Según el viceministro de Ambiente Rodrigo Rodas, no se hizo un edicto en el idioma Q’eqchi’ para informar las comunidades sobre estas licencias mineras, no se pidieron opiniones consultivas a instituciones responsables para la protección del ambiente y áreas protegidas y se hallaron inconsistencias en firmas, fechas y la celeridad de cómo se atendieron los trámites. El MARN canceló este 31 de julio las diez licencias mineras.
Por Simón Antonio Ramón
El 31 de julio las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) oficializaron en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura la cancelación de licencias ambientales de diez proyectos mineros de explotación y exploración de níquel en la Sierra Santa Cruz, en el Caribe guatemalteco, en Livingston, Izabal.
El anuncio se realizó luego de varios meses de resistencia pacífica de las comunidades del pueblo Maya Q’eqchi’, Garífuna y mestiza de Livingston y El Estor que insistieron en la cancelación de dichas licencias.
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló que las licencias ambientales para explotar minería metálica otorgadas en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei causaron preocupación en las comunidades porque en la Sierra Santa Cruz nace el agua que las abastece.
“Los procesos de revisión y otorgamiento de derechos a personas individuales o jurídicas es un proceso que debía realizarse con cuidado, con mucha responsabilidad, documentando, asegurando el debido proceso para soportar en ley las decisiones finales” dijo Orantes.
Las anomalías de las licencias
El viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, informó de varias anomalías que encontraron en la emisión de las 10 licencias para los proyectos mineros. “Los expedientes no acreditaban la propiedad de la tierra en donde se realizarían los proyectos mineros, requisito indispensable en este proceso; en los proyectos de explotación la participación pública fue deficiente, por ejemplo, no se realizó un edicto en el idioma predominante de la región que es el idioma Q’eqchi’”, dijo el funcionario.
“No se solicitaron en los 10 proyectos las opiniones obligatorias establecidas en el Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental a instituciones como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), recordemos que la Sierra Santa Cruz es una zona de protección especial establecida en el articulo 90 de la Ley de Áreas Protegidas”, señaló.
Además, el funcionario aseguró que en el instrumento ambiental no se identificaron a los nacimientos de agua y ríos, la biodiversidad del área y el impacto ambiental ocasionado por la actividad minera. En la inspección realizada por personal de MARN se encontraron excavaciones para explorar el subsuelo y determinar la existencia de minerales sin tener la licencia aprobatoria del MEM.
También se encontraron inconsistencias en fechas, variaciones en las firmas dentro de los expedientes y una celeridad inusual para aprobación de cada uno, en algunos casos el mismo día que se asignó el expediente al técnico eso mismo día se aprobó.
El @marnguate cancela 10 proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal.
Según el viceministro Rodrigo Rodas, encontraron varias anomalías en el otorgamiento de estas licencias ambientales durante el gobierno anterior.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 31, 2025
El MARN identificó que se pudo haber cometido dos delitos por parte de los exfuncionarios que emitieron las licencias. “Incumplimiento de deberes porque no se observaron los requisitos mínimos que esta solicitando la reglamentación ambiental; y falsedad material e ideológica, por la posible falsificación de firmas”, aseguró el viceministro de Ambiente.
Por esto se interpusieron 10 denuncias en el Ministerio Público (MP) el pasado 22 de julio.
Corrupción detrás de la minería
Cuando se emitieron las 10 licencias ambientales ahora canceladas, fungían como viceministro de Ambiente, Miguel Esteban Piedrasanta y como ministro Gerson Elías Barrios Garrido, quien asumió el cargo en octubre de 2022 en lugar de Mario Rojas Espino, también señalado de opacidad en el sector minero.
Rojas, según una investigación de Prensa Comunitaria, fue contratista de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) y de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ambas subsidiarias de la transnacional minera ruso-suiza Solway Investment Group, por medio de su empresa Éxito Construcciones.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó por corrupción en el sector minero a varios ex funcionarios de la administración de Giammattei, tanto del MARN, como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Gobernación, incluyendo al expresidente y Miguel Martínez ex directivo del extinto Centro de Gobierno. Estas sanciones fueron acompañadas por la Lista Engel y la Ley Magnitsky de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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En tanto, el exministro de Energía y Minas entre 2020 y 2023, Alberto Pimentel Mata, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) en enero de 2024 por su papel en la explotación del sector minero guatemalteco a través de maniobras generalizadas de soborno, algunas relacionadas con contratos gubernamentales y licencias mineras.
Incluso el mismo expresidente Giammattei fue designado con dichas sanciones por el gobierno de EEUU por participar en la corrupción en el sector minero. El pueblo Q’echi’ de Alta Verapaz y El Estor, denunció desde 2017 la operación ilegal de las principales empresas mineras de níquel y la contaminación medioambiental en el lago de Izabal.
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Proyectos amenazaban biodiversidad de la Sierra Santa Cruz
La Sierra Santa Cruz está compuesta de bosque tropical húmedo y en la parte alta bosque nuboso, ecosistemas estratégicos para la regulación climática y el ciclo del agua.
El 42 por ciento se compone de bosque natural, en tanto los polígonos de los proyectos mineros abarcaban alrededor de 43 mil 508 hectáreas que equivale a unos 43 campos de fútbol.
Según lo analizado por el MARN, los polígonos de los proyectos de extracción y exploración minera estaban siendo recorridos por cuerpos de agua y nacimientos de agua que abastecen a las comunidades aledañas.
También afectarían al 35 por ciento de nacimientos de ríos y otros cuerpos de agua, que va acompañado de bosque donde hay cedros, caoba, palo de hormigón y mamíferos considerados en peligro de extinción.
Desde enero de 2025, las 54 comunidades Q’eqchi’, Garífuna y mestizas del municipio de Livingston comenzaron a movilizarse por medio de reuniones y manifestaciones para detener la minería en la Sierra Santa Cruz. El pasado miércoles, manifestaron su satisfacción al recibir la noticia de que las licencias ambientales habían sido canceladas.
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