CC suspende beneficio judicial otorgado por el juez Víctor Cruz a supuesto narco

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Créditos: Estuardo de Paz

La Corte de Constitucionalidad suspendió el fallo del juez Víctor Cruz, quien había reducido los cargos contra Wilver Danilo Morales Arias, señalado de narcotráfico. Con esta resolución, los magistrados suspenden el beneficio judicial que permitió su liberación inmediata.

Por Alexander Valdéz

Por segunda vez, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó revisar la resolución emitida por el juez “A” del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz, quien procesó solo por un delito a Wilver Danilo Morales Arias, señalado por el Ministerio Público de narcotráfico. Con esta decisión, los magistrados dejaron sin efecto el beneficio judicial que facilitó al acusado su liberación inmediata, tras haber sido procesado únicamente por asociación ilícita y aceptar cargos.

No es el primer fallo que la máxima corte dicta en este caso. En julio, ordenó conocer este amparo y que se revisara la decisión del juzgador. Sin embargo, la Sala, aunque dio cumplimiento a la orden y entró a conocer la acción legal, decidió no otorgar la protección provisional; de esta cuenta, el proceso regresó a la CC.

Morales Arias figuró en la lista de los más buscados y fue vinculado en un caso por supuesto tráfico de drogas. Sin embargo, en la audiencia de primera declaración el juez Cruz resolvió reducir la imputación inicial (no tomó en cuenta el delito de comercio, tráfico y almacenamiento de drogas), criterio que generó inconformidad en la Fiscalía de Narcoactividad, la cual acudió a la máxima corte.

A criterio de la Fiscalía, el juez había actuado de manera arbitraria al desestimar los cargos más graves sin considerar los medios de investigación disponibles. La CC analizó el caso y determinó que la resolución de Cruz debía ser suspendida, al establecer que el fallo podría haber vulnerado los principios de legalidad y debido proceso.

Con la resolución de la CC, el expediente fue devuelto a una Sala, que será la encargada de revisar en definitiva la decisión emitida por Víctor Cruz. Este nuevo análisis definirá si el beneficio otorgado a Morales Arias se mantiene o si deberá enfrentar nuevamente los cargos por narcotráfico que lo llevaron a ser uno de los fugitivos más buscados por las autoridades.

“Esta Corte advierte que en el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional y se dan los supuestos que para el efecto contempla el artículo 28 ibidem, por lo que debe revocarse el numeral IV) de la resolución apelada y, al resolver conforme a Derecho, otorgar la protección interina solicitada, en el sentido de dejar en suspenso el acto señalado como lesivo”, resolvió la Corte.

El caso y el juez

Según el expediente de la Fiscalía de Narcoactividad, el implicado fue vinculado al proceso por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Cabe destacar que la audiencia de Morales Arias transcurrió sin mayor divulgación; no hay registros oficiales publicados en los portales web de la Fiscalía o de la Policía Nacional Civil (PNC) que confirmen si el acusado fue detenido en el momento de presentarse ante el Juzgado Décimo.

Víctor Manuel Cruz Rivera se desempeña como juez “A” del Juzgado Décimo Penal, al que llegó después del traslado del Walter Villatoro en 2018. Desde entonces ha enfrentado cuestionamientos por decisiones judiciales como la orden de captura que bloqueó la participación de Thelma Aldana en las elecciones generales del 2019.

En 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo sancionó e incluyó en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos. “Socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de ‘Comisiones Paralelas 2020’ para incluir en la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones a jueces corruptos”, señala EE.UU.

En noviembre de 2023, el juez Cruz autorizó las diligencias de allanamiento para capturar a personas presuntamente vinculadas en un caso que el Ministerio Público (MP) ha denominado “Toma de la USAC: botín político”, con el que se criminalizó a estudiantes y profesionales que rechazaron la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

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