Por Noah Bullock*
Hace seis años, en 2019, participé como ponente en el evento de cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Ciudad de Guatemala. Aquel acto fue, al mismo tiempo, una celebración y una despedida: se reconocían los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción gracias a la fuerza conjunta de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y de un Ministerio Público que entonces actuaba con integridad, acompañado por la comunidad internacional. Pero junto a esa celebración también se palpaban el luto, el temor y la incertidumbre por lo que vendría.
Nunca olvidaré las palabras de una autoridad indígena que presidía el acto. Dijo que, con el cierre de la CICIG, el pueblo de Guatemala estaba entrando a Xibalbá, el inframundo maya donde reinan la oscuridad y las mentiras. No era —recordó— la primera vez que su pueblo descendía a esas profundidades. Y entonces dejó una enseñanza que aún resuena: cuando se camina en la oscuridad, lo esencial es seguir avanzando, porque la noche no es eterna y la luz siempre termina por abrirse paso.
Durante su existencia, la CICIG desafió los antiguos supuestos de poder y privilegio y demostró que la justicia puede funcionar en favor de las mayorías. Desde los países vecinos observábamos con admiración los avances de Guatemala en justicia transicional, lucha anticorrupción y movilización democrática, desde la primavera chapina hasta la resistencia de los 117 días.
Pero tras esas luces, las conquistas vinieron acompañadas de grandes sacrificios. Muchas personas —y sus familias— que defendieron lo justo fueron acosadas, criminalizadas, encarceladas y forzadas al exilio.
En mayo de este año, nuestra organización también vivió de primera mano esa oscuridad, cuando fuimos testigos de la criminalización y el encarcelamiento injusto de nuestra compañera Ruth López y de otros defensores de derechos humanos en El Salvador. Y en julio, después de 25 años de trabajo en el país que nos vio nacer, anunciamos nuestra salida ante la escalada represiva del régimen de los hermanos Bukele.
La persecución directa contra nuestro equipo despertó un compromiso profundo: luchar por la libertad de nuestras y nuestros prisioneros de conciencia. No pasa un solo minuto en que no sintamos su ausencia. Pero ese dolor se convierte en solidaridad inquebrantable con todas las personas perseguidas políticamente en la región: aunque nuestra gente recupere su libertad, seguiremos luchando hasta que todas y todos estén libres.
Lo que vivimos en El Salvador forma parte del mismo patrón de violencia política que avanza en la región. Es la repetición de los autoritarismos del pasado que, con la firma de acuerdos de paz, se esperaba dejar atrás.
Desde el fin de los conflictos armados, nuestras comunidades han sufrido múltiples formas de violencia que han devastado el tejido social y sembrado miedo en los territorios. Durante más de dos décadas, desde Cristosal hemos acompañado a víctimas de violencia generalizada, desplazamiento forzado, trata de personas, crímenes de prejuicio y tortura.
Si bien toda violencia es devastadora, la violencia política —persecución y agresiones dirigidas por lo que una persona piensa, expresa o representa colectivamente— es especialmente peligrosa. No solo castiga al individuo: intimida a toda la sociedad y envía un mensaje claro: “Quien disienta será castigado”. Ese mensaje erosiona los cimientos democráticos: el principio de igualdad ante la ley y el derecho a participar en condiciones de equidad en la vida pública.
Pero frente a ese mensaje del miedo, hoy debemos levantar otro: el de la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas.
Por eso el nacimiento de la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política, de la que Cristosal forma parte, es un esfuerzo colectivo para transformar el miedo en memoria y verdad. Esta plataforma documentará casos de criminalización, exilio y violencia política contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores y operadoras de justicia, liderazgos indígenas y comunitarios y organizaciones sociales.
La plataforma no pertenece a una sola organización ni responde a una sola voz. Es fruto del coraje colectivo de quienes han decidido documentar y dejar testimonio de un capítulo oscuro que aún se está escribiendo. Busca visibilizar la verdad de las víctimas, consensuar metodologías de registro y análisis para mostrar patrones de violación de derechos y distinguir entre causas legítimas y la instrumentalización del sistema judicial para castigar voces incómodas.
La violencia política castiga a personas concretas, pero su objetivo real es toda la sociedad: silenciar, inmovilizar y convencer de que es peligroso opinar u organizarse. Con este registro y análisis queremos mostrar no sólo el costo que pagan las personas perseguidas, sino también el costo que paga Guatemala cuando se cierran los espacios cívicos y se normaliza la represión.
Queremos contribuir a la construcción de una conciencia colectiva en la sociedad, y especialmente entre la clase política que en los próximos meses tendrá la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades del sistema electoral y de justicia, incluyendo al Ministerio Público. Guatemala aún tiene la oportunidad de elegir a funcionarios y funcionarias públicas honorables, como una garantía mínima de la no repetición de este episodio oscuro de persecución y exilio contra las personas valientes que soñaron —y siguen soñando— con una Guatemala más justa.
Aunque parezca que aún caminamos en Xibalbá, ningún régimen de represión nos detendrá. La persecución no nos paraliza: nos impulsa a avanzar hacia la luz, porque la oscuridad no dura para siempre.
Caminamos hasta que nuestras amigas y amigos estén libres; y también para que nuestras hijas e hijos puedan disentir sin miedo, defender su territorio y soñar con una comunidad más humana, sin la amenaza del exilio o la cárcel.
Lo importante es seguir avanzando. Y aquí seguimos, con la memoria como brújula y la convicción de que la verdad y la justicia siempre abren camino.
*Director ejecutivo de Cristosal
