El Registro de Información Catastral (RIC) es una institución clave para definir quién tiene derechos sobre la tierra en Guatemala. Aunque su función debería ser técnica, su impacto en conflictos agrarios, desalojos y reconocimiento de tierras comunales lo convierte en un actor político. El Colegio de Abogados y Notarios está por elegir a su representante en el Consejo Directivo del RIC, en un proceso que podría reforzar o debilitar los derechos colectivos y la influencia del Ejecutivo en la institución.
Por Prensa Comunitaria
El proceso de elección del representante titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) ante el Consejo Directivo del RIC está en marcha. La primera vuelta se realizará el próximo 5 de agosto y, de ser necesaria, una segunda se llevará a cabo el 13 de agosto. Esta es una de las tres elecciones realizadas por colegios profesionales que permiten integrar el órgano de dirección de esta institución clave.
Esta elección representa un movimiento en el mapa de poder de la institución que podría abrir la puerta para que el gobierno actual obtenga una mayoría dentro del RIC que le permita tomar decisiones.
En 2024, Mynor Estrada, el entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, intentó remover Acxel de León Ramírez como director ejecutivo nacional del RIC, por no cumplir con las metas establecidas en el avance del catastro municipal. Sin embargo, su intento fracasó debido a la oposición de la representación de los tres colegios profesionales que integran el Consejo Directivo y por el que ni siquiera se logró incluir el tema en la agenda, según una publicación realizada por Prensa Libre.
El pasado 13 de junio se celebraron los 20 años de la institución. En la nota del ministerio figura la ministra María Fernanda Rivera junto a León Ramírez. Se buscó la opinión de la ministra para conocer si aún se mantenía la idea de realizar cambios en el RIC pero al cierre de la nota no habían respondido a nuestras interrogantes, pese a que uno de los encargados del departamento de Comunicación señaló el jueves que buscarían la respuesta oficial.
¿Cómo se integra el consejo?
El Consejo Directivo del Registro de Información Catastral (RIC) está integrado por siete personas con sus respectivos suplentes.
Este año, el Consejo está presidido por María Fernanda Rivera Dávila (1), la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y José Antonio López Leonardo, su suplente.
También lo integran, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela (2), registrador general de la Propiedad y Erick Rodolfo López López, su suplente; David Isaac Gómez Gómez (3), director del Instituto Geográfico Nacional y Marcos Osmundo Sutuc Carrillo, su suplente.
Por los colegios profesionales: el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) está representado por José Luis Chapas Castillo (4) y Brener Yubini Granados Pinto, suplente; el Colegio de Ingenieros de Guatemala, por Jorge Luis Maldonado Echeverría (5) y Miguel Ángel Ocaña Choxom, suplente; el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, por Sergio José Roberto Domínguez Barco (6) y Enrique Octavio Barahona Pereira, suplente.
Finalmente, por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuyo titular es José Enrique Arredondo Amaya (7), alcalde Nueva Santa Rosa, Santa Rosa; y Amílcar Suy Cubul, su suplente.
Según el reglamento de la institución las decisiones se toman con la mitad más uno de sus integrantes. Y esta es la razón por la que el año pasado no se removió al director ejecutivo que permanece en el puesto desde el gobierno de Jimmy Morales. Los integrantes de los colegios profesionales de Ingeniería, Agronomía y abogados señalan que la mitad más uno son 5 votos de 7, mientras que el grupo liderado por el gobierno señalaba que la mayoría eran 4 de 7.
Para el experto en gobiernos locales, Eddy Cifuentes, esta institución “ha sido vista como un botín político”. Agrega que “los intereses son extraordinarios para cada uno de los sectores. Ha caído en el desarrollo de una agenda particular, interesada. No hay consecuencia institucional. Es una entidad complicada por los intereses que ahí se juegan”.
¿Por qué es relevante esta elección?
El RIC es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Agricultura creada mediante el Decreto 41-2005. Tiene el mandato de establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, y trabaja de forma coordinada con el Registro General de la Propiedad (RGP) para integrar información técnica con valor legal.
Desde su origen, como parte de los Acuerdos de Paz, su función debía ser técnica pero también tiene un componente de reparación social y comunal: otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, prevenir conflictos agrarios y facilitar la planificación del desarrollo rural. Sin embargo, en la práctica, su funcionamiento ha estado marcado por omisiones estructurales que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, han afectado gravemente a comunidades indígenas y campesinas.
Maneja un presupuesto de más de Q150 millones anuales de los cuales más del 90 por ciento se usa en gastos de funcionamiento.
Catastro no reconoce lo colectivo
“Una de las funciones del RIC es declarar las propiedades comunales. Sin embargo, aún no ha avanzado mucho en ese sentido. Se ha quedado corto para cumplir con su propia ley”, dice el abogado Juan Castro, del Bufete para los Pueblos Indígenas.
Castro recuerda que el RIC no ejecuta desalojos directamente, pero advierte que sus informes y certificaciones técnicas pueden ser determinantes. “Por ejemplo, en un caso que llevamos, un informe del RIC nos ayudó parar detener un desalojo, porque establecía que había traslape de fincas. Pero también hemos visto casos donde favorece con sus informes a finqueros. Depende de la diligencia que haya en la investigación”.
La falta de reconocimiento de la propiedad colectiva o ancestral es, según Castro, uno de los problemas más profundos: “El RIC no se rige bajo estándares internacionales en temas de tierra y derechos indígenas. No ha hecho ninguna declaratoria de propiedad comunal y eso lo aleja de su razón de ser, que fue producto de los Acuerdos de Paz”.
Eddy Cifuentes coincide: “Se ha hecho muy, muy poco. Por ejemplo, el conflicto en Río Hondo: la comunidad tiene décadas de existencia y sigue sin reconocimiento. No es un tema técnico, hay intereses de particulares, consorcios o sectores que dejan de lado el papel del RIC”.
Cuando el catastro se vuelve herramienta de despojo
La conexión entre el RIC y los desalojos ha sido documentada por organizaciones sociales. Sus dictámenes pueden avalar o negar derechos de posesión y esos informes se utilizan como base en procesos judiciales que pueden terminar con el uso de la fuerza pública.
La carencia de mecanismos efectivos para reconocer títulos ancestrales, formas colectivas de tenencia o posesión histórica convierte al RIC, en muchos casos, en una herramienta técnica de despojo. “La institución no ha sido imparcial. Ha estado cooptada, en parte, por sectores ligados a la defensa de la propiedad privada individual”, dijo el abogado.
“Hay comunidades que han solicitado ser reconocidas como propiedad comunal, como en el caso de Mocohan de Purulhá y el RIC se negó a conocer el caso, priorizando la propiedad individual. No se fija bajo la lógica de los estándares internacionales y eso lo convierte en una institución al servicio de una visión privatizadora de la tierra”, agregó Castro.
Además, el RIC ha estado involucrado en casos de corrupción. Uno de los más importantes es el caso conocido como “Caja de Pagos”, ocurrido durante el gobierno del Partido Patriota. En este proceso, fueron acusadas 14 personas, entre ellas la exvicepresidenta Roxana Baldetti y Emilia Ayuso, la exdirectora del RIC, por el delito de peculado por sustracción. La investigación mostró que la institución había sido utilizada como una especie de caja chica para pagar favores políticos.
Estado actual del proceso catastral
Hasta 2023, 68 municipios de nueve departamentos habían sido declarados “en proceso catastral”, abarcando el 50.48 % del territorio nacional, aunque apenas el 14.89 % estaba completamente catastrado, según datos del Observatorio de Derechos de Propiedad. Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché, Chiquimula y Zacapa figuran entre las zonas prioritarias.
“El proceso no es tan simple, pero con los recursos y el personal que se tiene, debería ser más ágil. La cantidad de municipios catastrados no es significativa. El catastro es de gran valía para los territorios: les da certeza jurídica, permite planificar, ordenar el territorio. Ya debería haber más cobertura”, opinó Cifuentes.
A pesar del avance técnico, el proceso deja fuera a cientos de comunidades que poseen tierras de forma ancestral pero no están formalmente registradas. Su exclusión del catastro nacional incrementa su vulnerabilidad jurídica y el riesgo de desalojo.
Más que una elección gremial: un asunto de legítimos derechos
Con conflictos territoriales activos, exigencias de reconocimiento de tierras comunales y regularización pendientes, la elección en el RIC trascenderá lo gremial. De quién maneje esa institución dependerá, en gran medida, cómo se definen y priorizan zonas catastrales; si las comunidades indígenas reciben reconocimiento legal en el proceso; qué tipo de información técnica se genera y si se respeta la consulta y protección del territorio.
Es un momento clave que debería atraer mayor atención pública: quien tenga influencia dentro del RIC tendrá poder para definir los parámetros técnicos que sustentan decisiones sobre qué terrenos se reconocen y cuáles comunidades podrían ser desplazadas.
Por ahora, los ojos están puestos en la elección del Colegio de Abogados, en la que hay inscritas ocho planillas para titular y suplente. Los abogados votarán este lunes 5 de agosto en la ciudad capital (en el Parque de la Industria) y en Quetzaltenango (en el Centro de Convenciones el Gran Karmel).
Según el reglamento, quienes integran el consejo permanecen dos años en sus puestos.
Las elecciones de los otros integrantes
El Colegio de Ingenieros de Guatemala realizó la elección para su representante titular y suplente el pasado 5 de mayo, en la que fue electo Luis Eduardo Portillo como titular y Ulises José Moran como suplente. Mientras que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala realizó su última elección en enero de 2023 y no se ha realizado convocatoria para las elecciones para suplir a sus representantes.
En el caso del representante de la ANAM, por lo general se trata de un alcalde cercano al presidente de dicha institución. Cifuentes lo resume así: “La elección del representante de la ANAM es discrecional. Es a dedo. Lo designa el presidente de la ANAM, generalmente se trata del alcalde más cercano, el que más apoyo le dio en la campaña. No hay perfil, ni requisitos técnicos”.
El actual delegado es José Enrique Arredondo Amaya, alcalde de Nueva Santa Rosa.
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