Rafael Curruchiche y una cámara de apelaciones extendieron órdenes de captura internacionales contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, funcionarios colombianos que fueron número uno y dos de la comisión, que Interpol rechazó. El saldo final: ni Curruchiche ni Porras pueden entrar ahora a Colombia y el gobierno de Gustavo Petro los acusa de confabularse con la derecha colombiana por motivos políticos. La Policía Internacional informó que no ejecutarán las órdenes contra Velásquez y Camargo.
Por Héctor Silva Ávalos
El jefe de la FECI lo había anunciado en su cuenta X. Junio, escribió, sería un mes bueno para Guatemala. Acompañó lo escrito con una banderita guatemalteca. Es algo que Rafael Curruchiche, como lo hacen también cuentas anónimas asociadas al Ministerio Público, ha convertido en costumbre: publicar mensajes crípticos que preceden acciones penales como órdenes de captura o diligencias judiciales en contra de aquellos a quienes la fiscalía guatemalteca y sus socios perciben como adversarios, entre ellos Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano que fue comisionado jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Curruchiche escribió su post el domingo 1 de junio a las 4:25 de la tarde. Un día después, el lunes 2 a las 7:32 p.m., con un vídeo en el que despliega gestos corporales mecánicos repetidos en otras ocasiones, movimientos de ambos brazos de arriba hacia abajo y los dedos índice y pulgar juntos en las puntas, el fiscal anunció que la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal ordenó la captura de Velásquez y de Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia y jefa de investigaciones de la CICIG entre 2014 y 2017 por asociaciones ilícitas, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el llamado Caso Odebrecht.
Como también suele suceder en Guatemala desde que Consuelo Porras, la jefa de Curruchiche, es fiscal general del MP, cuentas de netcenter y organizaciones afines diseminaron el anuncio. La bomba estalló, pero, por lo visto en las siguientes horas, le estalló en la cara al MP.
Poco después del anuncio de Curruchiche, un alto mando de Interpol en Colombia dijo a La W Radio que no emitiría órdenes rojas de arresto internacional. Es muy probable que el MP supiera ya que las capturas nunca se harían efectivas: ya en diciembre de 2021 Interpol había negado a la FECI de Curruchiche ejecutar órdenes similares en contra de los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, quienes habían desenmarañado la corrupción en Odebrecht. Aún así, el jefe de FECI las pidió a la Sala Tercera de Apelaciones.
El despropósito jurídico había empezado ahí, en la corte de apelaciones, según tres juristas consultados por Prensa Comunitaria. No hay sustento legal en que una sala de apelaciones emita una orden de captura. El Código Procesal Penal y la Ley Orgánica Judicial establecen que el juzgador facultado es el que controla la investigación, en este caso la jueza Judith Secaida, quien, sin embargo, había sido recusada por la Fundación contra el Terrorismo, la organización paralegal dirigida por Ricardo Méndez Ruiz que suele hacer tándem con la FECI de Curruchiche en procesos contra exfuncionarios de la CICIG y del MP.
Lo indicado por la ley, según dos exfuncionarios guatemaltecos consultados, era esperar la respuesta sobre la jueza Secaida o, en última instancia, ir a un juez de diligencias urgentes.
“En principio la orden de aprehensión se debe solicitar ante un juez de primera instancia, según el artículo 257 del Código Procesal Penal, y si su otorgamiento o denegatoria se apelara conocería una sala”, dijo una de las juristas. No fue el caso. Curruchiche se fue directamente al tribunal de apelaciones, a la sala tercera, que suele fallar en favor del MP.
Fue esa sala la que revocó, en marzo de 2025, el arresto domiciliario del periodista Jose Rubén Zamora y lo devolvió a la cárcel. La misma sala desestimó la recusación del juez Freddy Orellana solicitada por el abogado Eduardo Masaya en el llamado Caso Semilla, un proceso judicial contra el partido del presidente Bernardo Arévalo. El juez Orellana, como Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras, han sido sancionados por múltiples países como funcionarios corruptos y antidemocráticos.
Es, también, la sala tercera, un juzgado en el que uno de los jueces, Alejandro Prado, tiene vínculos con Curruchiche y su familia. En 2015, Prado formó parte de un equipo de cuatro abogados que representaron en un amparo a Rosalía Curruchich Cucul, hermana del jefe de FECI. Curruchich Cucul fue, además, candidata a concejal en el municipio de San Benito, Petén, por el partido Vamos, el mismo que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei. Cuando recién fue nombrado jefe de la fiscalía especial, Rafael, el hermano de Rosalía, enterró varios casos de corrupción en los que aparecía implicado Giammattei, según ha publicado Prensa Comunitaria.
“¿Qué autoridad tiene una persona corrupta para emitir órdenes de captura?”
¿Por qué si tenía una idea bastante clara de que las órdenes de captura contra los funcionarios colombianos no iban a prosperar, el fiscal Curruchiche insistió en meterse en el embrollo? En Colombia hay dos respuestas, que son políticas.
Los opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que Iván Velásquez ha sido ministro de defensa y embajador designado ante la Santa Sede en el Vaticano, retoman el discurso de la oposición guatemalteca y los ataques a la fiscal Camargo, bajo cuyo liderazgo la Fiscalía de la Nación ha sido punta de lanza en las acusaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe, jefe en la sombra del antipetrismo, por delitos de soborno, fraude procesal y soborno penal en una causa en la que están de fondo los supuestos nexos del exmandatario con el paramilitarismo.
Medios vinculados a la derecha colombiana, como la Revista Semana, suelen reproducir estos ataques a Velásquez y Camargo, e incluso han publicado detalles de la acusación penal hecha por la FECI en Guatemala aunque el caso está bajo reserva judicial.
Petro, por su parte, repitió lo que ya había hecho antes, la primera vez que el MP de Porras y Curruchiche amagó contra Iván Velásquez, que fue calificar a los fiscales guatemaltecos de corruptos y aliados del crimen organizado en su país. “La fiscalía de Guatemala… obedece al crimen y no a las ciudadanías”, escribió el presidente colombiano el 3 de junio en su cuenta X.
Una exfuncionaria colombiana que estuvo vinculada al gobierno Petro, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, cree que en la operación de los fiscales guatemaltecos hay, sobre todo, una intención de atacar y desprestigiar a la fiscal Camargo por el rol de la fiscalía en el juicio a Uribe.
La fiscal colombiana, por su parte, atribuyó las acciones del MP guatemalteco a un “contraataque sin precedentes” por el combate a estructuras internacionales de “corrupción y crimen organizado” y, acto seguido, recordó que Margaret Satterthwaite, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, había dicho en una visita reciente a Guatemala que “existen preocupaciones respecto de la oficina de la fiscal general (Porras)… por el posible abuso del derecho disciplinario” y por las represalias contra fiscales que investigaron casos de corrupción, crimen organizado o justicia transicional.
Petro prohibió la entrada de Porras y Curruchiche a Colombia, con lo que amplió a 42 el número de países que han vetado el ingreso de los fiscales guatemaltecos por señalamientos de corrupción y de atentar contra la democracia y sus instituciones.
En una entrevista en La W Radio, el periodista colombiano Julio Sánchez Cristo le preguntó a Curruchiche por esos vetos y por todos los señalamientos, hechos entre otros por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El fiscal dijo que lo hacían por venganzas de funcionarios específicos y por su participación en casos que tocaban a “conglomerados” extranjeros que no mencionó.
Sánchez Cristo también pregunto esto, al referirse a todas las acusaciones de corrupción hechas por gobiernos extranjeros: “¿Qué autoridad tiene una persona corrupta para emitir órdenes de captura?”. El fiscal guatemalteco cuestionó la imparcialidad del periodista colombiano.
Sí, dijo Curruchiche que uno de los casos que habían provocado las supuestas venganzas es la investigación que el MP abrió contra la organización benéfica internacional Save The Children, que tiene su sede central en Londres, por supuesta participación en tráfico de menores. Toda esa acusación, según ha corroborado Prensa Comunitaria, está basada en una carta que envió el secretario general del MP, Ángel Pineda, al fiscal general de Texas diciendo que habían recibido denuncias sobre posibles delitos y pidiéndole que investigara. El funcionario tejano nunca abrió expediente y el MP se limitó a expandir, como en el Caso Odebrecht, desinformación a través de redes sociales.
Una ofensiva más grande
En la entrevista con Radio W, Curruchiche pasó por los argumentos en que el MP basa sus acusaciones a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, que se reducen a uno: los colombianos, dice la fiscalía guatemalteca, actuaron de forma ilegal cuando estaban en CICIG al entrevistar a testigos que señalaron a los exfuncionarios guatemaltecos que más se beneficiaron del desfalco cometido en asocio con la constructora brasileña Odebrecht. Es decir, el MP de Guatemala persigue a los exjefes de CICIG, y otras 26 personas relacionadas con la investigación, por buscar elementos de prueba contra los jefes de la corrupción, en especial Alejandro Sinibaldi, el principal implicado.
Con ese argumento, el MP de Porras y Curruchiche la ha emprendido, por ejemplo, contra Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la FECI y uno de los principales referentes en la lucha anticorrupción guatemalteca durante los años en que CICIG estuvo en el país. Sobre Sandoval, quien está exiliado en Estados Unidos desde 2021, pesan ya seis órdenes de captura.
En el programa radial colombiano, cuando ya Curruchiche se había despachado con todos sus argumentos en torno a la trama contra Velásquez y la fiscal Camargo, el entrevistador le avisó que tenía, en la otra línea telefónica, a Sandoval. Curruchiche optó por huir. Colgó el teléfono. Luego volvió a su cuenta X, que es donde suele ser más expresivo, para decir que nada tenía que decir a Sandoval.
Al final, el capítulo se cerró con un veto más de entrada a un país extranjero para Curruchiche y su jefa, con Velásquez y Camargo en los mismos lugares en los que estaban tras la enésima batida del MP guatemalteco y con más promesas de los fiscales guatemaltecos de que junio traerá más arremetidas contra quienes investigaron Odebrecht y llevaron a los tribunales a Sinibaldi y compañía.
El martes 3 de junio habían llegado más pistas de esa ofensiva. En un corto video institucional, colgado en las redes sociales del MP, el fiscal Curruchiche dijo que estaban listas otras 26 órdenes de captura contra funcionarios, exfuncionarios y particulares a los que vinculó con Odebrecht. Margaret Satterthwaite, la relatora especial de Naciones Unidas que viajó a Guatemala recientemente, escribió en su cuenta X el 5 de junio estar “profundamente preocupada” por la existencia de esas 26 órdenes y por la decisión judicial de declarar reserva total en el caso.
En su último video, Curruchiche también aclaró el origen de todo el caso: La Fundación contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruiz; fue él quien puso la denuncia inicial en la que la fiscal Porras y su subalterno han basado todo lo que siguió, incluido el capítulo colombiano. No es la primera vez.
