Por Héctor Silva Ávalos
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tuvo una audiencia en Washington, D.C. el pasado 24 de junio para hablar de gobiernos autoritarios que, con recursos públicos, persiguen a sus connacionales fuera de sus fronteras. Testigos invitados abordaron la represión transnacional ejercida por los gobiernos de China, Paquistán e India, entre otros. La comisión, presidida por los congresistas James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Chris Smith, republicano de Nueva Jersey, me invitó a entregar un testimonio escrito sobre la represión transnacional ejercida por el gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el cual se reproduce a continuación:
TESTIMONIO ESCRITO
Presentado ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos
Cámara de Representantes de los Estados Unidos
Audiencia: «Represión transnacional: tendencias y enfoques políticos»
Fecha: 24/06/2025
Mi nombre es Héctor Silva Ávalos. Soy un periodista salvadoreño que vive exiliado en Estados Unidos desde 2021, cuando tuve que abandonar mi país para protegerme a mí mismo y a mi familia de la persecución del Gobierno del presidente Nayib Bukele. El acoso, que incluyó amenazas de emitir una orden de arresto, un proceso penal por lavado de dinero, campañas de desprestigio y ataques digitales masivos, comenzó en 2019 cuando publiqué una historia que vinculaba a Bukele con empresas financiadas por el petróleo estatal venezolano y el régimen de Nicolás Maduro, las cuales eran investigadas en Estados Unidos por lavado de dinero. Más tarde publiqué otra historia que revelaba que el fiscal general de El Salvador, impuesto por Bukele, era empleado de Alba Petróleos, el consorcio salvadoreño ligado al dinero de Venezuela. Producto de las investigaciones estadounidenses varios funcionarios venezolanos y salvadoreños que malversaron ese dinero han sido sancionados por el Departamento del Estado y el del Tesoro en Washington.
En septiembre de 2022, testifiqué ante esta Comisión por primera vez, solo cinco meses después de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele decretara el estado de excepción en El Salvador. En ese momento, ya el gobierno salvadoreño había detenido a más de 50,000 personas, muchas de ellas sin orden judicial, sin asistencia letrada y sin la oportunidad de comparecer ante un juez. Ya circulaban informes procedentes de la sociedad civil y organizaciones internacionales sobre torturas, muertes bajo custodia del Estado y detenciones arbitrarias. Las cifras eran alarmantes, pero también lo era el mensaje político: la disidencia sería castigada y reinaría la impunidad.
Ese testimonio terminó con una advertencia: «Los abusos del régimen de Nayib Bukele en El Salvador no son una amenaza pasajera para la democracia salvadoreña y la estabilidad de Centroamérica. Lo que está sucediendo en mi país… es el amanecer de un gobierno autoritario cuyo objetivo final es perpetuarse en el poder».
Hoy, tres años después, vuelvo a esta Comisión para presentar un nuevo testimonio y documentar lo que ha pasado desde entonces. Lo que comenzó como la consolidación del autoritarismo en El Salvador ha traspasado fronteras. Se ha convertido en una campaña de represión transnacional que ahora tiene como objetivo a los salvadoreños que vivimos en el exilio, incluidos quienes residimos en los Estados Unidos.
- Persecución a través de los consulados: la represión transnacional en la práctica
A principios de mayo de 2025, una cuenta de redes sociales vinculada a la inteligencia estatal salvadoreña publicó fichas policiales falsas en los que se afirmaba que sobre mí y otros pesaban órdenes de captura, y que a mí debían detenerme si entraba en un consulado de El Salvador en los Estados Unidos. Estas publicaciones incluían no solo desinformación sobre mi situación legal, sino también datos personales sensibles: mi fotografía de pasaporte, fotos de mi familia inmediata y una dirección en los Estados Unidos que había utilizado mientras vivía y trabajaba en Washington, D.C.
Esa dirección solo se había compartido con una oficina del Gobierno salvadoreño: el consulado en Silver Spring, Maryland.
Una investigación posterior me confirmó que la orden de detención era totalmente falsa. Sin embargo, la información personal y familiar que se mostraba en las redes sociales era auténtica y claramente extraída de bases de datos oficiales del Gobierno, a las que solo tienen acceso las instituciones salvadoreñas. No se trataba de un error. Era un mensaje.
No fui el único. Ese mismo día, al menos otros dos periodistas salvadoreños y tres defensores de los derechos humanos fueron objeto de ataques similares. En un caso documentado, una mujer salvadoreña que había huido del país debido a la persecución política fue acosada en su casa en otro país latinoamericano por personal vinculado al consulado salvadoreño local.
No se trata de incidentes aislados. Desde 2019, y con mayor intensidad bajo el estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha desplegado campañas de acoso contra críticos dentro y fuera del país. Hoy esas campañas también se alimentan de la instrumentalización de los datos que manejan los consulados y del registro civil y del abuso de la infraestructura consular.
Esta estrategia no es espontánea ni desorganizada. Investigaciones periodísticas y denuncias de la sociedad civil han identificado a una figura clave detrás de este aparato: el subinspector de policía retirado Carlos Roberto Hernández, conocido en El Salvador por su alias “Chirriplín”. Hernández, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, está a cargo de una unidad encargada de vigilar a los opositores políticos, periodistas y líderes de la sociedad civil. Informes internos de la policía salvadoreña sugieren que su red incluye a funcionarios integrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las oficinas del registro civil que operan en todo el sistema consular de los Estados Unidos.
Permítanme ser claro: se trata de una represión transnacional. La dirigen agentes del Estado de El Salvador utilizando recursos estatales y está orientada a ciudadanos salvadoreños que vivimos legalmente en otros países, incluidos los Estados Unidos. Esto es una violación de las normas internacionales y debería de ser una preocupación por la soberanía de los Estados Unidos.
Esta Comisión es muy consciente de cómo la represión comienza a traspasar fronteras. En el caso del periodista Jamal Khashoggi, todo comenzó con la vigilancia y el acoso en línea, esfuerzos del gobierno de Arabia Saudí por controlarlo e intimidarlo después de que huyó de su país. Todos sabemos cómo terminó esa historia. No estoy sugiriendo que El Salvador se encuentre en ese punto. Pero el patrón es reconocible: servicios de inteligencia que vigilan a los críticos en el extranjero, datos personales utilizados como arma e instituciones diplomáticas reconvertidas para exportar el miedo. Si no se controlan, estas tácticas iniciales pueden evolucionar hacia algo mucho más peligroso, no solo para los salvadoreños, sino para las normas democráticas en todo el mundo.
Ni siquiera los legisladores estadounidenses se han librado. En una audiencia del Congreso en 2023, la representante Norma Torres se enfrentó públicamente al secretario de Estado Marco Rubio por la represión de Bukele, señalando que ella misma había sido objeto de ataques y campañas de desinformación procedentes de cuentas vinculadas a funcionarios salvadoreños.
- Se intensifica la represión
La represión se ha extendido hacia el exterior y se ha intensificado dentro de El Salvador. En los últimos meses, el Gobierno ha ido más allá de las detenciones masivas para atacar directamente a figuras destacadas de las comunidades jurídica, cívica, periodística y medioambiental del país.
En marzo de 2024, Ruth López, una destacada defensora de los derechos humanos y crítica de Bukele, fue detenida por cargos ampliamente condenados, motivados políticamente. Enrique Anaya, un destacado jurista y columnista, también fue detenido tras criticar públicamente las maniobras legales del Gobierno.
Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y José Ángel Pérez, sacerdote y activista ambiental, fueron detenidos tras recibir amenazas cada vez más graves relacionadas con su labor de defensa del medio ambiente.
El caso de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional encarcelado por cargos poco claros y fallecido bajo custodia del Estado en 2023, sigue sin resolverse y se ha convertido en símbolo de cómo el régimen ha actuado también contra antiguos miembros de su círculo.
Mientras tanto, la prensa independiente de El Salvador ha sido devastada por la vigilancia, las redadas, el espionaje y el exilio. El Faro, el medio de investigación más reconocido del país, se vio obligado a trasladarse legalmente al extranjero en 2023. Más de cuarenta periodistas han abandonado el país desde marzo de 2022, según la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Esto no es política de seguridad pública. Es persecución política sistemática.
III. Captura del Estado y corrupción: la conexión Alba Petróleos
El giro autoritario en El Salvador está indisolublemente ligado a la corrupción, en particular a través de las redes de Alba Petróleos, una empresa energética vinculada a la petrolera estatal venezolana, la cual ha sido investigada en Estados Unidos por blanquear cientos de millones de dólares en Centroamérica.
Rodolfo Delgado, actual fiscal general de El Salvador, fue anteriormente representante legal de empresas vinculadas a Alba Petróleos. Registros financieros y documentos internos muestran que el propio presidente Bukele recibió 1,9 millones de dólares de Alba Petróleos entre 2011 y 2013, cuando iniciaba su carrera política.
Altos funcionarios de Bukele, entre ellos Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, también recibieron depósitos de entidades vinculadas a Alba. José Luis Merino, que dirigía las redes financieras de Alba y a quien el entonces senador Marco Rubio señaló por sus vínculos con el crimen organizado, fue un importante valedor del ascenso político de Bukele.
El ascenso autoritario de Bukele también está relacionado al pacto que hizo con las pandillas MS13 y Barrio 18 entre 2019 y 2022 y que, entre otras cosas, le facilitaron su primera victoria electoral en las elecciones presidenciales y le ayudaron a reducir los homicidios en el país a cambio de conceder beneficios a los líderes de las pandillas y protegerlos de la extradición, según informaron recientemente medios de comunicación estadounidenses y europeos. Para impedir y desalentar las publicaciones periodísticas que revelan detalles de este pacto en El Salvador, Bukele ha amenazado con encarcelar a los periodistas que han informado sobre él. Hoy en día, la mayoría de estos periodistas se encuentran en el exilio, expuestos a la represión transnacional del régimen salvadoreño.
Estos vínculos ilustran un patrón: la consolidación autoritaria en El Salvador ha sido posible gracias a estructuras financieras corruptas, el crimen organizado, las pandillas, la protección política y el desmantelamiento de la contraloría social y política. Las mismas instituciones que ahora se utilizan para reprimir —la Fiscalía General, la Corte Suprema y las fuerzas de seguridad— han sido capturadas por el presidente.
- Conclusión: una advertencia y el papel de Estados Unidos
Cuando testifiqué en 2022, dije que el régimen de Bukele no era una desviación temporal, sino un proyecto. Ese proyecto ahora se ha consolidado. Bukele se reeligió desafiando la Constitución de El Salvador. La Corte Suprema y la Fiscalía General están totalmente controladas por leales al régimen. La sociedad civil está sitiada. Los periodistas y los expertos jurídicos están encarcelados o exiliados. Y la represión ahora alcanza a los salvadoreños incluso en Estados Unidos.
Así es el autoritarismo en 2025: opaco, digital, financiado con capital extranjero y ejecutado, entre otros, por los consulados de un aliado de Estados Unidos.
Estados Unidos debe actuar:
– Ampliar las sanciones de la Ley Magnitsky Global y la Lista Engel para incluir a los responsables de la represión transnacional y la corrupción financiera.
– Condicionar la ayuda a avances cuantificables en materia de independencia judicial, libertad de expresión y protección de la sociedad civil.
– Apoyar a los periodistas y defensores de los derechos humanos salvadoreños en el exilio, aquellos que aún resisten.
La represión no se detiene en las fronteras. La democracia tampoco debe hacerlo. Gracias.
1. Silva Ávalos, Ávalos, Alvarado, Baires Quezada. “Nayib Bukele recibió USD 1.9 millones de Alba Petróleos.” Connectas. September 2019
2. Silva Ávalos, Campos, Valencia. “Investigación revela que fiscal impuesto trabajó para Alba Petróleos.” La Prensa Gráfica, Infobae. August 2021.
3. Silva Ávalos. “PDVSA Subsidiaries in Central America Slapped With Sanctions.” InSight Crime. March 2019.
4. https://humanrightscommission.house.gov/sites/evo-subsites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/STATEMENT%20HECTOR%20SILVA%20AVALOS_Final%20.pdf
5. https://x.com/berthamariaD/status/1878836602941661382
6. Martínez, Labrador. “Salvadoran President’s Office Ordered Espionage Against Journalists and Political Opponents.” El Faro. September 2024.
7. Silva Ávalos. “Las mujeres a las que persigue Nayib Bukele en El Salvador”. Prensa Comunitaria. June 2025.
8. https://appropriations.house.gov/schedule/hearings/budget-hearing-department-state-and-related-programs
9. McCann Ramírez. “El Salvador Arrests and Disappears Prominent Human Rights Attorney.” Rolling Stone. May 2025.
10.Human Rights Watch. “El Salvador: Experts Question Account of Death in Custody.” October 2024.
11. United States State Department. Venezuela-Related Sanctions. https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions/
12. Silva Ávalos. “¿Quién es Carolina Recinos, la poderosa funcionaria salvadoreña acusada por desmanejos y corrupción”. Infobae. October 2022.
13. Senate Hearing 114-740. “Corruption, Violent Extremism, Kleptocracy, and The Dangers of Failing Governance.” June 2016. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114shrg27955/html/CHRG-114shrg27955.htm
14. Miller, Rotella. “Delay, Interfere, Undermine: How El Salvador’s Government Impeded a U.S. Probe of MS-13.” ProPublica. June 2025.
15. Olivares. “Trump administration trying to dismiss MS-13 leader’s charges to deport him.” The Guardian. May 2025.
16. Schmidt. “Bukele’s crackdown pushes top Salvadoran journalists to flee.” The Washington Post. May 2025.
