educación y obras viales, la oposición advirtió un incremento alarmante del endeudamiento, y un uso político del presupuesto en vísperas del ciclo de elecciones de segundo nivel.
Por Rony Ríos
El Congreso de la República aprobó de madrugada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026 por un monto de Q163 millardos 469 millones 328 mil 657, en una sesión maratónica en la que se observaron negociaciones aceleradas, la autorización de nuevos préstamos internacionales para financiarlo y la inclusión de reformas a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).
El diputado oficialista, José Carlos Sanabria, presentó a las 23:43 horas de ayer una moción para alterar la orden del día, impidiendo que se continuara con la aprobación de las reformas a la Ley de ANADIE, para conocer los préstamos y el Presupuesto 2026. La moción recibió el respaldo de 129 diputados.
En la madrugada 137 congresistas aprobaron el presupuesto más alto en la historia del país, impulsado —según el oficialismo— para ampliar la inversión pública y reforzar servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Sin embargo, la oposición y varios sectores alertaron sobre el incremento del endeudamiento, la discrecionalidad en la asignación de obras y la falta de claridad en la capacidad de ejecución de fondos públicos.
El presupuesto eleva las asignaciones de la mayoría de los ministerios, en particular en áreas sociales e infraestructura incluyendo incrementos significativos para Educación, Salud, Comunicaciones y Seguridad y Justicia.
Según los diputados, estos fondos servirán para cobertura, formación docente y alimentación escolar; refuerzos para atención primaria de salud, mejoras en la red hospitalaria y compra de medicamentos; proyectos viales, puentes, mantenimiento y otras obras viales; aumentos para Gobernación, Justicia y el sistema de investigación criminal y se mantienen las partidas para programas de vivienda, infraestructura municipal y transferencias para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación del presupuesto durante la conferencia matutina de este miércoles. Señaló que la nueva asignación “permitirá al Estado contar con una herramienta para invertir en el bienestar y en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, de manera transparente y respetuosa de los derechos fundamentales de todas y todos los guatemaltecos”. Añadió que, para el próximo año, el presupuesto contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad y dos hospitales en el país.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, informó que a la fecha se ha ejecutado el 77% del presupuesto nacional. “Esto es superior al nivel de ejecución de los segundos años de los dos gobiernos anteriores. Nuestro nivel de ejecución está en el promedio de los últimos cinco años de ejecución presupuestaria para esta fecha de noviembre”, afirmó.
Más dinero para los Codede
En el presupuesto de 2026 los más beneficiados aparte de las carteras son los Consejos de Desarrollo Departamental (Codede), ya que los diputados aprobaron un aporte extraordinario de Q6.3 millardos. Además de este aporte, los Codede podrán ejecutar los recursos que no usaron este año. En total, los Consejos tendrán a su disposición más de Q14 mil millones para 2026.
En contraste, el ICEFI recomendó no realizar más aportes extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), al advertir que “la capacidad real de los Codede para ejecutar sus asignaciones presupuestarias se limita a los aportes ordinarios establecidos en ley”, según un comunicado emitido el 11 de noviembre de 2025.
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Un presupuesto financiado con deuda
En la misma sesión, el Legislativo también aprobó varios préstamos externos e internos, destinados a completar el financiamiento del presupuesto 2026. En total, Guatemala tendrá cinco líneas de crédito con dos bancos internacionales por US$ 1 mil 350 millones -aproximadamente Q10.3 millardos-.
Guatemala aumentará la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$900 millones -aproximadamente Q6 millardos 896 millones- para sustituir el financiamiento del presupuesto de 2023 -ejecutado por el gobierno de Giammattei-, la carretera de Teculután a Mayuelas y electrificación rural.
Además, Guatemala acudirá al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para obtener dos préstamos por US$450 millones -aproximadamente Q3 millardos 448 millones- que servirán para infraestructura rural y la digitalización, modernización del Estado e infraestructura tecnológica.
Los diputados justificaron la aprobación de préstamos multimillonarios aduciendo que los mismos servirán para proyectos de electrificación rural, infraestructura vial, infraestructura rural general, modernización del Estado y la sustitución de financiamiento presupuestario anterior, por lo que parte de la deuda “solamente” sería refinanciada.
El presidente Bernardo Arévalo explicó que los préstamos se destinarán a proyectos específicos. El primero será para electrificación rural; el segundo, para la construcción y ampliación a cuatro carriles de la carretera entre Teculután y Mayuelas; el tercero, para infraestructura rural y movilidad; el cuarto permitirá avanzar en la digitalización del servicio público; y el quinto buscará mejorar la calidad y la transparencia de los programas de protección social.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, detalló que el préstamo para ampliar la cobertura de electrificación beneficiará a 70 mil hogares. Añadió que el financiamiento destinado a los caminos rurales alcanzará a 5.1 millones de habitantes.
La aprobación del Presupuesto y su respectiva deuda para financiarlo ocurre a meses de las elecciones de segundo nivel, en el que deberán renovarse las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Contraloría General de Cuentas (CGC), fiscal general y el rector de la USAC.
Diputados opositores, como Allan Rodríguez -el principal bastión en el Congreso durante el gobierno de Giammattei- aseguró que ese presupuesto no era producto del diálogo ni los consensos sino de la extorsión, chantaje y amenazas. “Usan el presupuesto como arma político”; dijo Rodríguez cuando el oficialismo utilizó tácticas simulares a las de Vamos en la legislatura anterior.
Congreso da más facultades a ANADIE
El pleno del Congreso de la República de Guatemala aprobó también el Decreto 21‑2025, que reforma la ley de alianzas público-privadas gestionada hasta ahora por ANADIE, bajo la pretensión de agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura y modernizar el marco jurídico del Estado.
Con 129 votos a favor, la nueva norma transfiere a la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la dirección de los procesos de planificación, selección, adjudicación y supervisión de obras.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) destacó que la reforma representa “un paso importante” hacia un marco normativo más moderno, que podría facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos y mejorar la infraestructura productiva del país.
Pero grupos opositores alertaron que la concentración de facultades podría debilitar los controles ciudadanos, especialmente en procesos de adjudicación y licitación, lo que pone en riesgo la transparencia de las obras públicas —una preocupación persistente en Guatemala.
Las reformas incluyen cambios en los criterios de priorización de proyectos estratégicos, ajustes a los requisitos de preinversión y estudios técnicos, nuevos procedimientos para supervisión, evaluación y participación del sector privado y la revisión de los lineamientos para la adjudicación de obras y concesiones.
