El contrato firmado en 2022 entre el Organismo Judicial e Innova Outsourcing S.A. (Q14 millones), quedó incumplido: la empresa no entregó el sistema de gestión judicial y ahora busca una conciliación para devolver únicamente los Q2.9 millones recibidos, evitando una indemnización por el incumplimiento.
Por Alexander Valdéz
Un contrato administrativo 20-2022/POJ, firmado el 29 de diciembre de 2022, entre el Organismo Judicial (OJ) y la empresa Innova Outsourcing S.A., se convirtió en un caso de incumplimiento y disputas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); algunos magistrados a favor de avalar un acuerdo de conciliación con la entidad y exonerarla del pago de una indemnización por el incumplimiento.
El contrato para implementar un “Sistema Informático de Gestión de Tribunales” tenía el valor de Q14 millones, de los cuales se pagaron Q2.9 millones, y buscaba modernizar la administración de justicia. Sin embargo, tras vencer el plazo establecido, en marzo de 2025, el sistema nunca fue entregado, dejando al Organismo Judicial sin esta herramienta tecnológica clave y generando serios cuestionamientos sobre esa contratación que se hizo hace más de dos años.
El 6 de marzo de 2025, la empresa conocida por recibir contratos millonarios durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, en lugar de asumir su responsabilidad y pagar la indemnización correspondiente, pidió una conciliación que le permitiría devolver apenas Q2.9 millones (lo recibido en tiempo de vigencia de contrato). Esta propuesta ha generado una profunda división al interior del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde algunos magistrados están dispuestos a aceptar este acuerdo, mientras otros lo consideran un peligroso precedente de incumplimiento contractual.
Según información que obtuvo Prensa Comunitaria, la controversia trasciende lo meramente contractual y revela posibles tensiones y administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes internas sugieren que existirían presiones hacia magistrados para favorecer a la empresa que incumplió.
Lo cierto es que, de prosperar esta conciliación, se estaría sentando un precedente que podría alentar a otras empresas a incumplir sus obligaciones con el Estado, sabiendo que las consecuencias serían mínimas. Debido a que en este caso hubo dos años sin la prestación del servicio contratado.
Los magistrados que respaldan la propuesta de la empresa ante el pleno de la CSJ son Teódulo Cifuentes (presidente) y Mauricio Corado. Este último, cabe recordar, avaló el polémico traslado del juez Erick García, quien conocía el caso de Jose Rubén Zamora. Además, Corado ha tomado decisiones controversiales en otros procesos, como favorecer a José Luis Benito y ordenar la liberación de los acusados en el secuestro del joven Zoel Cruz.
El contrato que no se cumplió
Según el portal Guatecompras, el contrato administrativo 20-2022/POJ tuvo como objeto la “Adquisición de 1 Sistema Informático de Gestión de Tribunales”, diseñado para modernizar y optimizar los procesos judiciales mediante una plataforma tecnológica integral. Según las especificaciones técnicas acordadas, el sistema debía cumplir con los siguientes requisitos funcionales:
1. Interfaz gráfica de usuario
El sistema debía contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar, diseñada para reducir al máximo la curva de aprendizaje y garantizar una interacción eficiente entre los usuarios y la plataforma.
2. Comunicación bidireccional
La solución tecnológica debía permitir la comunicación en tiempo real entre sistemas internos, órganos jurisdiccionales y centros de servicios auxiliares, facilitando la coordinación y el intercambio de información.
3. Gestión de flujo de trabajo
El software debía implementar un modelo basado en procesos automatizados y división de tareas por roles, con el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia en la gestión judicial.
4. Automatización de procedimientos
El sistema estaba obligado a digitalizar por completo el trámite de expedientes, eliminando la duplicidad de registros y permitiendo notificaciones automáticas vía SMS, correo electrónico u otros medios tecnológicos.
5. Machine Learning e Inteligencia Artificial
La plataforma debía incorporar soluciones de IA para agilizar tareas repetitivas, optimizando tiempo y recursos en la administración de justicia.
6. Expediente judicial electrónico
El contrato exigía un sistema capaz de generar expedientes digitales integrales con funciones como: Programación y grabación de audiencias, traslado electrónico de incidentes y recursos, firma digital de resoluciones y comunicación con órganos jurisdiccionales, abogados e instituciones.
7. Digitalización y reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
El software debía incluir herramientas para escaneo, digitalización y conversión de documentos físicos a texto editable, facilitando su integración en procesos judiciales electrónicos.
Al cierre de esta nota, el Organismo Judicial no respondió a la pregunta sobre esta conciliación que se inició con la empresa y del resultado de la misma.
La Controlaría debe supervisar la negociación
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señaló que en casos de incumplimiento debe ejecutarse la fianza. Sin embargo, explicó que no se trata de un procedimiento sencillo y que puede resultar inefectivo.
Añadió que en la práctica actual del país, a excepción de lo establecido en la Ley de Infraestructura Vial, no existe legislación que prohíba la negociación entre las partes. Por ello, suele incluirse como cláusula en los contratos.
“Al no estar legislado, la posibilidad de negociar entre las partes se vuelve una vulnerabilidad, y acá la recomendación es para la Contraloría General de Cuentas a la que le tocará determinar si la negociación fue en términos legítimos y legales y si el resultado es conveniente para los intereses del Estado”, señaló Barrientos.
Por su parte, el exsubcontralor de Cuentas, César Elías, dijo los procedimientos aplicables ante incumplimientos en contratos públicos, según su análisis, cuando una empresa proveedora falla en sus obligaciones contractuales, el Estado debe interponer una demanda para garantizar el resarcimiento integral. Sin embargo, destacó que cuando las partes optan por la vía conciliatoria, el acuerdo debe cumplir dos requisitos esenciales: primero, la restitución total de los fondos públicos erogados, y segundo, la demostración documentada de que no se causó daño patrimonial al Estado.
En el caso específico del contrato incumplido por Innova Outsourcing S.A. con el OJ, Elías enfatizó que, al mantenerse vigentes los plazos legales para actuar, la institución debería exigir: la devolución completa del dinero pagado, y la compensación por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Esta segunda acción buscaría resarcir los perjuicios acumulados desde 2022, período durante el cual el sistema judicial continuó operando con tecnología antigua por la falta de entrega del sistema contratado.
“Si está en el plazo, lo que se realiza es si el proveedor desea reintegrar, de inmediato hay que facilitar para que se reciba el dinero. Y es posteriormente una demanda por daños y perjuicios. Porque el hecho de no haber cumplido con ese compromiso pudo generar, en este caso, al Organismo judicial una serie de problemas que tendrían que cuantificarse. Pero ahí lo que se habría que hacer de inmediato es habilitar para que se pueda reintegrar ese dinero”, explicó.
La consentida en tiempos de Giammattei
Innova Outsourcing fue fundada en febrero de 2009 y es representada legalmente por Mayra Marlen Deras Guzmán de García. En su página web, señala que son una empresa especializada en tecnología, sobre todo en servicios de internet, infraestructura de redes y ciberseguridad.
Aunque inició negocios con el Estado en 2012, los registros del portal público de Guatecompras muestran que durante la gestión de Giammattei y Martínez, Innova Outsourcing, S. A. recibió un buen número de adjudicaciones de distintas instituciones del Estado por un monto que rebasa los Q337.2 millones.
Esta empresa tuvo un auge público porque durante la pandemia de la covid-19, efectuó varias donaciones al desaparecido Centro de Gobierno que era dirigido por Miguel Martínez. El dinero que recibió en contratos desde 2020 hasta inicios de 2024 le representan el 85 por ciento de todo lo que ha recibido desde que cuenta con registros de firmas de contratos en Guatecompras.
En 2022, esta entidad era una de las favoritas para hacerse del contrato más voluminoso (Q214 millones) para brindar el servicio para el control telemático para privados de libertad, con el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Según el portal de Guatecompras, en febrero de ese año, la Junta de licitación le había confirmado la adjudicación de un contrato para ese servicio y fue firmado por el exministro Gendri Reyes. Pero, el concurso fue cancelado luego de haberse presentado más de seis inconformidades en el proceso por otras empresas participantes, debido a supuestas irregularidades, que a su vez habían sido rechazadas por la Junta.
Innova Outsourcing S.A. vivió su año de mayor bonanza en 2023, al adjudicarse 107 contratos estatales por un monto total de Q218.1 millones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se convirtió en su principal cliente, otorgándole 17 contratos por Q124.6 millones, principalmente para implementación de soluciones de ciberseguridad y licencias de software. Sin embargo, su alcance se extendió a otras dependencias clave del gobierno, incluyendo los ministerios de Salud, Defensa Nacional y Educación, así como el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
En 2024 las adjudicaciones se mantuvieron con 29 contratos obtenidos en el primer cuatrimestre por Q29.8 millones. El más significativo corresponde nuevamente al IGSS, por Q22.9 millones para la “instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución integrada de red y comunicaciones” solicitada por la Subgerencia de Tecnología.
Hasta junio de este año, esa empresa suma 28 adjudicaciones con el Estado, las cuales suman un monto acumulado de Q7.6 millones.
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